Dos años de las oposiciones médicas en la Sanidad vasca con la investigación judicial en el aire

El 1 de junio de 2018 Pedro Sánchez era elegido presidente tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero ese mismo día, en Euskadi, se conocieron las primeras denuncias de la existencia de filtraciones en los exámenes de las oposiciones de variadas especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que se habían iniciado en mayo y que todavía se tenían que seguir desarrollando en junio. En Cardiología, Anestesia y Angiología primero pero luego en Digestivo, Traumatología, Neurocirugía y otras categorías se repetía un patrón: exámenes muy difíciles, nota media baja y algunos aspirantes con pruebas perfectas, habitualmente colegas del autor de las preguntas. El asunto está ahora en los tribunales y la juez de Vitoria, Ana Jesús Zulueta, que apenas ha practicado diligencias de investigación, tendría un plazo máximo para concluir las pesquisas hasta septiembre, aunque el calendario quedará reajustado a buen seguro por el parón en los plazos del poder judicial por el estado de alarma.

Según fuentes judiciales, la Fiscalía General del Estado ha planteado que a partir del 4 de junio -momento en que se reactivan los plazos detenidos por la pandemia- se reinicien todos los expedientes, es decir, que se pongan a cero los 18 meses de este tipo de causas complejas. Ello daría margen para desbrozar lo ocurrido en la OPE de Osakidetza hasta diciembre de 2021. Otra visión más pegada a los intereses de los investigados sostiene que lo que habría que añadir simplemente serían los tres meses de parón a la fecha límite inicial, lo que dejaría esta causa en diciembre de 2020. 

Son cinco de los imputados hasta la fecha, tres lo fueron en 2019 por la juez Yolanda Varona -primera instructora-, los autores de las pruebas de Anestesia (César Augusto Valero), de Digestivo (José Luis Cabriada) y de Angiología (María Reyes Vega). Los dos últimos aún no han prestado declaración y son José Antonio Elexpuru y Eduvigis Álvarez, de las especialidades de Neurocirugía y Neurofisiología, respectivamente. Estas comparecencias -previstas para el 9 de junio- serán las primeras que se realicen desde que Zulueta asumió la investigación en el verano del pasado año y después de que la primera citación fuese tumbada por los abogados defensores. Aunque formalmente hay más exámenes investigados, singularmente los de Cardiología, donde hay pruebas muy contundentes -hubo tantos 'dieces' como plazas en juego- y dos testigos denunciantes, los doctores Ángel Loma Osorio e Izaskun Obieta, que eran miembros del tribunal y conocedores de las irregularidades, nada se ha avanzado en este terreno.

Ni siquiera se han revisado todos los exámenes. Un miembro del de Traumatología advirtió de que, cuando corrigió las pruebas, algunos le parecían “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección. Osakidetza realizó un envío de las categorías de Anestesia, Digestivo y Angiología, pero no todo el material fue incorporado al sumario. Y eso que en los pocos ejemplares que sí han pasado a poder del juzgado -publicados por este periódico- se aprecian indicios de irregularidades. Es el caso de algunos ejercicios que se corrigen como perfectos aunque contengan errores de bulto. O patrones de respuesta idénticos en cuanto a estructuras de redacción o al orden. 

Además de la Fiscalía, en el proceso están personados los sindicatos ESK -al que pertenecen tres anestesistas del hospital del Alto Deba que denunciaron los hechos- y de LAB. Ambas centrales verbalizan lo que, en privado, muchos sanitarios conocen: que la práctica de las filtraciones es sistemática y que se remonta a convocatorias anteriores. “Es 'vox populi' que las oposiciones de especialidades médicas sufren filtraciones siempre desde hace años”, ha llegado a explicar la cardióloga Izaskun Obieta. Ella compareció en la investigación interna abierta por Osakidetza, que no entregó al juzgado el contenido íntegro de ésta y otras declaraciones, sino un resumen que no apreciaba indicios de irregularidades. Y contó una anécdota de cuando ella era opositora. Una compañera le dijo: “Para no tener el examen, lo has hecho muy bien”.

Esa colega era la cardióloga Nekane Murga. En marzo de 2019, la doctora relevó al consejero de Salud, Jon Darpón. En cuestión de meses, Darpón pasó de retar a la oposición y a la prensa a presentar pruebas de las acusaciones -“esto no es Venezuela, hay que probar las acusaciones”- a dimitir sepultado por esta crisis. Ahora es alto directivo de una empresa privada del sector sanitario, Keralty, liderada por un millonario cercano al PNV (Joseba Grajales) y en la que trabaja otro exconsejero nacionalista, Jon Azua. Cayeron también la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. De ellos, sólo Múgica ha sido llamada a declarar y en calidad de testigo. En su caso, se valió de la ayuda de agentes de la Ertzaintza para evitar a los medios de comunicación.

A preguntas de este periódico sobre el aniversario de la OPE, la consejera Murga, dedicada estos meses en cuerpo y alma a la gestión de la pandemia de COVID-19, se ha limitado a responder que el asunto “está en manos de la Justicia” y que “es la Justicia la que debe dilucidar estos aspectos”. En estos años, el Departamento de Salud ha introducido cautelas para futuras convocatorias para corregir la mecánica de realización de los exámenes al tiempo que nunca ha reconocido la existencia de filtraciones.