La Fiscalía da un giro en el 'caso Ibarzaharra' y pide el archivo de la causa contra dos exaltos cargos del PNV
La Fiscalía ha dado un giro inesperado en el 'caso Ibarzaharra' y de imputar inicialmente a dos exaltos cargos del PNV por fraude y malversación de fondos públicos ha pasado a solicitar el archivo de la causa porque duramnte la investigación judicial no ha quedado suficientemente acreditado que ambos no prestasen servicios a la sociedad pública Ibarzaharra. A pesar de esta decisión de la Fiscalía de Bizkaia, será el juzgado de Instrucción número dos de Barakaldo el que tenga la última palabra.
El 'caso Ibarzaharra' guarda relación con Juan Cruz Nieves (exdiputado foral de Bizkaia) e Iñigo Camino (exasesor del presidente del PNV, Andoni Ortuzar). Los dos ex altos cargos del PNV cobraron casi 300.000 euros de una empresa pública sin ir a trabajar, según la Inspección de Trabajo de Bizkaia. En enero se inició la investigación judicial por parte del juzgado de instrucción número dos de Barakaldo, al que acudieron como imputados por la Fiscalía de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación por figurar como adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra (dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao) entre 2008 y 2013, pero sin que acudieran a su puesto de trabajo. Según la Inspección de Trabajo, “ha quedado acreditado el carácter simulado de la relación laboral” y su “carácter fraudulento”. A pesar de ello, han cobrado salarios por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo, señala el contundente informe de la Inspección elaborado el pasado año.
El acta, que figura en las diligencias de la investigación del juzgado de instrucción número dos de Barakaldo, relata que “pese a la ausencia de actividad laboral”, tanto Camino como Nieves cobraron incluso incentivos por casi 22.000 euros (7.800 y 14.000 respectivamente).
La Fiscalía se apoyó en un principio en este acta de la Fiscalía para abrir el caso, pero ahora ha solicitado el archivo. “Las diligencias practicadas”, asegura la Fiscalía en el escrito en el que solicita cerrar la causa, “no han acreditado con la nitidez que exige el procedimiento penal que nos encontremos ante la designación de dos personas para el desempeño de un puesto en una sociedad públoica a sabiendas de que es un cargo vacío de contenido yen el que dichas personas van a cobrar sin prestar servicio alguno a la mercantil o que se les mantuvo con el mismo finb a sabiendas de dichas circunstancias”.
Según el ministerio fiscal, las declaraciones de testigos durante las diligencias previas han permitido constatar que “no queda suficientemente acreditada ni una ausencia total de prestación de servicios ni que el menor o inexistente contenido de los servicios se deba a una voluntad de procurar un beneficio a una persona a costa de fondos públicos, sino a la coyuntura de la propia sociedad”.
“A Iñigo Camino no le visto el pelo”, llegó a declarar el que fue gerente de la sociedad pública Ibarzaharra mientras Camino fue su gerente. “Me lo presentaron una vez en la oficina y no puedo acreditar actividad alguna por parte del señor Camino”, resaltó ante el inspector. El desconocimiento llega al punto de que el gerente no conoce “ni el objeto del contrato ni la actividad de Camino. Tan solo conocí su contratación”. A pesar de la contundencia de esta declaración, ratificada por las secretarias de la sociedad durante la fase de declaración de tetsigos, la Fiscalía entiende que en estos momentos proicede el archivo de la causa.
