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¿Moriré, como mis padres, sin que se haga justicia?

Si la justicia no es justa, ¿para qué sirve la justicia? Y si las instituciones no cumplen lo que aprueban y prometen, ¿qué podemos hacer las familias?

Concentraciones de AMA el 28 de marzo para denunciar la "inseguridad jurídica" de los afectados por derribos

Concentración en el Parlamento para denunciar la "inseguridad jurídica" de los afectados por derribos.

Fue allá por el año 1990, Irene apenas tenía 47 años, y toda la ilusión del mundo por una pequeña vivienda en su pueblo; con muchos esfuerzos, los ahorros de una vida y la ayuda de sus padres dio la entrada e hizo frente a una larga hipoteca de 25 años. Poco a poco fue amueblando su casa, realizó el traslado allí, a ese pueblo donde se sentía segura cerca de los suyos, después de una dura experiencia personal.

Por aquellas fechas, Felipe González iniciaba la tercera legislatura con una mayoría absoluta por un escaño, algo inusitado en la Europa de aquellos tiempos, pero ya con una situación que puede tener ciertas similitudes con la actual. Los casos de corrupción iban apareciendo como margaritas en primavera, saltó el caso Filesa que eran tres empresas fantasmas creadas para financiar ilegalmente al PSOE, muy comparable a la situación del caso Gürtel actualmente pendiente de resolución judicial, pero que la financiación del PP también parece estar detrás del mismo; posteriormente en su última legislatura aparecían y debilitaban la credibilidad en instituciones importantes del Estado, desde el propio Director del Banco de España, la Directora del Boletín Oficial del Estado, el Director General de la Guardia Civil… y Solchaga daba el banderazo al pelotazo con su frase mítica "España es el país europeo donde más fácil hacerse rico", el boom del ladrillo y sus graves consecuencias. Maradona perdía el mundial ante aquella Alemania, donde se decía que “el fútbol es un juego donde participaban 11 jugadores por equipo y siempre ganaba Alemania”. Se producía la invasión de Kuwait por Irak, semilla de la Guerra del Golfo, y en la radio sonaban Azúcar Moreno con su “devórame otra vez” y Juan Guerra y sus 4.40. ¡Qué lejos queda todo esto! En el baúl de los recuerdos.

En esos tiempos, Irene estaba de vacaciones en la playa, cuando por la radio escuchó una noticia que la dejó helada, comentaban que una sentencia había declarado ilegal el edificio en el que ella vivía, no se lo podía creer, era imposible… ¿Cómo iba a ser ilegal su vivienda si ella había comprado con todos los permisos pertinentes? Si ella no tenía ningún problema legal, si nadie la había denunciado, ni había participado en ningún proceso judicial, si ni había podido defender su vivienda, y su legitima propiedad… Por un momento pensó que había entendido mal, que tenía que haber algún error.

Cuando llegó a casa y habló con los vecinos, la confusión era total, unos decían que en el Ayuntamiento les habían asegurado que era un problema administrativo que se solucionaba con un recurso, que estuviesen tranquilos. Otros por el contrario tenían más dudas, decían que una sentencia es una sentencia y no es un tema menor, la realidad es que los argumentos de las instituciones iban tranquilizando a los vecinos, al insistir con el argumento del recurso que, según ellos, daría resultados positivos ya que todo era un mal entendido.

El tiempo fue pasando, e Irene como los demás vecinos fueron volviendo a sus trabajos, cuando parecía que todo iba quedar resuelto; otra vez, por los medios de comunicación, se enteró que el Tribunal Supremo había ratificado la sentencia de derribo de sus viviendas. El miedo se apoderó de ella y salió escopetada con el periódico en la mano donde venía la noticia, lo habló con sus vecinos y con el Ayuntamiento, nadie era capaz de dar una respuesta coherente, los nervios y las lágrimas de algunos saltaban ante la inquietud por una situación que no podían entender, ni creer.

Irene ya tiene 73 años, está jubilada y su estado de salud es preocupante, sus padres fallecieron hace tiempo. Ella nos dice que ya no tiene fuerzas, hace apenas un mes ha recibido un nuevo auto que la vuelve a torturar con el posible derribo de su vivienda.



¿Cómo es posible una situación tan injusta, que te digan que te van a derribar tu vivienda si tú no has hecho nada que sea ilícito, o ilegal?, ¿cómo es posible que me vayan a derribar mi casa, sin tener culpa alguna? El mundo se le cayó encima a Irene, fueron días de reuniones, de nervios y de una infinita pena. Era todos sus ahorros los que había invertido en su vivienda, estaba pagando la hipoteca con su sueldo de cajera, no podía comprender cómo funciona la justicia que manda derribar su vivienda, y a la única que no ha informado en todo el proceso ha sido a la legítima propietaria, a la que tiene los derechos sobre la misma, y no puede ni defenderlos.

A pesar de todo, una realidad monstruosa se imponía, se habla de un derribo inminente, las reuniones con la instituciones fueron subiendo de tono, y las situaciones enconándose. Pero una luz se empezó a abrir cuando alguien le anunció que intentarían buscar una vía de legalización para su vivienda, ya que era una auténtica locura derribar una vivienda para volver a construir en el mismo sitio. Estaba claro, no cabía ninguna duda, así lo decía la propia sentencia: el suelo sobre el que estaba la misma era un suelo urbano consolidado, y se podía volver a construir en el mismo lugar, e incluso algunos hablaban que con el PGOU se podían edificar en ese lugar más viviendas de las que existen actualmente.

Fueron pasando los años, con autos de derribos y recursos de las instituciones; en el año 2005 apareció una asociación de afectados con situaciones similares a la suya, AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), y llevó las injusticias cometidas con estas familias al Parlamento de Cantabria, quien, por unanimidad, instó a las instituciones a pedir perdón a las mismas por el grave daño que les habían producido y sobre todo, a dar una solución en el menor tiempo posible reparando el daño producido a las mismas en su totalidad. También se fue a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, allí se nos manifestó nuestro derecho a la defensa de la propiedad privada, con la máxima que los ciudadanos no puedan ser condenados por actos que han realizado las Administraciones Públicas, porque éstas están para solucionar sus problemas no para creárselos. Por último, ante el Congreso y Senado, donde con la participación de AMA, AUAN, SOHA. CALU, FAUN y por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, se aprobaron dos artículos el 319.3 del C.P. y el 108.3 de la LJCA , ambos buscando proteger al tercero de buena fe ante los ilícitos de las Administraciones Públicas y otros.

Ahora que se derriban las viviendas del Alto del Cuco, a personas como Irene, el miedo les vuelve a sus vidas, ven la destrucción de las viviendas, pero nunca ven realizadas todas las promesas, las leyes por las cuales tantas veces nos han dicho que las viviendas se iban a regularizar, esas nunca llegan. Van a derribar mi vivienda para construir otra en el mismo sitio, para otro propietario. Si existe el artículo 105.2 de LJCA que permite acabar con estos problemas, ¿por qué no se aplica?
Irene nos decía: "Si la justicia no es justa, ¿para qué sirve la justicia?". "Si las instituciones no cumplen lo que aprueban y prometen, ¿qué podemos hacer las familias?"

Irene ya tiene 73 años, está jubilada y su estado de salud es preocupante, sus padres fallecieron hace tiempo. Ella nos dice que ya no tiene fuerzas, hace apenas un mes ha recibido un nuevo auto que la vuelve a torturar con el posible derribo de su vivienda. Casi no sale de su casa, como mucho nos acompaña a algunas reuniones de la Asociación, y siempre nos hace unas preguntas que no sabemos responderle, el pasado sábado me decía: "¿Por qué nos hacen este daño? ¿Por qué no nos dan una solución?, ¿Me moriré, como mis padres, sin que se haga justicia?


Antonio Vilela Fernández
Presidente de AMA - Asociación de Maltratados por las Administraciones

Presidente de CAJU - Coordinadora Nacional de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo

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