Investigar la libertad de expresión para defenderla

Cuando se aproximaba el día mundial de la Libertad de expresión a celebrar el 3 de mayo (ONU, 1993) y con apenas un mes de diferencia se han publicado dos informes críticos sobre la libertad de expresión en España, de orígenes muy diversos pero concomitancias notables. Aunque la legitimidad de sus observaciones sea muy diferente, ambos demuestran las notables dificultades de evaluar el grado de ejercicio de ese derecho en nuestra sociedad y la complejidad de su crítica, así como las confusiones que lleva consigo su ordenación y ranking internacional. La coyuntura electoral ha agitado y dramatizado el impacto de estas valoraciones, al ser glosados interesadamente por muchos medios.

Primero, a finales del pasado mes de marzo se difundió en los medios un dossier del Departamento de Estado de los EE.UU sobre la libertad de expresión en España, en el marco de su habitual balance sobre la situación internacional en esta materia. Un juicio que resumía el respeto “general” en nuestro país a este derecho, aunque criticando las observaciones de miembros del Gobierno como Pablo Iglesias e incluso Pedro Sánchez a determinados periodistas y medios, la práctica temporal de las ruedas de prensa gubernamentales sin preguntas o la marginación de algunos medios por parte de Vox. Discutida su factura como resto tardío y sorprendente de la violación sistemática de la libertad de expresión en la era Trump (que ignoró la estrategia del plasma del Gobierno Rajoy con la prensa), o como precoz demostración de la de Biden (no tan disímil en aspectos como la persecución contra Julien Assange) mostraba siempre una concepción individualista y parcial ceñida al gobierno y olvidadiza de las presiones económicas o de la oposición.

Salvando las debidas distancias, Reporteros Sin Fronteras ha difundido en días pasados una denuncia similar que, además de criticar la “escandalosa” ausencia de transparencia en la información gubernamental sobre la pandemia (se supone que incluye a los gobiernos autonómicos que son la fuente sistemática de datos), abunda en los mismos casos para situar sin embargo a España en el puesto número 29 del ranking internacional de la libertad de expresión. Aunque RSF lleva a cabo una meritoria labor permanente de denuncia y rechazo de la persecución internacional de periodistas, la habitual restricción de sus críticas a las acciones estatales, su hipersensibilidad corporativista hacia los profesionales de la información y su olvido sistemático de las consecuencias más negativas del mercado sesgan notablemente sus análisis y les imprimen un aire parcial y conservador. 

De entrada, y aunque esta parece una vía políticamente poco fructífera, no resulta razonable vetar toda crítica pública a profesionales y medios de comunicación que exigen transparencia a toda la sociedad aunque, en ocasiones concretas, violen todos los códigos éticos. Una actitud que parece parangonable a ese poder judicial que  cobija con la libertad de expresión las declaraciones de sus miembros mientras protesta airadamente por cada crítica recibida a sus actuaciones.

Además, de la situación de muchos profesionales, sometidos en estos tiempos a inciertas y duras condiciones laborales- que redundan asimismo en penalizaciones a su libertad de expresión y de rebote a la del público, están las  condiciones estructurales de la comunicación social que determinan profundamente el grado del pluralismo y los límites al derecho activo a la comunicación social. Sin ellas, es imposible calibrar con seriedad el nivel de libertad de expresión efectivo de un país.

En primer lugar, está el grado de concentración en cada sector mediático y las configuraciones multimedia que han ido  creciendo en las últimas cuatro décadas, entrelazándose cada vez más estrechamente con las conexiones bancarias y  empresariales, como muestra la sucesión de estudios históricos que comenzando con “El informe sobre la Información” (M.Vázquez Montalbán,  1963) y siguiendo con “Los amos de la información en España” (E. Bustamante, 1981), encuentra epígonos más recientes en obras como las de Pascual Serrano (“Traficantes de información”, 2010) o J. V. García Santamaría (“Los grupos multimedia españoles”, 2016) entre otros. Ahí puede seguirse el ascenso del IBEX, o de los grupos internacionales de capital riesgo que hoy ejercen influencias dominantes en muchos medios y grupos de comunicación, tiñéndolos de múltiples sospechas de intereses en sus líneas informativas y en sus posiciones políticas. 

Los remedios habitualmente recetados frente a estos males, suelen ser de escaso valor práctico. En términos informativos porque los grandes grupos ocultan generalmente sus conexiones empresariales y los intereses que llevan consigo. En cuanto a los lazos múltiples de propiedad e intereses, la moraleja jurídica habitual es que las medidas legales antitrust se van acomodando a los saltos en la concentración financiera para santiguarlos en lugar de embridarlos. Como sucedió en España con las medidas que prohibían inicialmente el pluralismo en la televisión, que fueron degradándose a nivel del pluralismo interno (25% máximo de las acciones, al 49% al 51% , y al 100% en una concesión) o del pluralismo externo (acciones en sólo una concesión, en una cadena, en un múltiplex, en dos …). De esta forma, según la CNMC,  las tres cadenas principales de televisión han llegado a acumular un 55,1% de la audiencia pero un 85 % del mercado de anuncios, y en la radio, tres cadenas suman un 99,45% del total de la facturación publicitaria. Una centralización del negocio publicitario que se extiende ahora a Google en la vertiente de publicidad digital.

Quedaría, como antídoto principal, el tejido de radiotelevisiones públicas, si no fuera por su subordinación a los gobiernos autonómicos de turno con su falta de mandatos-marco y de contratos programa y, en el caso de RTVE, por la “lottizacione” partidista instaurada recientemente entre sus cargos, que azuza las confrontaciones y la pugna de influencias. Queda asimismo, como último refugio del pluralismo, la prensa escrita cuya descomposición de los grupos nacionales y regionales en papel – acelerada por la pandemia- está ocasionando una reconfiguración digital relativamente democratizadora o al menos más plural que en el orden tradicional, gracias al surgimiento y afianzamiento de un nuevo modelo de medios cooperativos independientes como elDiario.es. Sin que todos estos medios lleguen a concordar con una estructura estatal descentralizada como la que se presumiría del Estado de las autonomías, al menos enriquecen la diversidad de visiones del mundo y del país.

En todo caso, en la prensa como en la radio y la televisión especialmente (en los anales de la radiotelevisión comercial no se conocen canales de izquierda), la tónica dominante sigue siendo una ideología editorial de derechas con matices diversos que no se compadecen con los pesos específicos de las ideologías y del voto en la sociedad española, y ni siquiera en algunos medios con el sello mayoritario de su clientela, para desbordar con frecuencia sus límites también digitales hacia la extrema derecha. Una desviación trascendental, ya que muchos grandes medios, comenzando por la radio y siguiendo por la prensa e incluso la televisión e Internet, han abandonado la estrategia neutral y “atrapalotodo” de otro tiempo para convertirse en bandera ideológica e incluso militante de los partidos de la derecha, destinada a liderar en ocasiones a esas formaciones políticas. Una desviación que pasa tanto más desapercibida por cuanto muchos de los grandes medios juegan a un fair play mutuo de discreción ejemplar, para evitar que los competidores repliquen en sentido contrario. 

La polarización consiguiente de muchos de estos medios, al priorizar la verdad ideológica por encima de la realidad comprobable, estimula las noticias falsas, las tergiversaciones, las fake news…incluso en algunos medios considerados “serios” y “respetables”, haciendo por ejemplo que un suplemento de economía aglutine a los epígonos más radicales de la economía neocon y de la extrema derecha, o que las tribunas de opinión o los tertulianos de algún medio se homologuen en las posiciones más extremas del insulto y la insidia. Se conforman así supuestos “periodistas” que ejercen prioritariamente de propagandistas políticos militantes, nombres que el corporativismo periodístico suele proteger, confundiéndolos a menudo con la profesión informativa y su legítima defensa.

En medio de tales confusiones del periodismo y de su evaluación de la libertad de expresión en España, sería bueno que se aliara con la investigación en comunicación para realizar un análisis complejo, autónomo y periódico sobre los factores y evoluciones de la libertad de expresión, del derecho al ejercicio activo a la comunicación social, de las consecuencias de ambos elementos sobre la democracia. Comenzando por la eliminación de una legislación confusa y contraria a la jurisprudencia europea de derechos humanos (la “ley mordaza” de entrada), y por la anulación de las condenas insostenibles como las de Hasel y Valtònyc. A escala europea e incluso nacional, hay mimbres ya para sostener esa investigación, de los que nos ocuparemos en otro momento. Porque, siendo la libertad de expresión la clave de bóveda de la democracia, su estado y evolución en cada país determina en buena medida sus conquistas y sus déficits democráticos; Contrapesos y desequilibrios inestables que España muestra todavía en gran medida.