365 días con la libertad estrechada

“Cualquier vecino o vecina pasará a ser sospechosa si el agente de turno considera que puede llegar a cometer un delito sin necesidad de que lo haya cometido”. Con esta contundencia se manifiesta uztailak1dejulio, un colectivo que defiende la supresión de unas leyes, la de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal, que coartan la libertad de la ciudadanía tanto que son conocidas como leyes mordaza: “Las estamos llamando así porque son unas leyes que atacan especialmente a la libertad de expresión, buscando dificultar cuando no impedir, el ejercicio del derecho a la protesta”.

Tal y como señalan desde este grupo, “durante los últimos años hemos asistido a una pérdida sistemática de derechos: derechos laborales, derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda… que ha generado un aumento de la movilización ciudadana”. Esa situación ha conllevado un mayor número de protestas en las calles y, a raíz de esta situación, denuncian que “el 1 de julio de 2015 entraron en vigor dos de las leyes mordaza: la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Ambas forman parte de un paquete más amplio de medidas dirigidas a quitarnos libertades, castigar la protesta y las situaciones de pobreza y precariedad”

De hecho, indican que son una leyes que “incrementan el poder de la policía, permitiéndole ser quien decide si las acciones que observa son castigables y cuál es el castigo que deben recibir, casi sin control judicial”.

4.000 denuncias en Euskadi

Según los colectivos contrarios a la aplicación de estas leyes, son casi 4.000 las multas interpuestas por las diferentes policías en Euskadi durante los 12 primeros meses de su aplicación. De entre ellas, 392 son por desórdenes públicos; 47 por obstaculizar la labor de los cargos públicos; 476 por desordenes públicos y, finalmente, otras 572 multas son por insultos a la autoridad. Todas estas multas no las ha puesto ningún juez, señalan desde uztailak1dejulio, sino que ha sido la propia policía la que las impuesto por la autoridad que para ello le da la Ley Mordaza.

Uno de los afectados es Olaitz Laparra, miembro de la Plataforma contra la criminalización social y que, según su testimonio, fue multado por recriminara un ertzaina la forma en la que arrestaba a un ciudadano subsahariano. “Me encontraba en mi coche, en el barrio de San Francisco de Bilbao. Unos agentes de la Ertzaintza arrestaron a un subsahariano, le esposaron y le golpearon. Entonces le llamé la atención a uno de los agentes y le pregunté si era necesario tratarlo así. A partir de ese momento me tuvieron una hora retenido y la cuestión se ha saldado con una multa de 100 euros por falta de respeto a la autoridad”, detalla.

Denuncias a periodistas

En estos doce meses, también la prensa ha padecido un estrechamiento en su libertad de movimientos. Con el texto legal en la mano, ningún ciudadano incluidos los periodistas puede grabar una actuación policial aunque se produzca en vía pública. Al calor de este texto, al menos en dos ocasiones dos redactores de la revista Argia han sido denunciados.

El primero fue Axier Lopez, en marzo de este año, a quien la subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa sancionó con 601 euros de multa. A López se le acusa de difundir a través de su cuenta de Twitter fotografías hechas durante una operación policial “sin autorización”. Las imágenes en cuestión reflejan el momento en el que Naroa Ariznabarreta es detenida en la localidad de Eibar (Gipuzkoa) el 3 de marzo. El medio aseguró que no pagaría la multa.

El segundo incidente se produjo hace unos días cuando, en versión de la revista Argia,  la Ertzaintza agredió e impidió el trabajo de su redactor Gorka Bereziartua durante la actuación que la Policía vasca realizó para disolver al colectivo Gipuzkoa Zutik en San Sebastián. Según la publicación, un agente trató de quitarle el móvil y después lo tiró al suelo a pesar de que Bereziartua insistió en que era periodista.

Antes estos incidentes, los colectivos profesionales de periodistas del País Vasco han mostrado su disconformidad y han exigido que no se aplique la conocida como Ley Mordaza en Euskadi.

Poco útil para el fiscal y el Parlamento vasco la rechaza

Precisamente, voces institucionales también se han levantado en contra de una forma más o menos explícita. De hecho, el propio fiscal superior, Juan Calparsoro, ha señalado que estas leyes han recibido “profundas críticas de expertos” y “habrá que ver cómo se aplican y qué recorrido tienen”. Calparsoro cree que la criminología “demuestra que resulta un error pensar que con elevar las penas o aumentar los tipos penales se va a solucionar los problemas de delincuencia o seguridad pública”. En su opinión, eso puede “caer” en el “llamado Derecho penal simbólico”, que “proclama disposiciones que puedan calmar a una parte de la sociedad, pero que luego resultan inaplicables”. Su postura es que “se consiguen mejores resultados con más y mejores planes de prevención, y mejorando la eficacia de los cuerpos policiales y de la justicia”.

Como reflejo de un rechazo social e institucional mayoritario, el propio Parlamento vasco votó hace una semana una resolución en la que rechaza la ley y se compromete a denunciar “públicamente” su aplicación y “adopta el compromiso de que no se aplique” en Euskadi. La iniciativa contó con el respaldo de todos los grupo menos el Partido Popular.