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Dos cargos de Seguridad se enfrentan a la devolución de 2 millones de euros por las dietas de la Ertzaintza

El Tribunal de Cuentas señala para el 23 de marzo el juicio contra las directoras Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino, señaladas como posibles responsables del pago irregular de gastos de viaje y comida a los mandos de la Ertzaintza

La denuncia la elevó el sindicato Sipe y el Gobierno vasco no ejerce como acusación, sino que defiende la correcta gestión de las dos colaboradoras de Estefanía Beltrán de Heredia

Sindicalistas de la Ertzaintza, con caretas de Estefanía Beltrán de Heredia, en una protesta

Protesta de miembros de Sipe con caretas de Beltrán de Heredia EFE

El próximo 23 de marzo el Tribunal de Cuentas del Estado celebrará un juicio contra dos altos cargos del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino, como presuntas responsables contables de las irregularidades en el pago de dietas de locomoción y manutención en la Ertzaintza, indemnizaciones que percibían principalmente los mandos de la Policía vasca. La vista, inicialmente prevista para esta misma semana, se ha retrasado hasta por problemas de agenda de la consejera-juez. Aunque este procedimiento se ha desarrollado de una manera mucho más discreta que la causa penal abierta por este mismo motivo, la magistrada del Tribunal de Cuentas encargada del expediente ha realizado ya una primera cuantificación del quebranto al dinero público que ha podido suponer el abono de estas dietas: 2 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas del Estado no es sólo un órgano auditor, sino que dispone de una sección de enjuiciamiento que permite la recuperación del dinero público en caso de que se constante una responsabilidad contable, una irregularidad administrativa. Estos “procedimientos de reintegro”, como se denominan, son cada vez más habituales y en Euskadi han afectado ya, con distinto final, al polémico alquiler de Alfonso Alonso y Javier Maroto con el empresario Gonzalo Antón (‘caso San Antonio’), al ‘alcalde’ de Aretxabaleta que vació la cuenta del pequeño concejo de Vitoria, a la Universidad del País Vasco, al Bilbao Basket, a la ampliación del puerto de Pasaia o a la incineradora de Gipuzkoa.

La polémica en torno a las dietas de la Ertzaintza fue denunciada en el Tribunal de Cuentas por el sindicato Sipe, que no es mayoritario en el cuerpo pero que ya años atrás obtuvo victorias en los tribunales como la anulación de las cuotas que primaban a las mujeres frente a los hombres en las OPE de acceso a Arkaute. La central también elevó el caso a un juzgado de lo contencioso-administrativo, pero la juez lo trasladó a la vía penal al entender que las irregularidades económicas en torno a las dietas podrían ser un delito. Ya ha declarado en calidad de investigada la directora de Recursos Humanos de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, Miren Karmele Arias, si bien la Comisión de Ética del Gobierno vasco ha dictaminado que no ha de cesar en su puesto salvo que la imputación llegue a juicio.

Según el Sipe, el pago de dietas de locomoción y comida a los mandos de la Ertzaintza ha supuesto para este colectivo un privilegio, un sobresueldo. Entiende, igualmente, que ha sido fiscalmente opaco. El Tribunal de Cuentas, según explica el sindicato, analiza únicamente los pagos de 2012 y 2013 y podría obligar a las dos altos cargos procesadas a devolver de su bolsillo el total abonado en esos dos ejercicios en concepto de dietas, unos 2 millones de euros. Se trata tanto de kilometrajes abonados a agentes con coche oficial asignado o dietas de comidas de 24 euros sin justificación, apunta la central.

El Gobierno vasco fue invitado por el Tribunal de Cuentas a personarse como perjudicado y a unirse al sindicato en la reclamación del reintegro de los 2 millones de euros. Sin embargo, los servicios jurídicos autonómicos no ejercerán como acusación y sí como defensa de Camino y Arias. Portavoces del Departamento de Seguridad han explicado a eldiarionorte.es que su estrategia de defensa se fundamentará en que ambas se limitaron a aplicar una normativa sobre dietas aprobada en 2011 por otro equipo, en este caso el del consejero socialista Rodolfo Ares. Subrayan también que aquel decreto de indemnizaciones fue avalado por la mayoría sindical que entonces conformaban Erne, Esan y Euspel. Entienden, por lo tanto, que las acusaciones son totalmente infundadas.

Un auténtico terremoto interno

Este asunto ha generado un verdadero terremoto interno en la institución. El Gobierno, de alguna manera, reconoció los fallos del sistema de “indemnizaciones por razón de servicio” al haber regularizado con Hacienda 1,57 millones en concepto de IRPF no pagado por esas dietas durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y al haber modificado el sistema de pagos de 2015 en adelante. En una comparecencia extraordinaria en el Parlamento Vasco por este motivo, Beltrán de Heredia manifestó que "ya se han adoptado medidas correctoras en la aplicación de las dietas", especialmente después de una contundente auditoría interna de la Oficina de Control Económico del Gobierno.

 

Entretanto, los afectados, la cúpula policial, se sienten víctimas de un atropello que han llegado a calificar de “ensañamiento”. Defienden que la “individualización” de los 1,57 millones de euros ha supuesto para algunos funcionarios de muy alto rango el pago de facturas de 3.000 euros o más por dietas que, remarcan, no son sobresueldos sino gastos en los que han incurrido por sus funciones de representación. Estos mandos se han organizado y plantean incluso una dimisión generalizada si no se logra un acuerdo.

En este escenario, el Departamento de Seguridad ha planteado ya una subida salarial de 3.336 euros anuales para los mandos mediante un nuevo “complemento de jefatura”, que se configuraría como una compensación económica. El borrador del decreto que modifica el convenio de la Ertzaintza ya está preparado e incluso se ha incorporado una disposición adicional en la ley de presupuestos de 2017 para darle cobertura legal. Esta decisión, sin embargo, a quienes ha soliviantado es a los sindicatos de ertzainas, que recuerdan que la subida salarial para el conjunto de los funcionarios autonómicos se limita en esos mismos presupuestos al 1%.

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