Ciclos electorales, debates y conflicto

Al cabo de más de un año parece que, finalmente, todo apunta al cierre del ciclo electoral que comenzó a nivel estatal con la celebración en mayo de 2015 de las elecciones municipales y autonómicas. Ningún partido tiene especial interés en volver a repetir una campaña donde aparentemente no tienen demasiado que ganar y sí bastante que perder, y mucho menos la ciudadanía, que ya valoró negativamente la incapacidad de las formaciones políticas de alcanzar un acuerdo tras la cita electoral de diciembre.

Tampoco es de esperar que los poderes fácticos se sientan cómodos en caso de alargarse el escenario de incertidumbre de los últimos meses. En este sentido, no sería de extrañar que se incrementaran las presiones para la formación del nuevo gobierno, a pesar de que las diferentes combinaciones siguen siendo complicadas con idénticos jugadores sobre el tablero.

Las perspectivas para la próxima legislatura, todo hay que decirlo, no son nada halagüeñas. España sigue atenazada por la pinza del déficit y una deuda que sobrepasa ya el 100% del PIB. Un endeudamiento que, en una parte importante, tiene como objeto atender los propios vencimientos de las obligaciones contraídas anteriormente. Por otra parte, esta situación de contención presupuestaria no viene compensada por la inversión privada.

Conviene recordar que, en el debate en el que participaron los responsables económicos de los cuatro principales partidos durante la pasada campaña electoral, estos trataron de sostener ante la opinión pública el compromiso de al menos mantener, cuando no aumentar, el gasto social. El propio Alberto Garzón, como representante de Unidos Podemos, haciendo un diagnóstico impecable de la situación en su denuncia del fracaso de las políticas de austeridad, basaba sus propuestas en un aumento del gasto público que, necesariamente, tendría que venir financiado por una reforma fiscal que incrementara la recaudación e hiciera aumentar la contribución de las rentas más altas.

Ha existido sin embargo, a nuestro juicio, una cierta falta de honestidad en la actitud de los partidos durante las dos últimas campañas, más acusada si cabe en las fuerzas de izquierda, en la medida en que no se ha realizado un esfuerzo suficiente para explicar a la ciudadanía cómo cualquier cambio posible pasa por una batalla política que altere las reglas del juego establecidas por la UE. Dicho de otra manera, el incremento del gasto y el sostenimiento de los servicios que prestan las administraciones públicas es difícilmente asumible sin una estrategia paralela que combata explícitamente las políticas impuestas por las instituciones europeas. Fuera de este marco, los márgenes de acción solo pueden calificarse como estrechos y se corre el peligro de provocar una desafección de consecuencias difíciles de prever.

Los acontecimientos sucedidos en Grecia han sido referidos a lo largo de la campaña como ejemplo del camino que conduce al desastre. Entendemos sin embargo que las enseñanzas que cabe extraer de lo acontecido hace un año al Gobierno de Syriza deberían servir para tomar conciencia de la necesidad de que cualquier formación que aspire a gobernar y acometer políticas a favor de las mayorías sociales debe establecer alianzas con sus homólogos en los países más afectados por la austeridad y por las consecuencias de la división del trabajo a escala europea.

La crisis financiera está lejos de resolverse definitivamente. Hoy estamos viendo cómo los problemas generados por la exposición de las entidades bancarias al endeudamiento explotan en Italia. Las negociaciones entre el gobierno italiano y la UE tienen como trasfondo la compleja relación entre los intereses de los acreedores de los países centrales, y el estado y los bancos italianos.

En nuestro país sabemos de esos temas. Además de sufrir un saneamiento bancario a costa del erario público, el gobierno del Partido Popular ha optado por una estrategia para hacer competitiva la economía española y atraer la inversión basada en la devaluación salarial. La precarización del trabajo la sufren amplios sectores de la ciudadanía, con su correspondiente traducción en términos de exclusión y desigualdad. Pero, si alguien se cree a salvo, que reflexione sobre las consecuencias de estas políticas sobre el sistema de las pensiones y su sostenibilidad.

Las repercusiones sobre los servicios públicos en general son palpables, por otra parte. Su deterioro se incrementa progresivamente y, en ocasiones, la dejación de funciones de las administraciones llega al extremo de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Ana Botella con la EMVS y la venta de vivienda social a fondos buitre .

Es difícil entender que no nos sintamos interpelados por este escenario, que compremos el discurso del miedo a lo nuevo, pero al mismo tiempo pensamos que es importante explicar que no hay cambio posible sin conflicto, y para estar preparados hay que desbordar las fronteras de los estados para establecer alianzas a nivel europeo. Los movimientos, en este sentido, parecen ir por delante de los partidos, poniendo en marcha plataformas como ’Diem 25 o ‘Plan B para Europa' e identificando el TTIP como una de las mayores amenazas para los derechos de la ciudadanía. Un asunto que apenas ha sido mencionado en los debates.

La credibilidad de quienes proponen políticas alternativas pasa por articular una hoja de ruta convincente en torno a estas cuestiones, en un momento en que las urgencias que impone el ciclo electoral, aparentemente, tienden a desaparecer.

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