El Departamento de Salud recibe a la Plataforma de afectados por la Hepatitis C
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Bizkaia se reúne este jueves con responsables del Departamento de Salud. Ha pasado un mes escaso desde que se constituyeron en asociación y ya han logrado un encuentro. No les recibe el consejero Jon Darpón pero sí lo hará el coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Daniel Zulaica. Desde Osakidetza han solicitado a la plataforma de Bizkaia que acuda a la reunión una representación más amplia, no solo de la provincia vizcaína, así que estarán presentes afectados por esta enfermedad residentes en Araba y Gipuzkoa.
Los convocantes no han aclarado los puntos a tratar en la primera reunión que mantienen con este colectivo. Desde la plataforma han manifestado que es muy larga la batería de preguntas que pondrán sobre la mesa. Esperan salir del Gobierno vasco con datos exactos sobre el número de enfermos graves que van a ser tratados con los medicamentos de última generación. “Conocemos los datos que han ofrecido a la prensa sobre los tratamientos iniciados estos primeros meses pero queremos saber cómo va a evolucionar la administración de fármacos durante el resto del año. No se pueden relajar. Hay gente muy grave”, han declarado portavoces del colectivo.
El Consejero de Salud Jon Darpón aseguró en su última una entrevista radiofónica que en este mes de enero ha habido alrededor de 120 pacientes nuevos tratados con los medicamentos de la Hepatitis C y que semanalmente van entrando nuevos fármacos aunque sin especificar cuántos se han tratado con las nuevas terapias de alto porcentaje de curación como el Sovaldi.
Un centenar de afectados por hepatitis C, familiares y amigos se concentraron hace un mes en Bilbao para exigir que se les administre un nuevo fármaco contra esta enfermedad. Para muchos pacientes “mañana ya es tarde”, advirtieron entonces los portavoces de la plataforma.“No sabemos dónde está el bloqueo. En Euskadi solo se está administrando a casos muy, muy graves y puntuales”, denunciaron. Su objetivo es que la sanidad pública garantice su “derecho a la vida” a través de la administración del fármaco Sovaldi, al que se le atribuye una eficacia superior al 90%. El coste económico asciende a 60.000 euros por persona.
