Euskadi destina cuatro de cada diez viviendas protegidas a los jóvenes

Cuatro de cada diez viviendas de protección oficial construidas por el Gobierno vasco serán para jóvenes menores de 36 años de edad. Es una de las novedosas medidas recogidas en el nuevo decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Ejecutivo de Vitoria. Además se establecerán otro tipo de cupos  para favorecer la cohesión social y la “mezcolanza”. La idea es que “cada comunidad de vecinos en alquiler protegido sea una fotografía de la sociedad vasca, sin que se propicien áreas segregadas”, ha resaltado el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en la presentación del decreto.

Lo cierto es que la vivienda libre en Euskadi no está al alcance de la juventud menor de 35 años. Teniendo en cuenta el sueldo medio de la juventud asalariada y el precio de las viviendas, una persona joven debería dedicar más de la mitad de su salario al pago de la hipoteca y casi el 70 % en el caso del alquiler si quisiera emanciparse en solitario.

Además del 40 % de las viviendas destinadas a los jóvenes, en el decreto se incluye otro 40 % para los ciudadanos con menos recursos que hayan acreditado ya el derecho subjetivo que les asiste. Otro 10 % se destinará a colectivos de especial necesidad. El 10 % restante será un cupo general. Cuando las viviendas de un cupo queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, pasarán a formar parte del cupo general.

También se han modificado algunos de los baremos de renta para acceder a una VPO. Así, para el alquiler de viviendas en régimen general se incrementa el límite inferior de renta anual, que pasa de 3.000 a 9.000 euros y el superior se mantiene sin cambios (39.000).  Para la compra de pisos de régimen general también se amplia el límite inferior (pasa de 9.000 a 12.000) y el superior no tiene cambios (39.000). Para la compra y alquiler de las viviendas tasadas autonómicas la renta mínima llega a los 15.000 euros (12.000 hasta ahora) y la máxima a 50.000, sin variaciones.

Por otro lado, el decreto permite la adjudicación de alojamientos dotacionales a personas mayores de 70 años, aunque ya sean titulares de una vivienda, si incorporan esta al programa de vivienda vacía Bizigune. Y se crea un Fondo Especial para el Fomento de la Accesibilidad específico para mayores de 65 años y personas con discapacidad que tengan escasos ingresos o dificultades de acceso a financiación, destinado a facilitar la ejecución de obras de accesibilidad. Se podrá sufragar con el fondo hasta el 100 % de la rehabilitación en accesibilidad no cubierta por el resto de subvenciones públicas destinadas a este fin. El porcentaje concreto estará en función de la renta anual y del número de miembros de la unidad convivencial.