Una lucha digna e imprescindible

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE -con datos económicos de 2018- nos presenta una realidad agridulce. Una realidad en la que las tasas de riesgo de pobreza mejoran para todos los grupos de edad, con una excepción: las personas menores de 18 años, donde la pobreza sube hasta el 27,4% desde el 26,8% del año anterior. Estos resultados nos advierten del enorme reto que enfrentamos en la lucha contra la pobreza infantil. La pobreza en niños, niñas y adolescentes obedece a dinámicas particulares que requieren medidas y acciones específicas y que durante décadas fueron ignoradas o minusvaloradas en nuestro país.

La persistencia en España de esta realidad desigual evidencia un déficit estructural en políticas de redistribución y de protección hacia la infancia. La crisis de 2008 rompió las costuras por donde eran más débiles y vimos cómo la pobreza se disparaba muy especialmente entre los niños y niñas y entre los hogares con hijos –especialmente los monomarentales-, que siguen siendo los sectores de la población más afectados por la falta de recursos.

Ante esta cruda realidad, desde el principio de su mandato, el presidente Pedro Sánchez marcó, de forma inédita en nuestro país, la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad de su Gobierno. A finales del año pasado pusimos en marcha una alianza país contra la pobreza infantil uniendo a las administraciones públicas, el sector privado y el tercer sector para impulsar de forma coordinada las transformaciones estructurales y coyunturales necesarias para dejar atrás la pobreza infantil que nos indigna como nación. Por ello, quiero resaltar como alto comisionado las importantes y ambiciosas medidas de protección social que se han puesto en marcha en esta legislatura.

Instalados en una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha implementado medidas de protección destinadas a los hogares más vulnerables. Estos hogares han sido objeto de especial atención con el ingreso mínimo vital, una medida ambiciosa de protección para más de dos millones de personas y que podría sacar de la pobreza a dos de cada tres niños y niñas que viven en pobreza muy alta. En la misma línea se han adoptado medidas para proteger a los hogares de los desahucios, se ha asegurado la alimentación de la infancia más vulnerable durante el cierre escolar por la pandemia con 25 millones de euros y se ha hecho un esfuerzo extraordinario para paliar la brecha digital buscando la igualdad de oportunidades en la actividad escolar.

Aún nos queda mucho camino por recorrer, es cierto. Romper el círculo de la pobreza infantil es una tarea larga y que requiere de la acción conjunta de todos los actores sociales y económicos, públicos y privados. Este es precisamente el trabajo que el presidente del Gobierno ha encargado al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil: la responsabilidad de saldar la deuda histórica que nuestro país mantenía con su infancia más vulnerable. 

La Encuesta de Condiciones de Vida nos acaba de entregar malas noticias, pero esto no es más que nuestro punto de partida, el lugar desde dónde debemos empezar a construir una sociedad digna a la altura del reto que supone mejorar las oportunidades para nuestra infancia. Nuestro deber ahora es trabajar, como sociedad, para conseguir reducir la pobreza y la desigualdad, y ofrecer los recursos suficientes para que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país puedan crecer sanos, seguros, felices y con las mejores oportunidades de desarrollo que podamos ofrecer, independientemente de las condiciones de su nacimiento. En esta lucha imprescindible nos va el bienestar de nuestra sociedad y nuestra dignidad como país.