¿El 75% de las habitaciones serán individuales? Claves para comprender la nueva regulación de las residencias vascas

Ya son más de 20.000 los vascos que viven en las más de trescientas residencias de ancianos existentes. La sociedad vasca —de las más envejecidas del mundo— afronta los retos devenidos de la mayor esperanza de vida y menor natalidad, que obligan a tomar medidas. Recientemente se ha aprobado un nuevo decreto de residencias que regulará el funcionamiento, las ratios de personal y la distribución interna de todos los centros, tanto públicos como privados. Sin embargo, diferentes agentes del sector lo critican por diversos motivos.

Las reivindicaciones arrancaron en septiembre de 2016, cuando las trabajadoras de las residencias de Bizkaia se lanzaron a la huelga, para protestar por las precarias condiciones laborales que las asfixiaban. La huelga terminó al cabo de 370 días, con la firma de un preacuerdo de convenio con las patronales del sector. Este verano llegó el turno de las trabajadoras guipuzcoanas, con unas exigencias muy similares: mejora de las ratios para poder cuidar a unos ancianos que se merecen dignidad. En Álava ha habido también protestas, aunque menos contundentes.

Tras una espera que los familiares consideran “demasiado larga”, se ha aprobado un nuevo decreto de residencias de mayores. Ander Rodríguez, exdiputado de Política Social en Gipuzkoa con EH Bildu, opina que “el demonio está en los detalles”. Señala, por ejemplo, que hay una cláusula —la que deja exentos de cumplir los requisitos materiales a las residencias en funcionamiento o que ya están en fase de estudio— sin precedentes en el sector. En lo relativo a los requisitos de personal, las ratios no solo no mejorarán, sino que en algunos casos empeorarán lo que ya se tenía, “regularizando la precariedad”. eldiario.es analiza las claves de esta nueva regulación y los fallos que se le achacan.

1. El problema de las ratios

El de las ratios es uno de los principales problemas que acucian a estos servicios y su aumento se viene reclamando —tanto por parte de las trabajadoras como de los familiares— desde que en 2017 arrancara la huelga en Bizkaia. “Se van a incrementar algo las ratios de personal, pero no tanto como se viene diciendo”, asegura Rodríguez, en relación a ciertas informaciones publicadas en los días siguientes a la aprobación del decreto. Cuestiona, además, la fórmula con la que se calculan, que es la que se empleó en 1998: en vez de en minutos, se basa en jornadas laborales. “No tiene ni pies ni cabeza hacerlo así. En muchos casos, la regulación es ahora mucho menos exigente”, señala. Y apunta al hecho de que en Gipuzkoa, con una jornada de 35 horas, los requisitos van a ser menores que los de Bizkaia y Araba. Todo ello, por la manera en la que se establecen.

Asegura Rodríguez que los servicios mínimos en caso de huelga dictados por la Consejería de Trabajo son “muy superiores” a los que recoge el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en este nuevo decreto. “No se va a garantizar un mayor bienestar de las personas residentes como dice la consejera Beatriz Artolazabal. En muchos casos, la atención directa prevista en el nuevo decreto es inferior a la aprobada hace 20 años”, lamenta.

Existen informes internos preceptivos que llaman la atención sobre la falta de estudios concretos sobre las ratios. Uno de la asesoría jurídica de la Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales reza así: “[Existe] la necesidad de contar con un fundamento técnico (expresado en los correspondientes estudios técnicos) que permita analizar la razonabilidad de las concretas opciones que recoge el proyecto [por el decreto, cuando aún no había sido aprobado], y que resultan necesarios a fin de evaluar el contenido de la norma”. Rodríguez asegura que estos informes resultan “demoledores” para el texto que finalmente se ha aprobado, y le sorprende que en ningún momento se solicitara estudio alguno.

2. Ámbito de aplicación de los requisitos materiales

Se afirmó que hasta el 75% de las plazas de las residencias serían individuales. Una parte importante del problema reside en la aplicación de los requisitos materiales. Por una de las disposiciones transitorias del decreto, las entidades titulares de centros residenciales ya en funcionamiento “dispondrán de un plazo de 2 años para cumplir lo dispuesto en esta norma a excepción de los requisitos materiales”.

Esto es, los requisitos materiales no se habrán de cumplir ni en las residencias ya en funcionamiento ni tampoco en las que ya están en fase de estudio, tan solo en los centros futuros. “No hay muchos precedentes de una cláusula como esta”, señala Rodríguez, y se resigna: “La red nunca va a llegar a estar en buenas condiciones en lo material”.

3. “Regularización de la precariedad”

En relación a los requisitos materiales, Rodríguez también señala que este nuevo decreto va a regularizar la situación de varios centros que ni siquiera cumplían los exigidos por la regulación de 1998. Es el caso de unas cuantas residencias del territorio histórico de Álava. “El País Vasco va a pasar de tener el sector público más fuerte a tener el servicio privatizado”, alerta.

4. Los familiares, “decepcionados y tristes”

Juani Céspedes preside el colectivo Babestu, que agrupa a los familiares de las personas usuarias de las residencias, y se muestra “decepcionada y triste” ante la publicación de este nuevo decreto. Hace dos años, reunida con este periódico, se mostraba ya dolida con la situación en la que se encontraban. “Vemos que lo que quieren es hacer daño a las trabajadoras y no se percatan de que los que están pagando las consecuencias son nuestros familiares”, dijo en aquel entonces. Ahora, en cuanto al decreto, cree que todo se haya hecho de manera “silenciosa”. “Aun así, lo veíamos venir. Parece que se están riendo de nosotros”, lamenta.

El principal problema, subraya Céspedes, es “el tema del personal, que no cambia nada”. “Necesitamos —explica— más personal, más gerocultoras. Están muy saturadas, explotadas y con muchas bajas. Nuestros familiares no pueden estar bien atendidos”. Y hace especial hincapié —como ya hicieron en su momento las trabajadoras en huelga de las residencias de Gipuzkoa— en las noches: “El personal de noche es muy escaso y, además, tienen que estar a otras cosas”.

“Prima el negocio por encima de todo”, asegura. “Hay buenas palabras, pero luego no se plasman en la realidad. Habría que invertir en calidad. Que se trate a los ancianos con dignidad y cariño. Que haya más médicos. Que la comida no sea toda congelada. Todos vamos a pasar por ahí. Ahora, por ellos y después, por nosotros”, explica.

Insta a las instituciones a trabajar más por los mayores. “Tienen que ponerse en serio y escuchar a sindicatos, familiares... Pedimos atención, y para ello hacen falta cuidadoras”. Aboga, además, por quitar la concertación a aquellas empresas que no cumplan con los mínimos. Aun así, no ve un futuro muy esperanzador. “Es lo que hay, y no parece que vaya a haber nada mejor”, se resigna.