Más de 50.000 personas avalan con su firma la ILP contra la pobreza presentada por la Carta de Derechos Sociales

Según ha informado ELA, esta ILP plantea la necesidad de modificar la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Ley 3/2005 de Vivienda para incluir, entre otras medidas, bajar la edad exigida para acceder a la RGI de 23 a 18 años, y extenderla también para las personas menores de 18 en situación de necesidad especial.

También se demanda bajar la exigencia de empadronamiento de tres a un año; el reconocimiento de todas y cada una de las unidades de convivencia en un mismo hogar; el derecho a la RGI para cada una de las unidades de convivencia sin limitar su número por residir en un mismo hogar; y el incremento de la cuantía de la RGI que sirva también para complementar las pensiones bajas y los salarios bajos tomando como referencia el SMI.

Hacer de las Ayudas de Emergencia Social (AES) un derecho subjetivo para que su concesión no dependa de las posibilidades presupuestarias, sino de las necesidades a las que debe responder. Garantizar el derecho efectivo a una vivienda en alquiler social sin que pueda sustituirse por una prestación económica.

ELA ha subrayado que una iniciativa legislativa popular es “un instrumento que trata de dar cauce a la participación social y ciudadana”. Por ello, ha indicado el sindicato, la Carta exige a los grupos parlamentarios que “acepten a trámite la ILP y entren al debate de los contenidos de la misma”.

“Desde un punto de vista democrático sería inaceptable que se echase a la papelera un trabajo social avalado por 51.000 personas”, ha advertido ELA, que ha anunciado su intención de abrir una ronda con los distintos grupos parlamentarios para tratar todos los temas recogidos en la ILP.