Ser o no ser Ley Mordaza

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la 'Ley Mordaza' llegó este otoño como agua de mayo. Un anuncio que ha venido tras el Congreso del PSOE de octubre en el que Pedro Sánchez afirmó que “avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza”. Dicho compromiso forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición, y conecta con las declaraciones del Presidente tras su investidura en las que afirmó, hace ya cuatro primaveras, que “vamos a avanzar en derechos derogando la 'ley Mordaza', porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”. 

Así pues, para quienes llevamos años dando la matraca sobre las reiteradas y graves violaciones de derechos humanos que implica la 'Ley Mordaza', pareciera que al fin se acerca ese momento tan deseado, aunque con varios años de retraso y varias decenas de miles de multas. 

Al fin el Estado español se podrá alinear con los estándares internacionales de derechos humanos, escuchando a las reiteradas advertencias de la ONU, que antes de su aprobación ya señaló que esta ley socavaría los derechos de manifestación y expresión, o del Consejo de Europa, que este mismo año volvió a instar a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”, o de la sociedad civil, que no ha dejado de movilizarse estos seis años de 'Ley Mordaza' logrando, entre otras muchas acciones, que más de 230 organizaciones firmaran un manifiesto en el que se pedía acabar con la 'Ley Mordaza'. 

Sin embargo la realidad parece, al menos a día de hoy, menos halagüeña. La anunciada derogación de la 'Ley Mordaza' no va a ser tal. Lo que se hará será modificar algunos elementos de la misma. Cabe preguntarse si el anuncio de derogación se refiere a la eliminación de los aspectos más lesivos de esta ley. Pero entonces nos encontramos con que gran parte de los artículos más señalados por vulnerar la libertad de expresión multando a activistas y periodistas, se quedarían igual.

El acuerdo para la reforma de la 'Ley Mordaza' no cambiaría la redacción de los artículos relativos a “la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4 ). En base a estos artículos, se impusieron casi 200.000 sanciones desde la entrada en vigor de esta ley en julio de 2015 hasta diciembre de 2019, suponiendo un 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana. 

En estos más de seis años, la 'Ley Mordaza' se ha utilizado reiteradamente contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas sanciones aplicando principalmente esos artículos, lo que ha acabado por desmovilizar a buena parte de ellas. También se ha aplicado contra periodistas con actuaciones policiales que han obstaculizado su labor cuando querían documentar abusos policiales.

Este acuerdo suprimiría la disposición adicional décima relativa a las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, pero no se elimina al permanecer en la Ley de Extranjería, impidiendo una valoración individualizada de la situación personal y del riesgo que puede correr una persona al ser devuelta, incluyendo el riesgo a sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos. 

En base a este acuerdo no se eliminaría la presunción de veracidad de la policía, un elemento clave que posibilita la arbitrariedad y la imposibilidad de defensa efectiva de la ciudadanía en los procedimientos sancionadores. Ni prohíbe el uso de pelotas de goma, un proyectil que puede mutilar e incluso causar la muerte de personas que se manifestaban por sus derechos. Tampoco establece mecanismos independientes de investigación de abusos policiales.

El acuerdo contiene mejoras, sin duda, como la reducción de las multas que se consideran excesivas y la aplicación de criterios de proporcionalidad, ajustándolas a la capacidad de ingresos de los sancionados, o que no se sancionen las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, con la preocupación de cómo se interpretará qué son desórdenes públicos. En todo caso resulta muy difícil pensar en esta reforma en términos de derogación de la Ley Mordaza, o al menos de los aspectos más preocupantes, si se mantienen las cuestiones señaladas. 

Aún estamos a tiempo de garantizar que la calle no solo sea un lugar para tomar algo en las terrazas o ir de compras, sino también un espacio de participación política de la ciudadanía. El derecho a la protesta es clave para vivir en un verdadero estado social y democrático de derecho, porque desde ahí manifestamos nuestro rechazo ante los retrocesos y desde donde presionamos para avanzar en derechos. En cambio la 'Ley Mordaza' fue una respuesta represiva ante el auge de la movilización social que tuvo lugar a partir de 2011 en el contexto de la anterior crisis económica. Tras las grandes movilizaciones del 15M, las mareas ciudadanas y las marchas por la dignidad nos cayó encima la 'Ley Mordaza' como una losa vulnerando de manera reiterada el ejercicio legítimo de la protesta pacífica.

Tenemos grandes retos que marcarán los próximos años, como hacer un frente al auge del odio, la intolerancia y el miedo al diferente, del nosotros contra ellos y la demonización de la diversidad. Ante la emergente deshumanización que nos puede acabar llevando al peor de los abismos, es fundamental proteger, poner en valor y celebrar el activismo involucrado en la defensa de los derechos humanos, la implicación de quienes dedican su tiempo y esfuerzo para proyectar un futuro que ponga en el centro a las personas y el planeta. 

Poder proyectar un horizonte de justicia y dignidad que nos permita avanzar pasa inexorablemente por contar con una legislación que proteja el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El fin de la 'Ley Mordaza' será solo si la nueva legislación se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, y no será si se limita a unas cuantas mejoras. Aún estamos a tiempo, pero una vez más solo será posible con la implicación de cuantas más personas comprometidas mejor.