Los rebrotes durante la nueva normalidad requieren una acción firme, unificada y anticipatoria para impedir retrocesos

Tres semanas después de finalizar el estado de alarma, la situación epidemiológica en España está caracterizada por más de un centenar de brotes de Covid-19 en el conjunto del territorio español que constituyen una amenaza potencial a la seguridad sanitaria del país y, por tanto, también a la reactivación del turismo y de la actividad económica.

De hecho, la curva de nuevos casos notificados está subiendo desde el 21 de junio, una vez reanudada la movilidad entre comunidades autónomas y reabiertas las fronteras del espacio Schengen. El número diario de casos (333 el pasado viernes)  multiplica por ocho el del 14 de junio (40) y el semanal es el más alto desde el 31 de mayo. Ello confirma que el virus sigue circulando, que el contagio está presente y que en algunos casos se ha reactivado la transmisión comunitaria hasta niveles preocupantes que pueden llevarnos a tener que hacer retrocesos.

La gran mayoría de los casos son asintomáticos y la mayoría de los brotes tienen un alcance limitado que hace posible su contención y rápido control. Sin embargo, hay brotes, como los de Aragón, Lleida, A Mariña (Lugo) u Ordizia (Guipúzcoa), que han afectado a centenares de personas, han reintroducido la transmisión comunitaria del virus, y han requerido medidas de confinamiento de diversa intensidad con el consecuente impacto económico y social y su efecto en la opinión pública.

La mayoría de los nuevos casos de la última semana se han producido entre Aragón y Catalunya, donde están dos de los brotes más graves de los que permanecen activos. Llama la atención el que alrededor del 60% de los nuevos casos son personas jóvenes, con cuadros leves o asintomáticos, lo cual muestra que las cadenas de transmisión que han producido los brotes se están dando a consecuencia de la relajación de las medidas de protección (distancia física y mascarilla), de aglomeraciones y reuniones de peñas de amigos y de familiares, y en el marco de lugares de trabajo o habitacionales con hacinamiento, como los de los trabajadores temporeros agrícolas. Y aun cuando las capacidades de detección precoz y rastreo y seguimiento de contactos parecen haber aumentado, no parecen suficientes en todos los casos. Es importante hacer notar también que, salvo en el caso de Lleida, las hospitalizaciones no se han incrementado.

Somos conscientes de que no existe el riesgo cero de transmisión y mucho menos al restaurarse la movilidad entre Comunidades Autónomas y reabrirse las fronteras dentro del espacio Schëngen y a los terceros países autorizados. No obstante, el panorama es preocupante: por la frecuencia creciente de brotes y porque la mayoría de ellos guarda relación con comportamientos inadecuados de personas y grupos.

Además, los brotes de Aragón y Lleida, que afectan a territorios fronterizos de ambas Comunidades (este último al parecer relacionado también con el origen del brote de Ordizia), o el de Lugo, que generó un enorme debate político en torno a la reclamación de suspender las elecciones, tienen características epidemiológicas y sociopolíticas que va más allá de la actuación de los dispositivos sanitarios de las Comunidades afectadas.

Por su parte, las Comunidades Autónomas están respondiendo con ritmos y formas diversas, adoptando distintas modalidades de restricción de movilidad y confinamiento de las poblaciones afectadas. Algunas de esas diferencias pueden estar justificadas por las distintas características de los brotes. Otras, como por ejemplo la ampliación de la obligación de usar de mascarillas establecida en Cataluña, Baleares, Extremadura y Andalucía generan preguntas en el conjunto de la población sobre por qué en unos sitios se hacen unas cosas y en otros, otras.

Todo ello, el número creciente de brotes y la evidencia de que empiezan a darse brotes que afectan a más de una Comunidad, plantea la necesidad de una respuesta institucional en la que haya una mayor implicación del Ministerio de Sanidad en apoyo y refuerzo a las, en ocasiones, insuficientes o tardías actuaciones autonómicas.

En las semanas y meses por venir cabe esperar que la movilidad de la población aumente, tanto por los desplazamientos veraniegos y la llegada de turistas como también por el desarrollo de actividades agrícolas estacionales (labores horto-frutícolas, siega del cereal, recogida de la aceituna y vendimia) que son intensivas en mano de obra temporera y a menudo migrante.

Si algo demuestra el brote de Lleida es que se requiere un abordaje anticipatorio. No basta con esperar a la aparición de los brotes para investigarlos y contenerlos. Hay que ir a donde sabemos que existen más probabilidades de que aparezcan. Por tanto, hay que hacer muchas más pruebas de PCR de carácter preventivo, tanto a las redes extendidas de contactos de los casos (es decir, a los contactos de los contactos) como a los colectivos de alto riesgo: personas en residencias y, especialmente, trabajadores temporeros cuyas condiciones laborales, habitacionales y de transporte suelen ser muy precarias. Con relación a estos últimos, la labor de las inspecciones de trabajo y de los ayuntamientos es fundamental. Consideramos que la reciente instrucción del Ministerio de Trabajo sobre medidas de seguridad frente al Covid19 en las empresas, así como el reforzamiento de las sanciones por su incumplimiento va en la buena dirección, aunque probablemente se requiere también un reforzamiento de las capacidades de inspección en las industrias de mayor riesgo.

Este abordaje anticipatorio debe adoptar un enfoque integral de salud pública, reforzando los equipos de rastreo de contactos y la atención primaria de salud, y sobre todo la coordinación entre ellas, algo en lo que se ha avanzado en algunas Comunidades, pero no en otras. Se requiere más capacidad de análisis epidemiológico de la dinámica de los brotes en cuanto se sospecha la existencia de transmisión comunitaria. También habría que dar respuesta a los problemas legales derivados de la necesidad de aplicar restricciones selectivas de la movilidad de grupos determinados de personas. Y los ayuntamientos deberían extremar la vigilancia en las zonas de ocio donde se están concentrando buen número de los brotes.

La conveniencia de desarrollar acciones de educación y concienciación de la población, en particular de los jóvenes, incluyendo campañas publicitarias específicas, debería ser considerada. Conviene recordar que un 40% de los brotes registrados se han iniciado en ambientes familiares, pero muchos de ellos han acabado siendo brotes mixtos porque se han expandido rápidamente al entorno laboral o vecinal.

En resumen, se trata de ir raíz del problema, de anticiparse, de no quedarse en una respuesta reactiva consistente en contabilizar casos y hacer el rastreo y el seguimiento de contactos cuando el brote ya ha surgido.

Esta situación requiere, en nuestra opinión, la elaboración de un protocolo de trabajo con indicadores de seguimiento capaces de articular respuestas seguras, comunes y coherentes para todo el territorio, así como un relato coherente que ofrezca seguridad en la medida en que demuestre capacidad de anticipación a situaciones de riesgo sanitario que son conocidas, previsibles y en gran medida evitables. Este protocolo debería tener un carácter dinámico y revisable en función de la situación epidemiológica, y de él podría formar parte también las medidas que ya se están aplicando o se puedan aplicar en los sucesivo para el control en fronteras. Su elaboración debería ser propuesta por el Ministerio de Sanidad y debatida en el seno del Consejo Interterritorial del SNS cuanto antes.

Seguimos bajo el impacto de una pandemia de la que quedan muchos aspectos por conocer y muchas decisiones sobre las que trabajar. Aun cuando consigamos controlar la actual fase de brotes, y no es seguro que lo logremos, el riesgo de una nueva oleada seguirá presente. También hay que prepararse para el comienzo de la nueva temporada de gripe estacional. Lo que implica asegurar el suministro de la correspondiente vacuna, garantizar que se dispone de los recursos humanos y organizativos, y fijar los criterios de indicación (probablemente haciendo frente en esta ocasión al debate sobre si su administración debe o no de ser obligatoria en los colectivos de riesgo). Todo ello se producirá, además, en un contexto de cierta fatiga de los profesionales de la salud y de debate sobre cómo organizar el regreso a las aulas en el próximo curso escolar. Además de por las incertidumbres e impaciencias relacionadas con la vacuna frente a la Covid19.

En ausencia del mando único que se adoptó durante el estado de alarma, resulta muy conveniente que exista un mecanismo colaborativo y concertado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para prevenir y contener los rebrotes y preparar el otoño. Y que la ciudadanía lo perciba.

En nuestra opinión ese papel debe jugarlo el Consejo Interterritorial del SNS, reforzado para esta nueva fase por un Comité de Expertos ampliamente representativo que contribuya a dar apoyo y a elaborar directrices técnicas sobre estos y otros asuntos que se le pudieran encomendar. Un procedimiento de esta naturaleza podría mitigar las inevitables incertidumbres que en todo caso habrá que enfrentar.