Cuando cesó el estado de alarma, Merlos todavía estaba allí

El caso Merlos/ICAM se está convirtiendo cada vez más en el caso José Mª Alonso, dada la incapacidad del Decano y de la Junta de Gobierno de tomar decisiones sobre la resolución del contrato con Trocadero Comunicación SL, pese a las gravísimas ilegalidades de su contratación de las que hemos ido informando y de las conclusiones del Informe de la Tesorera del ICAM (Dª Mabel Zapata Cirugeda) que evidencia las posibles responsabilidades legales para las partes implicadas, realizando el Decano declaraciones públicas que falsean la realidad de la contratación del ICAM con la sociedad de Alfonso Merlos.

Todo esto ha dado un giro inesperado el día 22 de junio, fecha en la que el ICAM nos ha anunciado que estudian el ejercicio de “…acciones estatutarias, civiles e incluso penales…”.

Recordemos que el 2 de junio de 2020 ALA hizo público un comunicado en el que informaba que había accedido al contenido del Informe de la Tesorera del ICAM sobre el contrato de la Corporación con Trocadero Comunicación SL (la sociedad de Alfonso Merlos) y explicando la generalidad del estudio y las conclusiones del informe que desvelaba las irregularidades e incumplimientos del contrato, proponiendo su resolución. El contenido que publicamos era tan escandaloso que el 4 de junio presentamos un escrito en el que solicitábamos a la Junta de Gobierno del ICAM que se entregara a ALA y se publicara en la web en el área reservada a colegiados/as:

Pues bien, el 22 de junio el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM (D. José Ignacio Monedero Montero de Espinosa) remitió una carta a la presidenta de ALA (Dª Ángeles Chinarro Pulido) en la que rechazaba nuestra solicitud de entrega del Informe argumentando que, puesto que habíamos publicado su contenido, ya disponíamos de él por lo que carecía de razón una solicitud de acceso a un documento que ya teníamos; nos reprochaba que habíamos dado publicidad a esa información “…sin reparar en el daño que se pudiera ocasionar no sólo a una sociedad mercantil sino también a una concreta persona física (D. Alfonso Merlos), cuyos datos personales también son merecedores de protección por el ICAM” y concluía:

“Como consecuencia de lo expuesto, y en la medida que se pone de manifiesto por ALA una brecha en las medidas de seguridad del ICAM, le comunico que se da dado traslado a los Servicios Jurídicos del Colegio a los efectos de que investiguen y analicen internamente los hechos, proponiendo a la Junta de Gobierno, en su caso, el ejercicio de las acciones estatutarias, civiles e incluso penales en el hipotético caso de que los hechos pudieran constituir un delito de revelación de secretos y cuyo encubrimiento también es rechazable. En este sentido les ruego colaboren con el Colegio e identifiquen a la persona de esta Corporación que ha filtrado el documento reseñado”.

Dicha comunicación fue contestada por la presidenta de ALA [4], haciendo ver al Secretario del ICAM la confusión en la que estaba sumido, pues ALA siempre manifestó que no tenía el Informe de la Tesorera del ICAM, sino que había accedido a su contenido; le indicaba que ALA no es responsable de las filtraciones de información que se puedan producir en la Junta de Gobierno y que desconocíamos la identidad del filtrador. Aprovechábamos para solicitarle que nos mantuviera informados, a ALA y a la Abogacía madrileña, de los resultados de la investigación que iniciaban para descubrir la “brecha de seguridad”.

Mientras dejamos al ICAM entretenido en su investigación podemos sacar varias conclusiones de la comunicación que nos dirige el Secretario del ICAM:

1º.- El propio Secretario del ICAM reconoce la veracidad de las informaciones que trasladamos a la abogacía madrileña sobre Merlos/ICAM/Trocadero Comunicación, puesto que al referirse a nuestro comunicado de 2 de junio pasado dice que “…relata de manera pormenorizada y con todo detalle el documento reseñado”.

2º.- Nos comunica que el Informe de la Tesorera del ICAM sobre Trocadero Comunicación es confidencial, siendo la primera vez que el ICAM lo califica así pese a todas las informaciones publicadas en prensa sobre él. Debería constar en acuerdo de Junta de Gobierno los términos del encargo del Informe y, a estos efectos, solicitaremos de la Junta de Gobierno certificación literal del acuerdo por el que se encargaba el Informe a la Tesorera.

3º.- Nos informa que la filtración proviene de algún/a integrante de la Junta de Gobierno del ICAM puesto que la Tesorera “…remitió a los miembros de la Junta de Gobierno el e-mail con carácter reservado y confidencial y, por tanto, en la confianza -finalmente defraudada- de que ninguno de los destinatarios lo divulgaría”, lo que ratifica de nuevo las informaciones publicadas por ALA sobre las disensiones en la Junta de Gobierno: “No podemos dejar de denunciar que todas las fuentes consultadas nos aseguran las graves disensiones existentes actualmente en la Junta de Gobierno y, sobre todo, las maniobras que alguna persona integrante de esa Junta, utilizando para ello a medios de comunicación, está realizando para ”desmarcarse“ de una Junta a la que pertenece y lavar su imagen, siendo tan responsable de lo que denunciamos como el resto de sus compañeros/as de Junta”.

4º.- Nos pide que identifiquemos a la persona o personas que ha filtrado el documento; cuando desde el primer momento advertimos que no lo teníamos y sólo sabíamos su contenido. Por eso pedimos el documento al ICAM que, a fin de negárnoslo, nos informa ahora que es reservado y confidencial.

5º.- Nos acusa de haber aireado la información en los medios de comunicación. El Secretario del ICAM tiene un curioso concepto del funcionamiento de los medios de comunicación en una democracia y le aseguramos que ALA no dispone de medios de comunicación, nos limitamos a emitir comunicados sobre cuestiones que pueden ser de interés para la abogacía madrileña, comunicados de los que se pueden hacer eco los medios de comunicación en función de su interés, actualidad, línea editorial, etc.

6º.- La Junta de Gobierno se muestra muy preocupada por el daño que se puede ocasionar a Trocadero Comunicación SL y a D. Alfonso Merlos. Parece no importarles en absoluto el daño producido a la imagen pública del ICAM y el patrimonial que, en definitiva, pagamos la abogacía de Madrid mediante nuestras cuotas: 181.500.- euros anuales, desde febrero de 2018 por un contrato ilegal.

La Junta de Gobierno pretende amenazar y callar a quienes están informando a la abogacía de Madrid de un contrato ilegal, cuya ejecución también lo es y para la cual el ICAM está poniendo a disposición de Trocadero Comunicación SL a los trabajadores del ICAM cuando, según los términos del contrato, es esa sociedad la que debe ejecutar el contrato con sus propios trabajadores. ALA señala la luna y la junta pretende que la abogacía mire al dedo.

ALA no se va a callar y va a continuar publicando toda la información contrastada a la que acceda en relación con el escándalo del contrato de Trocadero Comunicación SL. Una Junta de Gobierno dividida e incapaz de adoptar decisiones en beneficio del ICAM, no nos va a amedrentar.