Las macrogranjas no son ganadería, son industria low-cost

La polémica sobre las macrogranjas y su posterior manipulación ha demostrado que la derecha española no tiene ningún límite a la hora de tergiversar y confundir. Mientras tanto, el PSOE no tiene ningún problema en seguirle el juego en un ejercicio de incongruencia dañino para el propio Gobierno español. Es un capítulo más del ambiente político virulento e irracional que vive el país, atizado por bulos mediáticos que disfrutan en el barro de la mentira. Al menos ha tenido un efecto positivo: que se hable, una vez más, de las macrogranjas.

Porque de las macrogranjas se había hablado ya, y mucho. Y se había conseguido una práctica unanimidad: muy pocos —excepto las empresas propietarias— las defendían, porque todos sabemos que son un problema ambiental, territorial y social muy grave, y un modelo incompatible con la sostenibilidad, la seguridad sanitaria y el bienestar animal. Ese “todos” incluye también a partidos que ahora alimentan un macrobochorno tan burdo como estéril por puro electoralismo. No hay más que echar un vistazo a sus cuentas de Twitter para comprobarlo (por mucho que se hayan apresurado a eliminar mensajes) o a las votaciones realizadas en instituciones en contra de este modelo ganadero contaminante e insostenible.

Uno de los foros donde se ha hablado de las macrogranjas y sus peligros es el Parlamento Europeo. Con el apoyo de Los Verdes Europeos, nuestra oficina parlamentaria organizó allí en 2018 un evento sobre el problema, en el que participaron representantes de muchas de las partes implicadas: ganaderos, habitantes de pueblos afectados, grupos ecologistas, etc. Una de las primeras conclusiones fue que, en efecto, no hay una definición clara de “macrogranja”. En este acto, el servicio de estudios del Parlamento Europeo propuso, con la profesionalidad y el rigor que le caracteriza, un método sencillamente cuantificable: la densidad de animales en el territorio, y propuso además una denominación más clarificadora. Cuando la densidad de cabezas de ganado es muy alta, entonces ya no se trataba de una granja, ni macro, ni micro, sino de “factory farming”. 

Y eso es otra cosa, no tiene nada que ver con una granja, ni siquiera con la ganadería. El “factory farming” debería traducirse al castellano como lo que es: “producción industrial de carne”. Si empezamos a llamar a las cosas por su nombre, lo veremos todo más claro. Se trata de industria, y por eso las organizaciones de ganaderos quieren quedar “al margen de la polémica”. Porque poner la mayor cantidad posible de animales recluidos en un espacio sin importar sus condiciones y engordarlos lo más rápido posible con piensos químicos y antibióticos, no tiene nada que ver con la ganadería. Se trata de una industria que ofrece un producto “low cost” y que como todo lo que es de bajo coste, implica también unas bajas condiciones de vida para los animales, unas bajas condiciones laborales para los que trabajan allí y una baja calidad para el producto final pero un alto coste para la salud, el campo y el clima. Hasta tal punto que el nuevo ministro verde de Agricultura de Alemania se ha propuesto acabar con los “precios basura” de la carne. 

Todo lo anterior son obviedades de sobra conocidas. Los pueblos no suelen querer una macrogranja en su término municipal. Su instalación en las zonas rurales no sólo no frena la despoblación —las condiciones de trabajo son muy precarias y crean poco empleo—, sino que en muchos casos la acelera por el deterioro que causa con la contaminación del agua y los malos olores que impiden otras actividades como la agricultura o el turismo. Llamemos a las cosas por su nombre, estamos hablando de una industria, la de producción de carne low-cost, y es una industria peligrosa. Mucho.

Más allá del ruido y basado en los hechos, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre del 2021 un informe sobre la estrategia “de la granja a la mesa” apostando de forma clara por la ganadería extensiva permanente o ecológica, llamando a “brindar apoyo a las explotaciones que efectúan la transición hacia formas de producción más sostenibles y abandonan(...) la ganadería de alta densidad”. El apoyo fue transversal e incluso gran parte de la derecha europea, menos el PP español, lo secundó. 

Mientras las cosas están avanzando en Europa, todo indica que también lo podemos hacer en nuestro país. En este sentido, es del mayor interés la propuesta de Verdes Equo y Más País en el Congreso —que ya cuenta con el apoyo de Compromís— que plantea crear un etiquetado de la carne similar a la que ya existe para los huevos, donde se diferencie la carne según si proviene de una ganadería extensiva o intensiva. Las personas consumidoras tienen derecho a tener una información fácil y sencilla sobre lo que comen para favorecer una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales. Por otro lado, se propone una moratoria sobre macrogranjas para que no se pueda crear nuevas ni ampliar las ya existentes, mientras que se fije una definición exacta de ganadería extensiva e intensiva, al igual que empezamos a hacer en Bruselas. Por último, es fundamental la cooperación entre los ministerios implicados (Agricultura, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo) para fomentar la dieta mediterránea, basada en una menor ingesta de proteínas animales y en una mejor calidad de la alimentación. 

Nuestra mejor baza para mejorar la vida cotidiana es una dieta equilibrada, el respeto al territorio y una mejor salud para todas las personas. Para ello, esperamos del resto del arco político más sosiego y propuestas, y al Gobierno más coherencia y BOE.