La milenaria encrucijada legal de la ‘linguae navarrorum’

Ha llovido -y nevado- mucho desde que el rey Sancho el sabio dejara por escrito en un documento legal en el año 1167 que el euskera era la linguae navarrorum, la lengua de los navarros. 852 años después, la hoy Comunidad foral sigue debatiendo el estatus legal de un idioma que, por lo que parece, seguirá siendo objeto de discusión los próximos milenos.

Con una legislatura en el tiempo de descuento y una mayoría parlamentaria condicionada por la crisis de Podemos, resulta claro que los partidos que sustentan el cuatripartito no lograrán cambiar el estatus legal del euskera en Navarra antes de las elecciones de mayo. Después, ya veremos. Y no será porque no lo han intentado: durante los últimos ocho meses una comisión especial del Parlamento de Navarra ha trabajado para impulsar una nueva ley foral del euskera, y ha concluido que “el estatus legal” de esta lengua “debe ser revisado” y que, para ello, “debe darse un proceso de diálogo y acuerdo político”.

Y hasta ahí. Deja esta “responsabilidad” en manos de los grupos parlamentarios, en “la forma y el ritmo que estimen oportuno en este momento de la legislatura”. Además, la posibilidad de extender la oficialidad del euskera a todo el territorio, superando la zonificación en tres áreas, queda pendiente de “una decisión política e institucional”.

Algo que se antoja difícil, pues las propias conclusiones de la comisión se han aprobado con los votos en contra de UPN y PSN, que no participaron en las sesiones de trabajo. El PP no asistió ni a la última siquiera. En definitiva, que el informe dice lo que piensan -o ni eso- los cuatro socios de Gobierno, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Oran Bai e I-E.

Incluyen un voto particular firmado por el PSN en el que se defiende la “vigencia” de los “principios inspiradores” de la ley de 1986. Y más vale, porque tratar de superarlos exigiría no ya una mayoría -que parece imposible- en Navarra, sino en el conjunto de España.

El jarro de agua fría llegó en la primera comparecencia de la comisión en el mes de abril: el vocal del Tribunal Administrativo de Navarra Miguel Izu advirtió de que “no es posible” establecer la oficialidad del euskera en toda Navarra mediante una ley foral, sino que se requiere “inexcusablemente” de una reforma de la Ley Orgánica del Amejoramiento del Fuero de Navarra.

En opinión del jurista “no sería procedente” declarar toda la Comunidad Foral como zona vascófona mediante una reforma de la ley foral del euskera porque “sería un fraude de ley”, al igual que “declarar toda Navarra como zona no vascófona y eliminar la oficialidad del euskera”. Según su opinión, “en cualquiera de estos casos el Tribunal Constitucional declararía a la ley Foral inconstitucional”.

En definitiva, que el Parlamento de Navarra no puede impulsar el euskera en Navarra porque lo tendría que hacer mediante una reforma de la Constitución de 1978. Cosas curiosas de la arquitectura política salida de la transición.

No obstante, Izu dejó claro que, en su opinión, la zonificación lingüística actual es “muy mala”, ya que se hizo “de forma perfectamente arbitraria”. Vamos, que el régimen lingüístico “es manifiestamente mejorable”, tanto en Navarra como en toda España, pero no se puede hacer nada. “Creo que esta legislación está en un estado de desarrollo muy incipiente, la mayor parte de ella se elaboró inmediatamente después de la Constitución”, subrayó, tras destacar que “ha quedado desfasada, sufre muchas carencias y resuelta a veces incoherente con el resto del marco jurídico” actual.

Una ley con tres décadas a sus espaldas

En esa línea, el informe aprobado por la comisión concluye que, transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la ley del Vascuence, “independientemente de la valoración que se pudiera hacer de lo que ha dado la ley foral del euskera, el estatus legal actual del euskera en Navarra y, especialmente la ley, no es adecuado, ha quedado obsoleto y debe ser renovado y adaptado, en una dirección y medida a acordar”, recoge el texto.

En opinión del cuatripartito, la zonificación lingüística que estableció “no responde a la realidad y a la evolución sociolingüística de Navarra”. Y también considera que “cuando se creó no estuvo basada en un criterio científico o sociolingüístico”.

Las cifras de uso del euskera bailan entre el 12,9% que defiende el Gobierno y el 6% o 7% que lo utilizan de modo cotidiano según el estudio publicado por el Klusterra Soziolingüístika VII medición del uso de las lenguas en la calle', presentado en febrero del año pasado en la Universidad Pública del País Vasco y que concluye también que el uso es del 8,8% en Bizkaia, del 31,1% en Gipuzkoa, y del 4,6% en Álava. Respecto a Pamplona, el estudio cifra el uso en un 2,9%.

La comisión especial apela a las nuevas herramientas que, para el fomento de las lenguas minorizadas y la protección de los derechos lingüísticos, se ofrecen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 y el Protocolo de Derechos Lingüísticos de 2017. Y llama a “adecuar las relaciones sociales, institucionales y ciudadanas a los nuevos parámetros derivados de la evolución cultural y del impacto de las TIC”.

En lo relativo a la zonificación lingüística establecida a partir de la ley del Vascuence de 1986, se cuestionan los criterios que la alentaron, “nunca explicados, recogidos y argumentados”, y se subraya que “ni siquiera quienes ejercieron responsabilidades de gobierno en aquella época han sido capaces de aclarar el fundamento científico y técnico” de aquella decisión.

Por eso, en lo tocante a la extensión o no de la oficialidad del euskera a todo el territorio, “cuestión nuclear” de todo este debate, se apunta que, si bien el Parlamento de Navarra “no ha mostrado una conformidad explícita, la mayoría tampoco excluye esa posibilidad”.

En definitiva, que la cosa está mal, pero lo de cambiarla, ni sí ni no sino todo lo contrario. Las mayorías que conformen las urnas en mayo serán clave para ver si se aborda en la próxima legislatura. Mientras tanto, resta fijarse en la última vez que toda Navarra se puso de acuerdo para algo. Fue a finales del siglo XIX, cuando el ministro Germán Gamazo pretendió suprimir el régimen fiscal foral que se había establecido mediante la Ley Paccionada de 1841, por la que Navarra dejó de ser un reino independiente de Castilla. Los navarros montaron una revolución que acabó con el ministro, con su ley y con la estatua de los Fueros erigida delante del palacio de Navarra, en el paseo de Sarasate. En uno de sus lados quedó escrito, en euskera, el siguiente mensaje: Nosotros los vascos de hoy en homenaje y recordando a nuestros antepasados, nos hemos reunido aquí para demostrar que queremos conservar nuestra ley.