Democracia de guardia

Agosto ya no será nunca más lo que era. El mes tradicionalmente reservado a la pausa ha ido siendo afectado por urgencias diversas y, este año, podríamos decir que ha sido de los más exigentes para mucha gente y, significativamente, también para el Estado. La constante superación de récords de temperatura ha venido, cómo no, acompañada de una proliferación inusitada de incendios provocados por fuegos de sexta generación que apenas si dan margen a la extinción. Y no solo no hemos podido dormir y han ardido los bosques, sino que además, en las últimas horas de julio, mientras se luchaba contra las llamas en Ávila, decenas de miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal en el episodio más grave que ha conocido nunca la frontera de Ceuta.

Más allá de lo ocurrido en el enclave ceutí, lo que el caso señala es que, junto a episodios propios de la emergencia climática en la que estamos instalados, la geopolítica en todas sus múltiples dimensiones (fronteras disputadas, potencias que redibujan mapas y estatus…) se ha instalado como fuente permanente de inestabilidad, y no concede pausas ni avisa. Lo de esperar al “arranque del curso” ya no hay quien lo pueda defender. No podemos seguir organizando la política con el calendario escolar y agrario de otro siglo, como si la realidad, cada vez más compleja y confusa, dejara de serlo a finales de julio. Por mucho que nos pese cada vez tiene menos sentido mantener la ilusión de que agosto es un paréntesis. Pero, en cambio, nuestro sistema político sigue organizado sobre esa hipótesis.

Si nos detenemos en el calendario institucional veremos que no hablamos de una hipótesis sino de una variable sistémica. La Constitución fija dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. El Parlamento español está formalmente cerrado en enero, julio y agosto, un tercio del año. Ese calendario, heredero de un tiempo en que la política podía seguir el ritmo de las cosechas y las canículas, choca cada vez más con un mundo en el que las alarmas de todo tipo no dejan de sonar ni un momento, sin respetar nuestro rito vacacional.

La comparación no nos deja bien. Francia reformó su Constitución en 1995 para acabar con las dos sesiones separadas e instaurar una sesión única. El Bundestag alemán se rige por el principio de que se trata de un órgano constituido de forma continua, sin apertura ni cierre de períodos, que decide su propio ritmo. Los parlamentos italiano y europeo funcionan en sesión continua. El Reino Unido mantiene viva la institución del “recall” y así cuando Kabul cayó en agosto de 2021, los Comunes interrumpieron sus vacaciones en cuarenta y ocho horas para debatirlo. Entre nosotros, en cambio, no solo el Parlamento cierra un tercio del año, sino que además agosto es mes inhábil para la justicia. Por otro lado, lo de convocar sesiones extraordinarias exige la voluntad del Gobierno o de una mayoría absoluta.

Cuando ha convenido la tradición del paréntesis de agosto no se ha respetado. Y hay un espejo incómodo que conviene mirar. La reforma del artículo 135 de la Constitución que consagró el principio de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta en el pago de la deuda pública se empezó a discutir en pleno agosto de 2011, se tramitó en días, sin referéndum y casi sin deliberación, para tranquilizar a los mercados. El sistema puede ser rapidísimo si se quiere. La pregunta incómoda no es si la democracia puede acelerar, sino para quién acelera y para quién cierra por vacaciones.

El problema de fondo es una desincronización cada vez más evidente entre realidad y sistema político. Las finanzas operan en milisegundos y sin pausa. Disponemos de información, en tiempo real, de cualquier cosa que suceda en el rincón más remoto. El clima ya no permite predicciones que nos den seguridad. Y en la esfera geopolítica cada vez vamos de hecho consumado en hecho consumado. La democracia, en cambio, es constitutivamente lenta. Se basa en la deliberación, el pacto, la posible corrección, y todo ello plagado de controles y de la posible alternancia. La lentitud democrática no ha sido nunca considerada como un defecto, sino más bien la institucionalización de la prudencia. Pero, lo que sucede ahora es que todos los relojes se han acelerado y el reloj propio de la democracia no lo ha hecho. Y eso puede poner en entredicho la propia credibilidad del sistema.

No se trata de eliminar el descanso ni de construir una democracia 24/7. El capitalismo de plataformas ya ha logrado que los mercados nunca cierren, que los algoritmos funcionen sin pausa alguna y podemos caer en la tentación de trasladar el modelo al ámbito institucional. Las vacaciones pagadas son una conquista democrática y renunciar al descanso en nombre de la urgencia no sería una modernización sino una derrota. Las personas necesitan descanso, pero las instituciones, en quiénes depositamos confianza y recursos, necesitan mantenerse alertas y anticipar problemas.

Frente al constante descuadre que genera la aceleración de hechos y conflictos de todo tipo solo cabe anticipar y tratar de prepararse organizando capacidad de respuesta. Como hacen en Países Bajos con el comisario del Delta, creado en 1953 tras un grave suceso de inundaciones; como en Corea del Sur o Taiwán con la prevención de epidemias de todo tipo; o en País de Gales o Finlandia con la creación de instancias de futuro en gobierno y parlamento. La Unión Europea lo ha empezado a hacer tímidamente con la llamada Estrategia de la Preparación que, por ejemplo, recomienda disponer de lo más esencial en cada casa para alcanzar las 72 horas de autosuficiencia.

Los servicios esenciales combinan descanso de sus profesionales con mantenimiento de su capacidad de trabajo. Deberíamos ir pensando en la democracia y su funcionamiento institucional como un servicio esencial. Garantizando continuidad institucional con el descanso necesario. No se trata de que los políticos dejen de hacer vacaciones, sino que se mantenga activo el sistema de fijación de agenda, deliberación de problemas o la capacidad de reasignar recursos. Nuestro constitucionalismo ya lo intuyó hace dos siglos, en Cádiz, creando la Diputación Permanente, pero a estas alturas le falta músculo. Dotarla de ese músculo, a ella y al conjunto del calendario institucional, no pasa por la aceleración sin más. Esa carrera la democracia la perderá siempre frente al decreto, el mercado o el algoritmo. Una democracia que delibera y anticipa todo el año puede permitirse descansos, una que lo fía todo a la reacción llegará siempre tarde. Necesitamos una democracia de guardia.