¿Quién acosa a las putas?
Sistemáticamente silenciadas. Se habla de ellas y, por supuesto, por ellas. Lo hacemos todas. No es que permanezcan calladas, tal y como reza la “putofoba” expresión “callada como una puta”. Es que cuando hablan, y lo hacen de aquello que no sirve para nutrir el argumentario de quienes piden abolir la prostitución o de quienes están a favor de regularla, no interesa lo que dicen. Son parte de los rastrojos, de la periferia de los temas que políticamente interesan. El estigma que lastran, las precede.
Las putas, las mujeres que ejercen la prostitución, las trabajadoras sexuales... (este es uno de los temas donde el uso del lenguaje no puede hacerse a la ligera) experimentan multitud de situaciones cotidianas en las que sus derechos como mujeres, ciudadanas, personas, son vulnerados. Sus experiencias y realidades están soterradas (o son utilizadas) en un debate que las atraviesa continuamente, el debate de si la prostitución es en sí una forma de violencia contra la mujer o puede entenderse (bajo condiciones de voluntariedad) como un tipo de actividad laboral.
Hablar de las discriminaciones y violencias veladas que sufren las mujeres prostitutas es realmente complejo sin caer en su victimización maniqueísta. De hecho, en estos días que tanto se habla de acoso y violencia sexual en ‘el entorno laboral’ nadie se ha acordado de ellas. Hacerlo ya sería tomar una posición, buen ejemplo de su invisibilización.
La prostitución es uno de esos temas en los que o se adopta una posición o, de lo contrario, alguien lo hará por ti. Tampoco aquí se puede ser equidistante y mucho menos, ecuánime. Quizá sea por esto por lo que me resultó tan interesante el encuentro de diferentes posturas que tuvo lugar la semana pasada en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid y que eldiario.es retransmitió en streaming. ¿El enfoque? Debatir sobre las ordenanzas municipales y cómo afecta a las mujeres su planteamiento prohibicionista cuando éstas ejercen la prostitución en los espacios públicos.
La aprobación de este tipo de ordenanzas ha experimentado, en los últimos años, una escalada progresiva. Quizá es el momento, antes de lanzarse a seguir sancionado ‘la actividad’, de hacer un balance riguroso sobre el impacto que están teniendo sobre las propias mujeres. Algo que llama la atención es que la mayoría de ONG (de distinta posición) y algunas investigaciones señalan que, contrariamente al objetivo con el que las instituciones 'venden' estas ordenanzas, se sigue ejerciendo prostitución en la calle y que ni las ordenanzas municipales ni la ley de Seguridad Ciudadana la han eliminado. Tampoco, y esto también es relevante, se está desactivando la demanda.
Además, las mujeres que ejercen la prostitución en la calle se ven expuestas a la discrecionalidad y la arbitrariedad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas normas les otorgan la capacidad de decidir si su conducta es sancionable o no, es decir, si es constitutiva de falta y objeto de multa. La pregunta es obvia, pero la respuesta es evidente: ¿cuenta la Policía con la formación suficiente para detectar determinadas situaciones de vulnerabilidad?, ¿puede discernir si una mujer está ejerciendo la prostitución por voluntad propia o, por el contrario, está siendo víctima de una red de trata de personas? Martina Kaplun, acertadamente señaló: “cuando un órgano administrativo tiene al mismo tiempo la capacidad sancionadora y la responsabilidad de proteger a las víctimas, se pierde de vista la protección de la víctima y a la vez, las propias mujeres generan un proceso de desconfianza hacia la Policía”. Y yo me pregunto ¿quién vela por que estas mujeres en situación de vulnerabilidad (y muchas veces también migrantes en situación irregular) no estén siendo víctimas de excesos y abusos de autoridad?
Varias organizaciones alertan de que las ordenanzas y la presión policial están consiguiendo que las mujeres ejerzan cada vez menos prostitución en las calles y los polígonos. En cambio, se trasladan (o son trasladadas) a otros lugares que, o bien están más alejados de los núcleos urbanos (tipo carreteras) o bien son lugares cerrados (fundamentalmente pisos) que las exponen a más peligros al estar aisladas y expuestas al control por parte de proxenetas y contratantes. Además, está el riesgo añadido de que a las ONG (que las apoyan y acompañan) les resulta mucho más difícil acercarse a ellas y garantizar sus derechos.
Las ordenanzas municipales en materia de prostitución están redactadas en un marco de seguridad, no están pensando en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, sino más bien en la gestión de un problema de la ciudad, de los vecinos, de los otros... Las normas de este tipo abordan el tema desde una perspectiva de limitación de derechos. De hecho, tal y como señaló Encarna Bodelón (Universidad Autónoma de Barcelona), “los principales instrumentos internacionales para la protección de la trata de mujeres con fines de explotación sexual prohíben el uso de este tipo de medidas sancionadoras”.
Viendo solo la punta del iceberg, quizá tendríamos que empezar a hablar del acoso que representa para las mujeres que ejercen la prostitución en los espacios públicos, este tipo de normas administrativas punitivas. No solo cabe cuestionar si resolver el problema de la prostitución a través de sanciones económicas es buena idea sino si al hacerlo se está vulnerabilizando mucho más a la mujer. Paradójicamente, la presión policial no las hace más libres sino más esclavas.
Con estas ordenanzas, las putas, las prostitutas, las trabajadoras sexuales… están expulsadas de los espacios de todos sin escucharlas. Sin tener opción a participar en las posibles alternativas. Sin que se hable con ellas. Como si nuestra convivencia fuese a ser mejor si están lejos, calladas y acosadas. Como si no fueran nuestras vecinas, las madres de de quienes comparten juegos con nuestras hijas e hijos, las que buscan trabajo a nuestro lado… Como si fueran rastrojos.
