Melilla y la política de la deshumanización

Este 18 de diciembre, día internacional del migrante, prácticamente coincide con el cumplimiento de seis meses de la tragedia de Melilla. En todo este tiempo las autoridades españolas y marroquíes han negado cualquier responsabilidad sobre lo que sucedió, a pesar de la abundancia de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos de personas refugiadas y migrantes que pretendían acceder a Europa a través del paso fronterizo conocido como “Barrio Chino”. 

El pasado 24 de junio las autoridades marroquíes y españolas usaron material antidisturbios como gas lacrimógeno, porras, balas de goma y pelotas de goma para dispersar de forma violenta a un grupo de hasta 2.000 personas negras, en su mayoría del África subsahariana, que intentaban cruzar la frontera para entrar en Melilla. Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad. Ni las autoridades marroquíes ni las española prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, dejando a decenas de personas desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.

Al menos 37 africanos murieron y decenas más resultaron heridos a causa del uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden marroquíes y españolas, según denunciaron varias relatoras de Naciones Unidas el pasado 31 de octubre. Tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo, se llevó a cabo el rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. Además unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Otras 77 personas continúan en paradero desconocido. 

“Fueron víctimas de asesinatos arbitrarios, torturas, desapariciones, expulsiones y racismo”, declaró el pasado 13 de diciembre la Secretaria General de Amnistía Internacional Agnes Callamard en la presentación del informe “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla. En dicho informe se reclama que se garantice verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas y la ilegalidad de las devoluciones en caliente. Una petición que no es nueva. A lo largo de los últimos años desde la sociedad civil venimos denunciando una política de deshumanización y abusos sobre quienes pretenden acceder a Europa por la frontera española - marroquí.  

No podemos olvidarnos de la tragedia de Tarajal del 6 de febrero 2014, en la que 15 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta al ser repelidas violentamente por integrantes de la Guardia Civil y otras 23 personas fueron devueltas en caliente a Marruecos. Casi 9 años después se sigue reclamando justicia para las víctimas y sus familiares. Sin embargo la vía judicial se ha visto bloqueada una y otra vez, a base de archivos de la causa e inadmision de recursos, como sucedió en el mismo mes de junio de este año cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no admitió los recursos de casación contra el sobreseimiento del caso. 

En la última legislatura, con Marlaska como Ministro del Interior, venimos señalando el fracaso de las políticas migratorias en España. Por ejemplo con las situaciones de hacinamiento de más de 1.700 personas migrantes y refugiadas en el CETI de Melilla en 2020 o de 2.000 en el muelle de Arguineguín en 2021, donde se vulneró su derecho a no ser privado de libertad de manera arbitraria, se les privó del derecho de información y asistencia letrada, y se decretaron órdenes de devolución sin las debidas garantías.  

También podemos recordar cómo en mayo de 2021 las fuerzas de seguridad y el ejército españoles actuaron con violencia contra personas migrantes en Ceuta, arrojando incluso a algunas al mar después de que Marruecos abriera sus fronteras. En esa ocasión alrededor de 5.000 personas sufrieron devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia. Poco después, en agosto del mismo año pasado, el Ministerio de Interior comenzó a devolver a menores de edad no acompañados desde Ceuta a Marruecos sin observar las garantías previstas en la legislación nacional e internacional.

Tras todos estos años en el que la vulneración de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la frontera sur ha ido en aumento, se hace improrrogable la necesidad de parar y revertir esta dinámica tan cruel e inhumana. Es improrrogable que las autoridades tanto españolas como marroquíes garanticen investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió el 24 de junio y que los responsables rindan cuentas. Es además imprescindible derogar la legislación que legaliza los “rechazos en frontera” en Ceuta y Melilla y que se prohíban por ley las expulsiones colectivas de España a Marruecos. Y desde la sociedad civil, políticos, medios y ciudadanía en general se debe dar un claro mensaje de nunca más, y que se establezcan garantías de no repetición.

Tampoco podemos olvidarnos en esta grave crisis de derechos humanos del rol de Europa, puesto que se produce en el marco de una política migratoria europea que se centra en la militarización y externalización del control de fronteras. Una política migratoria que busca bloquear el acceso a territorio europeo y encargar a otro países limítrofes a que hagan ese trabajo sucio que se prefiere que no se vea. 

Tragedias como la de Melilla muestran las costuras de una Europa que hace aguas en sus principios más básicos y sus compromisos con los derechos humanos. Y en este caso no lo pueden obviar, por mucho que lo niegue el Ministro Marlaska, porque sí que lo hemos visto con nuestros propios ojos, y contamos con declaraciones de testigos presenciales, de material videográfico e imágenes satélite. Un paso en la buena dirección sería condicionar la continuación de la financiación de la Unión Europea y española a Marruecos en materia de migración, asilo y gestión de fronteras al cumplimiento y la ejecución de las obligaciones en materia de derechos humanos. 

Por otro lado la tragedia de Melilla está íntimamente ligada a ese discurso público de señalamiento y que carece de humanidad sobre grupos de población a los que, de manera intencionada, se les trata de despojar de su condición de seres humanos. Se repiten una y otra vez narrativas que deshumanizan y estigmatizan a las personas subsaharianas. En este caso no hablan de personas refugiadas que huyen de un conflicto y a quienes tenemos el deber de dar una acogida digna, sino de ilegales asaltavallas, como si llegar de este modo fuera la mayor agresión. Este discurso omite la absoluta inexistencia de vías legales y seguras o de la posibilidad de solicitar asilo de alguna manera. La Comisaria de Derechos Humanos del consejo de Europa denunció recientemente que “en la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida”.

Este lenguaje que estigmatiza a la población migrante subsahariana va calando sobre una parte de la población, minando a su vez la noción de universalidad de los derechos humanos, que son la esencia de éstos, así como la propia humanidad de quienes a este otro lado de la valla piensan que mejor así. Hasta que un día también le despojen de su condición de humanos.

Lo que sucedió en Melilla el pasado 24 de junio no es una tragedia puntual sino el último episodio y el más terrible de una grave tendencia de violaciones de derechos humanos en la frontera sur de España con Marruecos. Una tendencia que viene marcada por la falta de rendición de cuentas por parte de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y un manto de impunidad que permanece en el tiempo deshumanizando a quienes provienen de África, lo que denota encubrimiento y racismo. Es hora de revertir de una vez esta terrible realidad. No solo por los derechos de las víctimas y sus familiares, sino también por nuestra propia humanidad, que también está en juego.