El fin del efectivo en el ámbito público y privado

La digitalización del dinero y la transición a una sociedad en la que el efectivo desempeña un papel cada vez menor en nuestra vida ha tenido lugar de manera paulatina pero constante desde mediados de siglo. Empezando a finales del siglo XX con la difusión de las tarjetas de crédito, hasta poder realizar transferencias instantáneas por dispositivos móviles a través de las diversas apps de instituciones bancarias y financieras, un proceso acelerado por la pandemia de COVID-19. 

Durante la fase más dura de la primera ola, diversos medios de transporte urbano y establecimientos dejaron de aceptar pagos en metálico por precaución. La inseguridad consecuencia de las aglomeraciones acrecentó las transferencias móviles y redujo la  asistencia física a oficinas e hizo aumentar las compras semanales por internet. En Italia, las transacciones online de los usuarios del Banco BPM -tercero del país- aumentaron hasta un 65%, a pesar de que no es de los países más avanzados en el ámbito de la digitalización del dinero. 

Las regiones que han experimentado un mayor crecimiento en términos proporcionales de pagos virtuales fueron Asia y los países emergentes, mientras que en Occidente la  evolución ha sido más lenta aunque el capital es mayor (World Payment Reports, 2019) 

Pero, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la adopción en masa del dinero digital tanto en entidades bancarias privadas como en los organismos públicos? 

A priori, las entidades bancarias son las más beneficiadas por el crecimiento del dinero digital y sus efectos, destacando un aumento de las reservas ya que al verse reducido el efectivo en circulación, el capital y el volumen de negocio aumentan. Junto a ello destacamos el desarrollo de las app móviles, que han permitido la realización de gestiones sencillas por parte del usuario, que muestran una tendencia no solo a acelerar las gestiones  del día a día, sino a trasplantar los modelos de negocio a un entorno completamente digital. Un buen ejemplo de estas tendencias es Suecia, donde de 2010 a 2016, los pagos en efectivo en comercios minoristas pasaron del 40 al 15% del total según el Banco Central de Suecia. Además, el 60% de la población del país escandinavo tiene Swish, una aplicación que permite hacer pagos instantáneos vinculando teléfono móvil a cuentas bancarias, siguiendo la misma lógica que Bizum en el caso español. 

Si estas empresas consiguen integrar sus propias aplicaciones con otras de trading y operaciones financieras, el potencial multiplicador en la economía puede suponer una auténtica transformación en el modelo de negocio, dándoles una posición privilegiada en una economía cada vez menos física con todas las oportunidades de negocio que eso conlleva. Por ello, es previsible ver un recorte de costes parejo a la accesibilidad de las herramientas de gestión en línea, resultando en el cierre de sucursales bancarias y cajeros en aquellos entornos donde los márgenes de beneficio sean estrechos. En Estados Unidos,  Boston Consulting estima que hasta un 30% de las sucursales bancarias americanas podrían no reabrir, proceso que se acentuaría en zonas rurales por la baja rentabilidad de coste humano en relación a la población. 

Entre los factores negativos resalta la exposición a ciberataques de diverso tipo e intensidad. Sin embargo, estos son asuntos técnicos en la mayoría de los casos que podrán resolverse paulatinamente gracias a la inversión en ciberseguridad y unificación de los distintos software en la red de una empresa, ya que hoy en día están demasiado fragmentados, facilitando la búsqueda de puntos débiles que explotar. 

Esta evolución casi en su totalidad favorable para el sector privado no se traduce en una  experiencia similar a la hora de analizar el sector público, en especial las áreas de Hacienda  y lucha contra el blanqueo de capitales. Lo más obvio sería pensar que la digitalización disminuiría el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, acompañado de una mayor facilidad  para analizar patrones de consumo gracias a la sofisticación de las herramientas de rastreo, favoreciendo la recopilación de datos orientados hacia políticas sociales y de consumo. 

Pero no sería acertado suponer que de esta manera se podría neutralizar la totalidad de los delitos asociados con el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. La velocidad de las transacciones online dificulta la capacidad de actuar contra infractores, lo que por falta de recursos se traduce en una preferencia por multas y sanciones económicas frente al coste  en términos financieros y tiempo de un proceso judicial. El medio más usado para el blanqueo de dinero es la conocida moneda virtual Bitcoin, cuyo mayor espacio de  intercambio virtual, Mt Gox -ya extinto- llegó a procesar a inicios de la década de 2010 un 80% de los cambios de Bitcoin a divisas cobrando una comisión de apenas el 0,65% del total sin control sobre la procedencia, legítima o no, del capital. 

Así pues, es necesaria la puesta en marcha de nuevas lógicas de pensamiento que acepten las nuevas normas del juego, como que el ciberespacio es un “lugar” que necesita de leyes propias. A su vez, se hace precisa la creación de nuevas agencias de inteligencia con  competencias claras sobre estos dominios, a fin de evitar choques de competencias que  consuman el limitado tiempo de actuación disponible. 

Estos esfuerzos han de expandirse a otros ámbitos con una fuerte correlación entre capital e información sensible del usuario tales como la salud, con el fin de evitar posibles discriminaciones, especialmente en aquellos países donde el sistema de salud público no sea público y universal. Junto a ello deben reforzarse las leyes de protección al consumidor, al hacerse el ahorro fuera de estas instituciones más complicado para el ciudadano medio. 

Por ello, para adaptarnos al futuro hemos de aceptar que una menor presencia del dinero físico es una tendencia irreversible, al tiempo que no se debe asumir que resultará tanto en una panacea que solucionará los problemas relacionados con el blanqueo de capitales, como quizá, en una puerta a la distopía de la cibervigilancia. La adopción de políticas que garanticen la transparencia de las transacciones, un uso rápido y preciso de las  herramientas jurídicas y el dejar de ver esta evolución de los acontecimientos como una  desventaja en vez de una puerta a nuevas oportunidades será clave a la hora de alcanzar este objetivo