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El 'caso De Miguel' converge en Zambrana con el 3% catalán

El mayor juicio de corrupción en Euskadi se detiene en su "trama catalana", vinculada a los promotores del plan urbanístico de Zambrana

Este semana ha declarado la mano derecha en el Ayuntamiento de Barcelona de Antoni Vives, de Convergència, citado por la Audiencia Nacional

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Guallart, en segundo plano, con el exalcalde de Barcelona Xavier Trias

Guallart, en segundo plano, con el exalcalde de Barcelona Xavier Trias AJUNTAMENT DE BARCELONA

El conocido arquitecto valenciano pero afincado en Barcelona Vicente Guallart pasó el pasado lunes por el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi que se inició en enero en la Audiencia Provincial de Álava y que acabará en octubre si se cumplen las previsiones. Guallart estaba citado como testigo al haber sido director técnico del Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC) que participó como asesor en el fallido macroproyecto urbanístico en la pequeña Zambrana, al sur de Álava, impulsado políticamente por el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, mientras ingresaba de los promotores importantes sumas de dinero. El interrogatorio del fiscal, Josu Izaguirre, puso de manifiesto que el trabajo del IAAC, por el que ingresó unos 400.000 euros, no pasaba de 1.500. Guallart, que intercaló conceptos técnicos en inglés en sus explicaciones, se sintió ofendido: "Tan malo no seré cuando fui jefe de Arquitectura de Barcelona". 

En efecto, en 2011 Guallart dejó el IAAC -una entidad impulsada por arquitectos y constructores barceloneses para participar en proyectos a nivel local y a nivel mundial- y se sumó al equipo de su amigo Antoni Vives, concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Xavier Trias (Convergència). Vives, según establece un auto de la Audiencia Nacional de 25 de mayo, deberá comparecer esta semana como investigado en el caso del 3% que salpica a la formación nacionalista catalana, ya condenada por corrupción en el reciente 'caso Palau'.

¿Quién es Vives? Protagonista desde hace años de crónicas periodísticas en Barcelona por su gestión del Urbanismo en Barcelona, la Audiencia Nacional lo sitúa como una pieza clave en la financiación irregular del partido ahora llamado PDeCat. Además de su cargo en el Ayuntamiento en la legislatura 2011-2015, este dirigente convergente fue también vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona. 

'Donaciones' a Convergència

La investigación ha concluido indiciariamente que Vives, que fue detenido el pasado año y quedó en libertad con cargos, "ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante 'donaciones' a Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 'donaciones' al partido. A tales efectos mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía seguidamente en los indicados procesos".

La Audiencia Nacional, a continuación, enumera una larga lista de contrataciones, tanto en el Puerto de Barcelona -con similitudes, por cierto, con el  caso conocido en Pasaia y que ahora ha quedado archivado- como en el Ayuntamiento de la capital catalana. En concreto, son ocho las adjudicaciones bajo sospecha de que se manipularon para recaudar comisiones.

Las facturas al IAAC de Guallart forman parte del paquete de facturas que salieron de los promotores de la recalificación de 120 hectáreas en Zambrana y que, según la Fiscalía, supusieron un enriquicimiento ilícito para un reducido número de personas dentro de un proyecto valorado en 65 millones de euros. El juicio del 'caso De Miguel', que se inició en enero y acabará en octubre, está detenido estas semanas en la compleja red de intereses que se tejió en torno a este plan.

El proyecto de polígono industrial en esa zona colindante con Burgos se gestó en 2004 con una primera propuesta reducida que la arquitecta municipal planteó a la entonces alcaldesa, María Justina Angulo (PNV). Pero la aparición, aparentemente a propuesta del partido, de De Miguel y su decisión de situar a Arruti - un desconocido militante 'jeltzale' que según se ha conocido en el juicio compraba y alquilaba terrenos para el PNV- derivó en un macroproyecto que sobrepasaba claramente en tamaño el casco urbano del pueblo.

La misión de Arruti, al que sus interlocutores consideraban abogado a pesar de no haber completado la licenciatura, era captar inversores y el primer interesado fue el navarro-aragonés Martín Balda Goñi, de Capiresgo. Pactó con la empresa de Arruti, Sidepur, el abono por supuestos trabajos de asesoramiento por valor de 278.000 euros. Sin embargo, no hubo rastro directo de esa transacción porque utilizaron como "depositario" al Ayuntamiento. La secretaria municipal explicó en el juicio que sobre su mesa aparecieron los dos cheques por esa cantidad.

130.000 euros para De Miguel en 24 horas

Pero el proyecto no satisfizo a las partes y Arruti 'fichó' para Zambrana a Construcciones Riera. El 29 de septiembre de 2005, la empresa catalana de Francesc Fernández Joval y Plàcid Casas pactó con Arruti unos honorarios de 3 millones de euros por su asesoramiento. A las 24 horas, De Miguel tenía 130.000 euros más en las cuentas de la mercantil que compartía con los también dirigentes nacionalistas Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Así las cosas, poco le importó a Arruti devolver el dinero a Balda Goñi, de nuevo Ayuntamiento mediante. No hubo liquidación ni descuento por los trabajos aparentemente prestados por Sidepur: los 278.000 euros se devolvieron íntegros.

El acuerdo con Riera fue el inicio de lo que en el juicio en la Audiencia Provincial de Álava, dividido en 12 bloques, se ha venido en denominar la "trama catalana" del 'caso De Miguel'. Para gestionar la recalificación, Riera impulsó la filial Riera Urbanizer, en la que Fernández Joval y Casas retuvieron el 32% pero dieron entrada a inversores externos. Ochandiano y Tellería tuvieron un papel protagonista en la creación de esta mercantil instrumental y De Miguel tenía toda la información en su poder.

Riera entró en concurso de acreedores y otro de los socios tuvo que tomar las riendas de Riera Urbanizer. Fue Nicolás Guerrero Gilabert, otro empresario catalán.  Declaró el miércoles durante varias horas en Vitoria y detalló que los pagos al IAAC -donde Guallart era socio de Fernández Joval-, a Sidepur y a  los propios gestores de Riera estaban injustificados. No dejó margen para la duda:  "Hay una serie de engaños sucesivos. A las personas que habíamos depositado la confianza [en Construcciones Riera] nos han robado. Nos han robado directamente [...]. Cuando tuvimos conocimiento de esta investigación [  en marzo de 2010 fue detenido De Miguel ] tuvimos la conciencia de que este proyecto estaba manchado, estaba sucio". 

Un exalcalde y exdiputado de CiU, en el banquillo

En el banquillo de los acusados del 'caso De Miguel' no sólo hay excargos del PNV. En la última fila se sienta Ramón Tomàs i Riba, uno de los cuatro empresarios catalanes imputados por los movimientos económicos en torno a la operación urbanística de Zambrana y a las empresas del intermediario que Alfredo de Miguel situó para impulsar el proyecto, Iosu Arruti. Tomàs i Riba, cualificado militante de Unió Democràtica de Catalunya, fue en la década de 1990 diputado en el Parlament y alcalde de Igualada por la extinta coalición CiU. A pesar de su imputación judicial -y a diferencia de los acusados del PNV-, Tomàs i Riba se ha mantenido activo en el tramo final de la existencia de CiU y de Unió como destacado impulsor del sector independentista crítico con la gestión de Josep Antoni Duran i Lleida. Tomàs, según declaró en la fase de investigación, conoció a Arruti en Zambrana cuando representaba a una empresa irlandesa potencialmente interesada en la instalación de una planta de ciclo combinado en el polígono industrial de 120 hectáreas que se proyectaba. Los irlandeses no se presentaron pero Tomàs le indicó a Arruti que unos socios suyos en Catalunya, Construcciones Riera, podrían estar pensando en expandirse en el País Vasco. La mercantil de Tomàs, Latent Capacities, abonó a Arruti 82.500 euros, como también Riera pactó pagarle 3 millones. En ambos casos se trató de contratos por supuestos asesoramientos urbanísticos prestados en Zambrana por Arruti a través de Sidepur. La Fiscalía sostiene que eran pagos simulados o presuntas comisiones porque no se corresponden con trabajos efectivamente realizados. El empresario catalán Nicolás Guerrero, que ha declarado esta semana como testigo y que fue socio de alguno de los imputados, ha destacado que Sidepur no tenía ni medios ni equipo humana para realizar esas tareas y repitió que los pagos no se correspondieron con nada real.

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