PNV y PSE acuerdan unos mínimos para luchar contra la precariedad en el empleo subcontratado
La ponencia parlamentaria que tramita la Iniciativa Legislativa Popular para garantizar unas condiciones laborales dignas en las subcontratas de la administración pública ha dado sus primeros resultados tras dos años de trabajo y comparecencias varias.
PNV y PSE han encontrado un principio de acuerdo que permite salvar los “obstáculos jurídicos”, que a su juicio, les impedían avanzar en la materia porque Euskadi no tiene competencia exclusiva para legislar sobre contratación pública, concesiones administrativas y expropiación forzosa. Desde las filas del PSE han insistido en varias ocasiones, sobre todo tras escuchar los reproches de los sindicatos, que no se trataba solo de una cuestión de voluntad política sino que eran otros los impedimentos a los que tenían que hacer frente para no invadir competencias de la regulación estatal. Tras la última sesión de la ponencia de la Cámara vasca parece que han dado con una solución para esquivar el escollo. Dicen haber acordado un “marco general” que permitirá introducir determinadas cláusulas sociales en los pliegos administrativos de cada contratación. Esas disposiciones no se delimitan ni precisan en el texto sino que se establecerán en función de lo que cada contrato requiera. “Se da autonomía a los órganos de contratación para que puedan profundizar en la naturaleza de las contrataciones y establecer unas cláusulas más específicas” han resaltado desde el PNV.
En los procedimientos de contratación los licitadores estarán obligados a indicar el Convenio Colectivo que será de aplicación, que deberá ser respetado a lo largo de toda la ejecución del contrato. En lo referente a la subrogación, “las Administraciones deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación. Además, deberá incorporarse la advertencia de que esa contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de trabajo de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad objeto del contrato quedando el nuevo empresario subrogado”, ha detallado el parlamentario jeltzale Norberto Aldaiturriaga.
La norma incluirá también, según aseguran desde el grupo nacionalista, un régimen sancionador por incumplimientos que puede ir desde la imposición de multas, la prohibición de contratar de los empresarios o la extinción del contrato.
Ese es el principio de acuerdo que dará pie a desarrollar, ya en comisión porque la ponencia se da por zanjada, el texto completo de la ley.
Aún quedan también otras discrepancias por resolver, por ejemplo, en materia de transparencia, que se debatirán en esta segunda fase junto al otras enmiendas, las presentadas por EH Bildu (PP y UPyD no han presentado). Pero la coalición no confía en absoluto en que sus expectativas se vean cumplidas. “Se han impuesto las tesis del PNV, que desde el principio se mostró contrario a esta propuesta. Lo que no entendemos es la actitud del PSE que finalmente se ha plegado cuando sus enmiendas iban en otra dirección”, ha lamentado Belen Arrondo.
EH Bildu: “En la práctica, lo aprobado, no sirve para nada”
Mientras que desde los grupos del PNV y PSE se muestran satisfechos con el avance logrado, dado el estrecho margen de maniobra que les permite la regulación estatal, la parlamentaria de EH Bildu se ha mostrado decepcionada.
Para la coalición el texto consensuado entre jeltzales y socialistas es un arreglo “descafeinado” que poco tiene que ver con el contenido original de la iniciativa legislativa popular que originó el debate parlamentario. “No se cumplen los objetivos que se contemplaban y que podían garantizar esa mejora en las condiciones laborales dignas de los trabajadores de las subcontratas. Nada queda contemplado en relación a la subrogación de los trabajadores en las mismas condiciones laborales ni de la exigencia de la aplicación de los convenios sectoriales porque tan solo se pedirá a las empresas que indiquen a qué convenio se acogerán. Es decir, a efectos prácticos el texto acordado no sirve para nada”, ha asegurado Arrondo, que aspiraba a lograr un desenlace similar a la Ley aprobada por la comunidad navarra.
Desde el grupo parlamentario socialista insisten en que el marco legal navarro, diferente al vasco a estos niveles, sí permitía tal acuerdo. “Nos movemos dentro de los que se puede desarrollar dadas nuestras competencias”, han reiterado.
ELA: “Gran noticia para las empresas piratas que esclavizan”
La Iniciativa Legislativa Popular llegó al Parlamento con el respaldo de más de 110.000 firmas. ELA fue el sindicato que impulsó el texto, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura. la organización sindical ha criticado duramente el documento consensuado. “Boicotea los temas centrales de esta ILP, como son la subrogación y la aplicación de los Convenios Colectivos de referencia. No hay ningún avance, no hay nada positivo, ni en la estabilidad del empleo ni en las condiciones del mismo”.
Han manifestado su rechazo “más absoluto” al acuerdo que a su juicio queda prueba que “cuando el Gobierno vasco habla de su preocupación por las condiciones laborales de las personas, no es más que un eslogan, no es más que retórica. Teniendo la posibilidad y las competencias para ello han rechazado utilizar la ILP presentada por ELA para poner coto a los desmanes y a la codicia patronal. El resultado es una gran noticia para las empresas piratas que pretenden seguir esclavizando a las personas trabajadoras de las subcontratas”.
