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El amiguismo de Soria en la promoción de la Marca España en el exterior

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

Ignacio Vasallo

El ministro Soria prepara una salida para altos cargos del Partido Popular. Como recoge el Consejo de Estado en su página web está en sus últimos trámites antes de ir a Consejo de Ministros la modificación del Real Decreto que regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías de Turismo en Embajadas de España, y cuya correcta regulación tanto impacto tendrá en la correcta gestión de la Marca España, cuya promoción es una de las prioridades del gobierno del que forma parte Soria.

En un momento en que la transparencia de la acción de la Administración y la profesionalidad de sus servidores públicos son más demandadas por la sociedad española y por los profesionales del turismo, se anuncian portales de la transparencia y se defiende la mayor cualificación de los funcionarios del Estado, el ministro Soria ha optado por tramitar una norma jurídica en el más puro secretismo -poca gente en su propio ministerio la conoce- que desprofesionaliza el trabajo de las Oficinas Españolas de Turismo, convirtiéndolas en una salida digna para quien ha ocupado altos cargos en la legislatura que termina.

Todo ello contra toda lógica, tratándose de la principal actividad económica de España y la que más está ayudando a salir de la crisis y cuando más falta hace una acción unitaria y profesional de la acción exterior del estado y de la Marca España.

El primer mérito que recoge la nueva es norma es precisamente los cargos que se hayan ocupado y contiene regulaciones para eliminar candidatos que podrían tener más méritos profesionales relacionados con el turismo. De facto la experiencia en turismo no cuenta sino que descuenta, mediante un alambicado sistema de plazos mínimos y máximos, como si lo que se estuviese regulando fuese otra norma de la que otro ministro, o exministro, Gallardón, prefiere no acordarse.

Para disponer del mayor número de puestos posibles se reduce de ocho a cinco el número de años en los que se puede estar destinado en el extranjero y se ordena la retroactividad de la norma, algo realmente excepcional en la normativa administrativa, obligando a regresar a España a funcionarios que habían sido nombrados el pasado año en sus nuevos destinos.

El objetivo de la norma y del secretismo con la que se ha ido tramitando no es otro que el de abrir la puerta a colocar a altos cargos del Partido Popular o amigos de altos cargos, reconociendo además al hacerlo así que tiene pocas esperanzas en su propio partido. Los nombres de los que van a ser colocados en las principales capitales mundiales ya han empezado a circular, entre ellos, el del Consejero de interior de la Comunidad Valenciana.

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