La batalla por la gobernabilidad andaluza

La política andaluza vuelve a enfrentarse este domingo a una paradoja que ya anticipaban las encuestas: un electorado cada vez más escorado hacia la derecha en términos de bloques, pero con enormes incertidumbres sobre la gobernabilidad. Andalucía, que durante casi cuatro décadas —entre 1982 y 2019— fue el gran bastión institucional del PSOE en España, puede consolidar ahora un cambio estructural: la hegemonía de una nueva mayoría conservadora que ronda el 60% del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el debate de fondo no es solo cuánto gana la derecha, sino quién manda dentro de ella. Y ahí reside la gran incógnita de estas elecciones.

Juanma Moreno ha construido toda su estrategia alrededor de esa idea. “Lío o mayoría absoluta”, ha repetido durante semanas. El lema resume perfectamente una apuesta política basada en la presidencialización absoluta de la candidatura, la desideologización del mensaje y la apelación emocional a la estabilidad. El líder andaluz ha querido convertir las elecciones en un plebiscito sobre su figura más que sobre el PP. Hasta el punto de que el cierre de campaña lo protagoniza prácticamente en solitario en Málaga, mientras Alberto Núñez Feijóo participa en otro acto distinto en Almería y apenas han coincidido durante la campaña.

El planteamiento del PP ha sido claro: mucha gestión, poca propuesta; mucha moderación estética y baja confrontación ideológica. El objetivo es ampliar el voto útil conservador y absorber a sectores moderados incómodos con la polarización nacional. Pero precisamente por eso el resultado de Vox será decisivo políticamente, aunque no necesariamente en escaños.

Porque estas elecciones funcionan también como un plebiscito sobre el momento político que atraviesa la extrema derecha española. Tras meses de crisis internas y desgaste derivado de su alineamiento internacional con Trump, el partido de Abascal afronta una prueba de resistencia. Si consigue impedir la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, Vox podrá interpretar el resultado como un éxito político: volvería a situarse como árbitro imprescindible de la gobernabilidad andaluza.

Y eso tendría una enorme carga simbólica. No conviene olvidar que fue precisamente Andalucía, en 2018, el primer territorio donde el PP utilizó a la extrema derecha para acceder al poder institucional en España. Aquella investidura inauguró una nueva etapa política cuyos efectos todavía estructuran el sistema de partidos español.

Por eso, una dependencia de Vox pondría en cuestión la llamada “vía andaluza” que Moreno Bonilla ha intentado vender durante toda la legislatura. Porque Abascal ya ha dejado claro que la “prioridad nacional” no se negocia. Y porque revelaría también las dificultades del PP de Feijóo para establecer límites políticos reales a Vox.

Mientras tanto, la izquierda llega fragmentada y con dificultades para territorializar la campaña. Las tres candidaturas progresistas han intentado centrar el debate en el deterioro de los servicios públicos, pero el PSOE vuelve a comprobar los límites de una fórmula ya ensayada en otros comicios: convertir a ministras de perfil estatal en candidatas autonómicas.

María Jesús Montero posee notoriedad nacional, pero menos arraigo político que Moreno Bonilla. Y eso importa en unas elecciones donde la cercanía al territorio pesa mucho más que la proyección mediática. Especialmente en una comunidad donde la izquierda ya demostró sus dificultades para movilizar a su electorado en autonómicas: en 2022 el PSOE obtuvo 887.000 votos, pero apenas un año después Pedro Sánchez alcanzó 1,46 millones en las generales. Más de 560.000 votantes progresistas que sí acudieron a una cita nacional, pero no a las urnas andaluzas.

A la izquierda del PSOE, el escenario también deja varias lecturas políticas. Adelante Andalucía puede convertirse en una de las sorpresas de la noche e incluso adelantar a Por Andalucía, impulsada por el perfil de José Ignacio García y por un discurso muy apoyado en el andalucismo político. Pero tampoco hay que infravalorar a la coalición de Antonio Maíllo, que mantiene una importante implantación territorial gracias al peso municipal de IU, con presencia en 57 alcaldías andaluzas.

En realidad, ambas candidaturas intentan ocupar un mismo espacio: el de un electorado progresista decepcionado con el PSOE y que busca perfiles más vinculados “a la tierra” frente a candidatos percibidos como excesivamente dependientes de Madrid. Además, las dos formaciones serán decisivas en la pelea por los llamados “restos” electorales, fundamentales para disputar escaños en provincias medias y, potencialmente, dificultar la mayoría absoluta del PP.

La participación será otra de las claves decisivas. Andalucía arrastra históricamente un problema de movilización en autonómicas: en 2018 y 2022 apenas votaron el 56% y el 58% de los electores, casi diez puntos menos que en unas generales. Además, PP y Vox llegan con electorados más fidelizados, mientras la izquierda depende mucho más de activar votantes indecisos y desmovilizados.

Y quizá ahí resida el fondo político de estas elecciones. No tanto en confirmar una tendencia ya conocida —una Andalucía más conservadora y más fragmentada— como en comprobar si Moreno Bonilla puede seguir sosteniendo la idea de una derecha autónoma y moderada o si, como apuntan las encuestas, volverá a necesitar a Vox para garantizar la gobernabilidad. Porque, de ocurrir eso, la extrema derecha demostraría de nuevo que sigue teniendo capacidad para fijar el precio político de las mayorías en España.