El reparto por lotes de RTVE

Los trabajadores más veteranos de RTVE, curtidos en mil batallas, y habituados a resumir grandes relatos en leads breves, no dudaron en calificar al pasado jueves 25 de Febrero como “Jueves negro”. Ese día, el Congreso había votado por mayoría de dos tercios a los seis nuevos consejeros de la Corporación y, adelantándose a la votación correspondiente, había difundido también los nombres de los otros cuatro vocales elegibles por el Senado e incluso la personalidad del nuevo Presidente, que debía ser elegido posteriormente de entre los diez consejeros. El  relevo de Rosa María Mateo, designada administradora única “provisional” y cuyo mandato se había prolongado durante prácticamente tres años (de julio de 2018 a marzo de 2021) absorbió toda la atención mediática.

Algunos medios de comunicación saludaron con entusiasmo ese primer pacto del Gobierno con la oposición que, supuestamente, inauguraba una nueva etapa de relaciones PSOE-PP, abriendo el camino a acuerdos “de Estado”, entre los que se contaba especialmente la renovación del poder judicial, aunque esa continuación del camino de pactos se frustró inmediatamente después de RTVE. Olvidaban, a pesar de su oficio, anteponer dos lecturas del acuerdo: primero, la obvia consideración del servicio público de comunicación como un “asunto de Estado” y no de independencia y autonomía, en una reiterada versión de “la voz de Francia” que De Gaulle aplicó a la ORTF de la época, y que todo el mundo entendió como “la voz de De Gaulle”; y, en segundo lugar, su degradación a la categoría de anzuelo para arrastrar a la oposición al auténtico objetivo, la reforma de los órganos judiciales, con desprecio evidente de la trascendencia de la radiotelevisión pública.

Más claras aún son la chapuza política y la barrabasada legislativa que la operación ha entrañado por parte del Gobierno de coalición. Después de la experiencia, positiva pero corta de la etapa de Zapatero, con su ley de 2006 de RTVE que obligaba a una mayoría reforzada de dos tercios para los nombramientos de la cúspide de RTVE (presidencias de Luis Fernández y Alberto Oliart) vino la contrarreforma de Rajoy para volver a una mayoría simple gubernamental que amparó de nuevo la manipulación sistemática. Pero la ley 5/2017 de 29 de septiembre, propuesta por el PSOE, aprobada por casi unanimidad del Congreso, trajo la promesa de “recuperar la independencia y el pluralismo en la elección de sus órganos”, y nuevas esperanzas democratizadoras radicadas en la exigencia de un concurso público, realizado por un Comité de expertos que debía emitir “el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes”, con relación de las puntuaciones obtenidas, con informes individuales motivados (disposición transitoria segunda). 

Incluso con todos los defectos iniciales del baremo y de los criterios impuestos por la convocatoria parlamentaria, la promesa de un concurso público, que rememoraba las buenas prácticas internacionales crecientes en los museos y los centros de arte, traía consigo una poderosa invitación a la defensa de la autonomía de la cultura y de la comunicación, priorizando la evaluación de los méritos y la capacidad de los aspirantes por sobre toda consideración política.

La historia posterior es ampliamente conocida: el Comité de expertos, con 17 académicos y profesionales de la comunicación propuestos por todo el arco parlamentario, trabajó durante más de seis meses en el Congreso (entre julio y diciembre de 2018), con asesoramiento sistemático de sus letrados, y publicó una selección de 20 candidatos “idóneos” (mínimo de 65 puntos sobre 100) de los 94 presentados, en base a la evaluación de los curricula profesionales y de los proyectos de gestión (de forma anónima) junto con los informes individuales requeridos (BOE 18-12-2018). Pero estos resultados durmieron durante dos años en el Parlamento, pese a peticiones y protestas de todo signo, hasta que un dictamen de los letrados del Senado propuso, oportunamente, continuar el proceso haciendo caso omiso del concurso efectuado. El principio de selección por méritos y capacidad, que daba al Parlamento la opción de elegir entre aspirantes de ideologías diversas (10 de los 20), volvía a parecer una limitación insoportable a la mayoría de los partidos políticos.

Tras la decisión correspondiente de la Comisión mixta de control de RTVE, de considerar “idóneos” a todos los candidatos presentados, la Comisión de Nombramientos del Congreso ha dedicado tres semanas a entrevistar a cada uno de los 87 aspirantes finales, en un ejercicio de sobrada paciencia que se compadecía mal con el tiempo dedicado a cada candidato (unos diez minutos) y cuya rutina imposible apelaba necesariamente a los “tapados” que encerraba tan proceloso procedimiento. El resultado final ha sido la elección, con los votos de PSOE, UP, PP y PNV (249 síes), de diez consejeros, tres de los cuales incluido el Presidente figuraban ciertamente en la lista de los 20 idóneos del Comité, pero no así los siete restantes, algunos de los cuales habían recibido puntuaciones extremadamente bajas en sus proyectos de gestión e incluso en sus historiales profesionales.

El incumplimiento de la ley 5/ 2017 en puntos esenciales y la práctica anulación del concurso público deja a la independencia y al pluralismo proclamados en el nutrido limbo endémico de la historia lamentable de RTVE. Y al mismo tiempo disuelve las ilusiones de salir del círculo vicioso de las luchas miopes de los partidos, para conformar directivas eficientes y comprometidas con la reforma y la consolidación de un auténtico servicio público. La ausencia todavía hoy de plan estratégico en toda su historia, la laguna legal de un mandato marco y la caducidad de un contrato programa que permitan fijar los principios y misiones del servicio público, su financiación proporcional y su reconversión multimedia, seguirán probablemente pendientes sine die, propiciando la desorientación y la caída libre de audiencias experimentadas en la última década. 

En definitiva, con raras excepciones, los elegidos del Consejo obedecen a un patrón político bien conocido: militantes ostentosos de partido, algunos resucitados de la jubilación o la excedencia después de 20-30 años fuera de RTVE, cuya idoneidad para atender a las perentorias necesidades de reconversión multimedia y multiplataforma de la corporación resulta harto dudosa. Incluso figuran directivos que acumularon críticas y protestas bajo los Gobiernos de Felipe González y de Aznar y Rajoy por su manipulación sistemática en los periodos de García Candau, de José Antonio Sánchez y Urdaci y que, según los Gobiernos, ejercieron después de látigos de la oposición. Solo falta ese consejero que ha apelado al Tribunal Constitucional porque, después de 18 años en el Consejo, se siente discriminado en el acceso a los cargos públicos.

Los elogios a este consenso peculiar (que no tenía lugar desde 2009 con Alberto Oliart) olvidan algunos detalles de tal recuperación del sistema típico de gestión de RTVE propio del “régimen del 78” (desde el Estatuto de 1980). Primero, que este pacto inherente al bipartidismo (aderezado ahora con los votos de UP) con su mayoría gubernamental inevitable (6 de 10 votos) supone la anulación del control que debe ejercer el Consejo de Administración, dominado siempre por el Gobierno de turno; y suele acarrear la conversión del Consejo para la oposición en cámara de críticas feroces a la manipulación gubernamental (duplicando a la Comisión Mixta de control).  

La larga experiencia de RTVE y algunas televisiones autonómicas es peor aún. Porque el acuerdo entre Gobierno y oposición debe después extenderse en cascada hacia los cargos secundarios y terciarios, en la fórmula que los italianos consagraron durante décadas en la RAI con el apelativo de lottizzazione; en breve, reparto por lotes partidistas del poder en los informativos, las cadenas de televisión y de radio, con la única salvedad en el caso español del control presupuestario y financiero (guardado con mano de hierro por la SEPI y el Ministerio de Hacienda). 

Las reformas imperiosas exigidas por el servicio público de RTVE en tiempos de fuerte mutación del sistema mediático, quedan en esas circunstancias en segundo plano para dejar paso a la dinámica política y partidista inmediata. Y con ellas corre un grave peligro la supervivencia misma del servicio público en la sociedad española, cuya ausencia supondría un golpe decisivo a la calidad de nuestra democracia. Pero los defensores del servicio público de comunicación desde hace tres, cuatro décadas, resistentes a todas las tergiversaciones y desviaciones de sus principios, su gobernanza, su financiación y sus contenidos, tenemos ya la piel engrosada de un rinoceronte. Y por ello, resistentes a todo desaliento, seguiremos deseando suerte al nuevo Presidente para afrontar una labor titánica en un contexto inverosímil.