Situación de emergencia

Con la gestión de la alerta sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19 es evidente que afrontamos una situación que pone en cuestión ante el conjunto de la ciudadanía casi todos los resortes que se disponen desde un Estado democrático para hacer frente a los desafíos que se van presentando día tras día.

Incluso se pone en evidencia la dificultad de gestionar una pandemia que afecta de manera global con unas instituciones de gobernanza global (como es el caso de la OMS o de la UE), a las que les faltan algunos mecanismos concretos para poder ejercer adecuadamente sus funciones.

La crisis por el COVID-19 está teniendo unas consecuencias en la vida social y en la economía global que no se recuerdan con ninguna otra alerta sanitaria global ocurrida en los últimos decenios. Este es uno de los elementos más novedosos que ponen de manifiesto que, ni cumpliendo con los requisitos básicos de una adecuada respuesta sanitaria, se puede asegurar evitar daños innecesarios en la vida social y en la economía global.

Veamos: el COVID-19 es una mutación de un virus animal que termina siendo capaz de afectar al ser humano y trasmitirse de persona a persona con gran facilidad. Es un virus nuevo que produce una enfermedad nueva. Se necesita, por tanto, tiempo de análisis y estudio para conocer con precisión el alcance real y concreto de la enfermedad y sus consecuencias. Incluso, para poder investigar la posibilidad de disponer de tratamientos y/o vacunas preventivas eficaces.

Esto obliga a gestionar con una incertidumbre que resulta prácticamente inevitable; ello implica que sea algo habitual que no se disponga de todas las certezas que se desearían y, por tanto, que las decisiones adoptadas estén sometidas con más intensidad a escrutinio y a riesgo.

Es por todo esto que se ponen en evidencia las fortalezas y debilidades del Estado. A saber: disponer de un buen sistema público de salud, disponer de mecanismos de coordinación y consenso entre las administraciones central y autonómica con competencias en la gestión de estas crisis o disponer de una adecuada organización para que los expertos en salud pública, los investigadores y los clínicos más reputados sean los que aporten claves técnicas para las decisiones, son elementos fundamentales.

En este momento del proceso, las decisiones aplicadas en Madrid, País Vasco y otros territorios, relativas a restringir las aglomeraciones de personas en el ámbito escolar y universitario o en el ámbito laboral mediante teletrabajo, han sido definidas en base a la situación epidemiológica de cada lugar. Son decisiones proporcionales incluso aunque en pocos días fueran extensivas a todo el país porque hay que cuidar no “matar moscas a cañonazos”.

Se pretende conseguir que la intensidad de la epidemia sea la menor posible para aplanar la curva y hacer posible proteger a las personas más vulnerables, con unos servicios de salud que no estén desbordados. Los ciudadanos de a pie podemos contribuir al éxito de las medidas tomando en serio las medidas así como los consejos de prevención que las autoridades de salud pública nos recomiendan, para cortar la cadena de contagios.

Pero hay otros muchos aspectos del funcionamiento del Estado que se van a poner en cuestión en estos próximos días: asegurar las comunicaciones básicas, el suministro de alimentos, medicamentos y productos sanitarios, mantener el funcionamiento de la seguridad ciudadana, y otros muchos etcéteras que es más probable que resolvamos con eficacia si se toma la decisión, (tras la declaración de pandemia por la OMS), de una declaración legal de emergencia que, creo, es necesaria e inevitable para conseguir el éxito en la lucha contra el coronavirus.