Esperando a la Fiscalía
“No perdamos el tiempo con vanos discursos. ¡Hagamos algo ahora que se nos presenta la ocasión! No todos los días hay alguien que nos necesita”
Samuel Beckett. Esperando a Godot
Estoy a la espera. Espero a ver qué hace la Fiscalía con respecto a la difusión de los audios de la menor víctima de una violación grupal en Aranda. Estoy esperando hace un rato largo porque esta es la crónica, de la humillación y vejación de una menor víctima, que fue anunciada. Justo tras la comunicación de la sentencia, con una mezcla de indignación y chulería, uno de los condenados lo dejó claro: “ahora es cuando se van a filtrar los mensajes de ella a sus amigas”. Anunciado y con origen claro. Las amenazas se cumplen y los victimarios la han cumplido.
Estoy esperando a la Fiscalía porque entre sus atribuciones, así recogidas en la Ley de Protección de Víctimas, está la de proteger a los menores víctimas de delitos como sucede en este caso. Protegerles del linchamiento, de la humillación, de la revictimización. Aquí los que desde determinadas posiciones políticas claman en defensa de las víctimas de ETA, los que se posicionan como paladines de sus derechos, los que arremeten contra todo homenaje a un etarra, contra todo chiste, han sido los que no han tenido el menor rebozo en hacer virales unos audios con escarnio para esta víctima que, según parece, cae en el lado contrario de su batalla política. Los audios aparecieron en una cuenta desconocida que fue inmediatamente retuiteada por Cristina Seguí -socia fundadora de Vox- por Bertrand Ndongo -ya saben, el hombre de color de Vox- y por el periodista Alfonso Ussia. Estas cuentas con miles de seguidores convirtieron en viral la estigmatización de la víctima. Existen las capturas de la URL de esos tuits, lo que permite recuperarlos una vez borrados por los autores. Hay peritos que tienen monitorizado el movimiento de esos tuits y sus retuits, así que tampoco se trata de buscar estelas en la mar. Por eso estoy esperando a la Fiscalía.
Esa Fiscalía que no tuvo ningún prurito en intentar llevarse por delante a la tuitera Cassandra por unos chistes malos sobre Carrero Blanco, que acabó convertido en sus escritos de acusación en una víctima del terrorismo más, y para la que pidieron dos años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta. De facto, la Audiencia Nacional se la pulió y en el recurso al Tribunal Supremo, la Fiscalía volvió con toda la carga de artillería. Finalmente el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la AN. Me dirán que esa era la Fiscalía de los tiempos de Mariano Rajoy, y les doy la razón pero en el cambio de dirección, no espero que se pase de la represión a la inacción cuando sí es necesario ejercer las funciones. Entre otras cosas porque fue la Fiscalía, la de ahora, la de Segarra, la que pidió 38 años de prisión asumiendo las consideraciones del Tribunal Supremo así que si están machacando a la víctima por una condena que pediste y que crees justa ¿a qué esperas para poner pies en pared y acabar con este linchamiento vergonzante? Máxime cuando es una guerra ideológica en la que está cayendo como víctima propiciatoria una menor ya vejada y violentada y una familia que debe estar dolorida hasta sus últimas costuras.
Hay tres mujeres en la Fiscalía que podrían hacer algo al respecto. Tres mujeres. Supongo que con especial sensibilidad hacia este tipo de delitos y victimizaciones secundarias. ¿Qué hacen? ¿A qué esperan? La primera es la fiscal jefe de Castilla-León, Lourdes Rodríguez Rey que, según me dicen, está esperando a ver qué hace y qué dice la familia. Como si esto fuera un tema civil de protección del honor o como si esos pobres padres tuvieran que echarse sobre las espaldas todo o como si esto no les afectara más que a ellos y no a la sociedad y también a la Administración de Justicia que está siendo vejada y retada, a unos magistrados a los que se está gritando que prevarican. Es que los fachas cuando se lanzan no distinguen.
La segunda es Elvira Tejada de la Fuente, la fiscal jefe de Criminalidad Informática, que sí que al parecer está estudiando, eso sí con calma, las circunstancias del caso a ver si hay algo que desde su negociado se pudiera hacer. Seguro que sí y a eso vamos luego.
La tercera, y la más importante, es María José Segarra, la fiscal general del Estado, la jefa de todas ellas y la que tiene en su mano, legalmente, la posibilidad de dar instrucciones para que se abran inmediatamente unas diligencias informativas. Segarra es una mujer que se dijo sensible con estas cuestiones. Sólo tiene que decir “¡Abran...!” y lo puede perfectamente ordenar por escrito si fuera preciso, como recoge el Estatuto Fiscal.
La Fiscalía no tiene que dictar sentencias. Sólo tienen que detectar los indicios de criminalidad, reunir las pruebas y presentar la acusación. ¿Por qué no le preguntan a la letrada Olga Navarro a qué se refería cuando dijo que la víctima se iba a tener que ir de España? ¿Y al condenado que afirmó que los audios se iban a hacer públicos? Sólo tienen que acudir al artículo 169.2 del Código Penal, el de las amenazas.
¿Pueden buscar indicios del incumplimiento del artículo 173.1, el que se refiere a la integridad moral y al trato degradante que está sufriendo esa menor con publicidad en las redes? Cuentas con casi 200.000 seguidores y todos los diarios que han repicado después la cuestión. ¿Qué me dicen del artículo 197.1 referido a la revelación de secretos de conversaciones? Conversaciones que han sido extraídas de un procedimiento penal. ¿Investigamos si por alguna parte de las que tienen obligación de guardar consideración a las otras partes y, sobre todo, a las víctimas?
¿Releemos el artículo 22 de la Ley de Protección a las Víctimas? Sí, ese que dice que los tribunales y la Fiscalía, y todos los demás que de alguna manera participen en el proceso “adoptarán las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas (...) y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad”. Oigan, señoras fiscalas, yo me subo en un taxi y nada más decir la dirección muchos taxistas saben sin mirar que soy Elisa Beni. Por la voz, ya saben. El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa un asunto en el que debe dilucidar si la voz constituye un dato personal pero es que, si incluso no lo fuera, la voz permite identificar a la víctima. Cualquier persona que oiga los audios y haya tratado con la menor, por cualquier circunstancia, sabrá que ella es la víctima. Ahora y en el futuro. ¿Van a hacer eliminar esos audios de donde estén colgados en la web?
No es que pretenda agotar las posibilidades ni es mi papel escribir escritos de acusación. Yo sólo estoy esperando a la Fiscalía. Estoy esperando porque tiene indicios de la comisión de varios delitos, tiene el nombre de los posibles autores, existen las pruebas para reafirmarlo y, sobre todo, porque no puede dejar de proteger a esa niña para que sus esperanzas de recuperar su vida no se pierdan definitivamente en una virulenta batalla política en la que existen individuos dispuestos a pasar incluso sobre una menor víctima de un gravísimo delito para lograr sus objetivos políticos o ideológicos.
Se que no estoy sola esperando a la Fiscalía.
