Democracia y ley

El pasado miércoles 1 de julio el diputado y presidente del Partido Popular, don Pablo Casado, pronunció en el Congreso una frase que, además de resultarme muy inquietante, me suscita también varias reflexiones. Dijo el señor Casado que ''la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia''. Y no lo dijo a humo de pajas, o sin ton ni son, o improvisadamente, no; lo hizo con plena consciencia, leyendo atentamente un discurso preparado a conciencia.

Muchas son las reacciones que, lógicamente, han generado estas palabras y muchas, como he dicho, las reflexiones que pueden provocar. A mí me han venido a la cabeza, entre otras, las que ahora les comento.

En primer lugar, es claro que el señor Casado ha pretendido –y no es la primera vez– dar su visión de la Guerra Civil y, particularmente, de los acontecimientos que la provocaron. Es legítimo que cada cual tenga su visión de las cosas y también de los hechos históricos, pero parece mínimamente razonable que a un político responsable deba exigírsele, siquiera, un cierto rigor. Porque no puede dudarse de manera objetiva que el ''enfrentamiento'' al que se ha referido fue nada menos que un alzamiento militar, un golpe de Estado protagonizado por militares sublevados y traidores al legítimo régimen de la II República al que estaban llamados a servir. 

En segundo lugar, me pregunto qué quiso realmente decir el señor Casado y qué hay en el fondo de sus palabras, más allá de esa interpretación de la historia, rechazable en mi opinión. ¿Quiso decir que la II República era un régimen de anarquía, más allá de las legítimas pretensiones de grupos políticos muy relevantes que defendían esta idea? ¿Quiso decir que los Gobiernos de izquierdas o de centro-izquierda, en general, defienden un Estado sin normas o que no defienden un auténtico Estado de derecho? ¿Quiere decir que no estaría el Gobierno actual interviniendo mediante la ley, esto es, mediante los diversos mecanismos legislativos previstos constitucionalmente o sugiere que estaría actuando por otras vías distintas y no legítimas? ¿Ha querido expresar que entiende que hoy hay fuerzas políticas que defienden ''la democracia sin ley'' o ''la ley sin democracia''? Pues bien, cualquiera de estas interpretaciones, a las que se prestan sus palabras, es realmente preocupante.

Y ello porque, de entrada, la II República fue un régimen democrático basado, como la Constitución de 1931 proclamaba, en ''la Libertad y la Justicia'' y en el que ''la igualdad ante la ley'' era un pilar esencial. Un régimen tan ''legal'' que su texto fundamental proclamaba ya entonces que ''el Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo''. Un régimen cuya Constitución reconocía también múltiples derechos a todas las personas –abolición de todo privilegio; libertades de conciencia, de religión, de expresión, igualdad entre mujeres y hombres; los derechos laborales y del campesinado; el impulso de la cultura y la educación laica, gratuita, obligatoria y posible en las lenguas de las regiones autónomas–. Un régimen que aprobó una muy amplia legislación que, cualitativamente, fue de las más avanzadas en el mundo en materia laboral en un momento en que la situación de la clase trabajadora era gravísima, con condiciones miserables de trabajo y de vida, sin acceso a la cultura y a la educación y con altos índices de trabajo infantil. ¿Era realmente un Estado sin ley? ¿O es que la ley tiene que ser siempre la que defienda un orden determinado, preexistente, que conserve y consolide un estado de cosas, aunque este sea de privilegio de unas personas sobre otras y de desigualdad e injusticia?

Con el triunfo de los sublevados se habría instaurado, según el señor Casado, un régimen de ''ley sin democracia''. Pero esto es mucho reconocerle a aquel régimen. Porque ¿qué ley, qué ley amparó, ya después de terminar la guerra, las numerosas ejecuciones extrajudiciales de más de 200.000 personas asesinadas entre 1939 y 1942 –muchas de ellas desaparecidas y aún no halladas y solo muy recientemente buscadas– o la reclusión de unas 700.000 personas en campos de concentración o el encarcelamiento de más de 400.000 personas o la expulsión de sus puestos de trabajo de más de 300.000 personas? ¿Era esto un régimen en el que imperaba la ''ley''?

¿De qué ley hablaba el señor Casado? ¿De una ley como el Fuero del Trabajo de 1938, que decidió que el Estado ''liberará a las mujeres del taller y de la fábrica'', lo que nos negó materialmente el derecho al trabajo y, por consiguiente, en gran medida también, nuestro desarrollo personal y, desde luego, nuestra independencia económica y nuestra libertad? ¿Hablaba de leyes aprobadas en un régimen dictatorial y de terrible persecución a quienes sostuvieran cualquier idea distinta de la oficial? ¿De leyes que recuperaron privilegios y volvieron a traer desigualdad e injusticia, terror, castración mental y silencio?

¿Realmente puede defenderse que esto es un Estado en el que impera la ley? ¿Qué ley legítima puede darse sin democracia, sin participación ciudadana y sin libertades? Eso no es ley tal como esta ha de entenderse, sino ''orden'' forzado, impuesto y, por tanto, injusto e ilegítimo. Un ''orden'' solo aparente, generador de un inmenso y profundo desorden humano. En definitiva, un sistema que generó un auténtico ''derecho injusto'', frente al que muchas personas y organizaciones se rebelaron legítimamente.

Y, teniendo en cuenta que la ley no termina su vida en el BOE, sino que es ahí cuando comienza realmente su recorrido, y que, en su plena materialización, aplicación e interpretación el poder judicial tiene un papel determinante, ¿qué tribunales, señor Casado, aplicaban aquella ley, con qué criterios y con qué grado de independencia?

No, señor Casado, no fue la ley lo que defendieron los golpistas de 1936; fue la imposición de sus ideas y su beneficio en todos los terrenos mediante un control férreo y cruel de una ciudadanía que venía de conocer por vez primera unos años de libertad, igualdad, dignidad y justicia social. Tal como lo entendieron también durante un tiempo la mayor parte de los países de nuestro entorno. 

No puede hoy aceptarse, ni siquiera de manera retórica, la idea de una ley y de un Estado de derecho sin derechos ni libertades que nos permitan a la ciudadanía decidir y debatir en libertad sobre nuestras vidas, directamente o mediante la representación política. Solamente el planteamiento de la dicotomía entre ley y democracia me genera una inquietud que creo muy compartida y que el señor Casado debiera aprestarse a disipar.