Los chats los carga el diablo

Compruebo preocupada que lo han vuelto a hacer. La Defensora del Pueblo de la Unión Europea ha abierto una investigación por un chat de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con varios líderes europeos, el “Grupo de Washington”, que fue borrado convenientemente antes de que la prensa pudiera tener acceso. Jugando con la democracia, este tema ya es recurrente en las instituciones europeas y no es la primera vez que la Comisión y su Presidenta están en el punto de mira de los órganos de control comunitarios. El caso Pfizer fue el primer escándalo y ya le costó una reprimenda al descubrirse en 2021 que la Presidenta había negociado por chat el contrato de vacunas contra la Covid-19 con este laboratorio y había borrado las huellas. El caso, conocido como el Pfizergate, acabó en los tribunales, pero de los mensajes nunca más se supo.

Recientemente, la Comisión fue investigada de nuevo por no atender la petición de otro periodista respecto a la negociación de la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur, a espaldas del presidente francés Emmanuel Macron, quien le pidió pareceres públicamente y en privado a la Presidenta. Pero es que la conversación entre dos presidentes por un tema institucional y político no puede ser privado, vino a decir la Defensora del Pueblo. El chat entre Macron y Von der Leyen también desapareció misteriosamente, al parecer porque tenía activada la eliminación automática en el canal de mensajería Signal, el canal más seguro y que no deja huella digital. Además, la petición del periodista tardó 15 meses en ser atendida, con resultado negativo. Todo quedó en una amonestación. Leve.

El tema ahora es tanto o más candente porque se trata de guerra y paz. La conversación secreta se produjo, de nuevo, en el canal de Signal con un reducido número de participantes llamado el “Grupo de Washington”, que incluía también al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Se supone que está compuesto por el grupo de líderes que viajaron el año pasado a Washington para hablar sobre la paz en Ucrania con el presidente estadounidense Donald Trump. Los que aparecieron sentados como escolares frente al mandatario republicano y con un polémico mapa de la Ucrania dividida de fondo.

De nuevo, fue un periodista el que solicitó acceso a estos mensajes del chat desde el 1 de enero de 2026, además de otros documentos perfectamente identificados. La Comisión Europea confirmó que Von der Leyen había estado en contacto informal con Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de terceros países, oralmente y por escrito, pero se negó a conceder acceso a cualquiera de estos datos. Al hacerlo, invocó una “excepción en virtud de la legislación de la Unión sobre el acceso a los documentos para la protección del interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales”. 

Tras varias peticiones y negativas de forma reiterada, el periodista denunció ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo la falta de transparencia de la Comisión en este y otros casos. Hace unos días, la Defensora decidió “abrir una investigación sobre la tramitación por parte de la Comisión de la solicitud del reclamante con arreglo a la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, incluidas las medidas de procedimiento adoptadas y su decisión de denegar el acceso a los intercambios”. El caso sigue abierto.

Esto me lleva a recordar los escollos que tuvo que salvar el eurodiputado valenciano de Compromís, Jordi Sebastià, cuando en 2015 intentó recabar información de la Comisión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como TTIP. Tras mucha insistencia y apelando a reglas de transparencia, logró acceder a una cámara “quasi” acorazada, donde se guardaba el Tratado. Pero no pudo llevarse una copia, ni siquiera fotografiar parte de su contenido. Bajo estricta vigilancia y bajo llave, ni siquiera se le permitió tomar nota manuscrita de los pasajes que pudo leer. Se le advirtió de que podría ser acusado de espionaje o piratería, bajo pena de multa de hasta 140.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

No solo se estaban conculcando las reglas de transparencia de la Unión Europea, sino la propia democracia. Recordemos de nuevo que, durante el Pfizergate, el Tribunal General de la UE dio la razón a los periodistas que destaparon el caso, Matina Stevis-Gridneff (The New York Times) y Alexander Fanta (Netzpolitik.org y Follow the Money). El tribunal falló a favor de los periodistas, anulando la decisión de la Comisión Europea de ocultar dichos mensajes, pero ya se habían borrado. Y el Parlamento, entonces con mayoría de conservadores y socialdemócratas, le otorgó el perdón político apelando a la estabilidad institucional y tumbando una moción de censura. Sin cadáver, no hay delito. Con la democracia en juego, el caso se cerró sin crimen ni castigo.