Stop Desahucios denuncia que Kutxabank hace “oídos sordos” a los intentos de renegociación de dos hipotecas
Dos familias de la localidad costera de Hondarribia se han concentrado hoy frente a la sucursal de Kutxabank del municipio, arropados por los colectivos de Stop Desahucios Hondarribia y Stop Desahucios Irun, para pedir a la entidad bancaria que “deje de hacer oídos sordos” frente a sus peticiones de renegociación de hipoteca ante sus dificultades para hacer frente a la deuda.
Ambos casos, “deudores de buena fe”, dejaron de poder afrontar el pago de sus prestamos cuando “afectados por la situación económico social cayeron en desgracia”, dice Bibi Liras desde el colectivo de Stop Desahucios Bidasoa. Hasta entonces, pagaban habitualmente su cuota y “cuando vieron que no podían seguir haciendo frente al gasto, acudieron a la entidad para buscar soluciones”.
Los afectados llevan desde los meses de marzo y mayo esperando una contestación por parte de Kutxabank para poder renegociar las condiciones “y vivir más aliviados”, dice Liras y estas familias se ven ahora obligadas a recurrir a ayudas y comedores sociales “para poder pagar algo de sus préstamos”. Mientras siguen sin poder llegar a fin de mes, los intereses continúan subiendo, “y ya han alcanzado un 17%” dice la responsable del colectivo que denuncia además que esta subida “abusiva” es “ilegal” ya que desde Bruselas “aseguran que deberían ascender como mucho al 12%”.
Con las familias a la espera y sin noticias de la entidad, “nos han puesto excusas de muy poco peso para esta falta de comunicación”, dice Liras, entre ellas “que tenían mal sus teléfonos, o que los emails que les enviaban les eran rebotados de vuelta. Les remiten ahora a la sede central de la entidad en la calle Garibay donostiarra, mientras Kutxabank se acoge ”cerrada en banda“ al contrato hipotecario que firmaron en su día. Como afirman desde el colectivo ”ellos ni mucho menos se niegan a pagar, sino que buscan mejorar las condiciones ampliando los años de plazo o mediante cualquier otra solución que les permita afrontar el pago y vivir en condiciones dignas“.
