La Corona y el coronavirus

Coinciden en el tiempo la crisis de la Corona, en la persona del rey emérito, y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ambas crisis de consecuencias sistémicas, aunque el primer caso nos afecte casi exclusivamente a nosotros los españoles, pero sus efectos vayan más allá de nuestras fronteras. En la del coronavirus, sin embargo, nos encontramos ante uno de los peligros más letales para la humanidad, por su capacidad disruptiva sobre la salud pública y la economía globales. Aparentemente, estaríamos entonces ante una coincidencia sin mayor relación que el azar o si acaso una excusa para el tópico sobre la picaresca y la incompetencia españolas, tan del gusto de independentistas y frugales. Sin embargo, y no solo especulativamente, la coincidencia puede dar también dar pie también a la relación y a la causalidad. Es verdad que el origen no puede ser más dispar: La una es una zoonosis convertida primero en infección respiratoria de transmisión humana y luego en pandemia. La otra comienza con la instrumentalización de la institución de la Jefatura del Estado y su ejercicio de representación como medio para el tráfico de influencias, hasta dar lugar hoy a una acusación firme de enriquecimiento ilícito y corrupción.

Sin embargo, coincide en ambas, que haya sido la ESPECULACIÓN, bien en el lejano de Wuhan o en la institución de nuestra jefatura del Estado, la que ha desencadenado los procesos. La una, en la explotación del territorio y la alimentación y la otra a partir de las relaciones políticas entre Estados a los intereses económicos de sus empresas. En un principio fue la MINUSVALORACIÓN de las amenazas conocidas y posibles: la de la corrupción de un lado, y la del virus infeccioso de otro, que han sido finalmente letales. Porque, en los dos casos la crisis, aunque no lo quisiéramos creer (como el cisne negro) se veía venir y finalmente ha estallado como consecuencia de la COMPLACENCIA: con la monarquía primero y también con la sanidad pública como símbolo del cambio democrático uno y más tarde de su modernización como Estado social en el caso de la sanidad. Asimismo, fue por exceso de CONFIANZA en la resiliencia de ambas instituciones: bien por el legado de legitimidad de la Transición de la institución monárquica o con el prestigio y alto nivel de calidad reconocida de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, al final nos hemos dado cuenta de que la legitimidad de la monarquía era más débil que lo que anunciaban las encuestas de valoración personal, incluso institucional (ahora casualmente interrumpidas). En el caso de la sanidad, aunque muy bien considerada pero colapsada por la pandemia, que la debilidad de la salud pública podría ser su talón de Aquiles.

Aunque, en definitiva, lo que han fallado en la respuesta de la democracia a ambas crisis, han sido sus contrapesos y frenos de emergencia: la inexistencia, la carencia o la debilidad de los CONTROLES, las alertas y la exigencia de responsabilidades.

Todo empezó con la complacencia y el exceso de confianza con la institución monárquica, una vez superada la desconfianza por su origen como Restauración heredada para la continuidad del viejo régimen, con la base de su legitimación democrática en el compromiso con la oposición al franquismo para la ruptura y la transición democrática. Sin embargo, su contradictoria legitimidad de origen y de ejercicio se puso pronto de manifiesto en el llamado borboneo que dio alas a los golpistas, a pesar de su rectificación final, en el fracasado golpe de Estado del 23F. A partir de entonces se desarrolla como razón de Estado la operación de maquillaje del juancarlismo con la protección de las instituciones democráticas incluidos los medios de comunicación.

El principio constitucional de 'el rey reina pero no gobierna' quedó reducido a la representación de España, pero de nuevo fue negado en la política exterior, en particular en relación privilegiada con América Latina y con las monarquías árabes, en su doble faceta política de principal embajador y gran conseguidor. Tampoco aquí funcionaron las alertas y los controles democráticos, muy al contrario, se reforzó el espeso silencio de los sucesivos gobiernos y de los medios de comunicación y la cortina de humo de la prensa rosa.

Es precisamente ahí donde ha vuelto el borboneo, está vez con la colusión con la oligarquía económica y la instrumentalización de las relaciones exteriores como fondo de comercio personal y familiar, del que emerge el caso Urdangarin, pero que, con dignas excepciones, es de nuevo una luz de emergencia desatendida por unos y otros. Lejos de la pregonada regeneración se recurre a la estrategia de cortafuegos, en principio exitosa, para aislar al señalado como advenedizo, evitando la condena de la infanta y con ello la crisis de la casa real y de la monarquía.

Pero el daño ya estaba hecho. La recesión económica y la corrupción provocan la desafección y la indignación ciudadana obligando a soltar el lastre del rey emérito con su abdicación, para proteger in extremis la institución de la jefatura del Estado.

Hoy, ya no basta la estrategia de cortafuegos de la casa real ante los juicios en Suiza y en España al rey emérito y las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Con independencia de la instrucción penal, el juicio público al rey emérito ha adelantado ya la condena social y el problema ahora es la transmisión del virus de la desconfianza a la legitimidad de ejercicio de la actual jefatura del Estado y a la monarquía como forma de Estado. El último recurso ha sido el blindaje del rey Felipe IV por parte del gobierno mediante el distanciamiento físico y financiero con el emérito, la gira social de la pareja real y la propuesta de reforma de la inviolabilidad del jefe del Estado. Por otro lado, la defensa numantina y la patrimonialización por parte de la derecha como único garante de la estabilidad y la unidad nacional, más que fortalecerlo lo debilita.

En otro plano, los antecedentes de la salud pública en España, son su marginación recluida en la asistencia pública domiciliaria del franquismo. Más adelante, y a pesar del importante papel en la Transición, sobre todo en los gobiernos municipales de izquierdas en materias como la planificación familiar, la salud mental, las adicciones.. enseguida vuelve a caer en el olvido, primero en la ley general de sanidad y sobre todo en su absorción y disolución con la transferencia de la asistencia sanitaria a las CCAA.

Desde entonces la INERCIA ASISTENCIAL transforma la sanidad española en un modelo farmacológico, hipertecnológico y hospitalario casi universal y de calidad. Entre la autosatisfacción de la izquierda con la sanidad pública, el nicho de negocio de las derechas, los intereses de farmacéuticas y tecnológicas y la COMPLACENCIA y el exceso de confianza de todos.

Las sucesivas pandemias y crisis de salud pública, como las vacas locas, la gripe A o el Ébola, no han provocado ninguna ALERTA sobre las carencias del modelo, si acaso alguna medida puntual. Solo se aprueba veinticinco años después la ley de salud pública, que con la excusa de la crisis es boicoteada y todavía hoy está pendiente de desarrollo.

Entre tanto, también prima el SILENCIO en los partidos mayoritarios y en los medios de comunicación sanitarios y generalistas sobre las graves carencias en salud pública, tanto autonómicas como centrales. Incluso en las movilizaciones y mareas sanitarias, centradas en la denuncia de los recortes y privatizaciones de la asistencia sanitaria.

En definitiva, de nuevo la debilidad de los CONTROLES, de las alertas y finalmente de los frenos de emergencia, también en salud pública.

Llegados a este punto, solo queda por saber si de nuevo recurriremos al tradicional parcheo frente a ambos virus o de una vez por todas nos plantearemos un cambio de fondo que recupere la credibilidad de nuestras instituciones. Nada menos que de nuestro Estado social y democrático de derecho.

En salud pública no será suficiente como respuesta con poner en marcha las guindas de la Agencia de Salud Pública y del plan de pandemias. Es imprescindible en primer lugar el desarrollo de la ley de salud pública, pero ante todo su integración en el conjunto de la sanidad pública como servicio de inteligencia del sistema y de su necesaria reorientación preventiva, comunitaria y sociosanitaria. Por el bien de nuestra salud.

Tampoco bastará con el manido recurso a los cortafuegos para proteger al actual monarca. A estas alturas de la transmisión del virus, ni siquiera vale un Estatuto que dé transparencia al patrimonio de la casa real o que incluso restrinja la inviolabilidad a la función estrictamente política de jefe del estado. La quiebra de la credibilidad ha afectado tan profundamente al principio de legitimidad de la institución, que requerirá a buen seguro un pronunciamiento del pueblo español sobre la forma de Estado. Por el bien de nuestra democracia.