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¿La Fiscalía de quién depende? “Pues ya está...”

Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado

Esther Palomera

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Que no iba a haber un solo día de tregua, se sabía. Que en los nuevos códigos de la política no rigen ya los 100 días de gracia para ningún gobierno es un hecho objetivo. Pero que Pedro Sánchez iba a poner en bandeja a la oposición la primera ofensiva contra su presidencia no ha dejado de sorprender a propios y a extraños. La polémica está servida y lleva nombre de exministra. Se llama Dolores Delgado. Acaba de ser sustituida por Juan Carlos Campo como titular de Justicia. Y ya tiene nuevo destino: la Fiscalía General del Estado. Sin tránsito y sin anestesia, el presidente del Gobierno pone en duda con su candidata para sustituir a María José Segarra la apariencia de imparcialidad debida y ahonda, de paso, en el debate sobre la politización de la Justicia en un momento en el que lo que urgía, al parecer, era la desjudicialización de la política.

Los de Casado ya dan palmas con las orejas. Ellos, tan explícitos en aquello de “la Fiscalía te lo afina” -que espetó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz al jefe de la Oficina Antifrau para fabricar escándalos contra ERC y CDC- han tardado “cero coma” en poner el grito en el cielo, hablar de “ataque sin precedentes” a la separación de poderes y anunciar que recurrirán ante el Supremo el nombramiento. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha leído en la propuesta “una manera muy clara de indicar que el Gobierno quiere tener 'sometida' a la Fiscalía.”

Los socialistas no han llegado a tanto, pero hay algunos que se declaran perplejos y atribuyen la propuesta a una decisión personal “inexplicable” del presidente que cuestionará desde el primer día cualquier actuación del ministerio público. Ya se sabe que los aciertos son colectivos y los errores, exclusivos. Y lo de Delgado tiene pocos visos de éxito. No por su competencia como fiscal, sobradamente acreditada tras 30 años de ejercicio, sino por una cuestión ética y estética que desaconseja el sentido común y sobre todo la apariencia de imparcialidad, después de que la exministra, pese a no ser afiliada al PSOE -porque lo tiene vetado por ley como todos los jueces y fiscales- haya hecho campaña electoral por estas siglas y protagonizado no pocos y sonoros enfrentamientos con la oposición durante su mandato al frente de Justicia.

¿Hay precedentes? Sí, pero con matices. Antes que Delgado, hubo otro Fiscal General que había formado parte de un Ejecutivo socialista. Ocurrió en 1986. La diferencia con entonces es que Javier Moscoso fue titular de Presidencia y que entre este cargo y el del ministerio fiscal estuvo unos meses como diputado raso en el Congreso. La diferencia parece obvia pero igual conviene también recordar que en los ochenta del siglo pasado no existía el nivel de judicialización que hoy rige en la vida política. A Sánchez le será complicado además encontrar un argumento de peso con el que justificar que Delgado no era idónea para seguir como ministra pero sí lo es para dirigir el Ministerio Fiscal. Y esto, a pesar de que ella misma declaró en octubre de 2018 que el gobierno al que pertenecía tenía muy clara la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial respecto al proceso que examinaba entonces el Supremo en relación a los líderes del independentismo.

Algo que no tenía tan claro el presidente Sánchez en plena campaña electoral cuando dijo: “La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende?. Pues ya está”. ¿Recuerdan? Aquella fue su respuesta al periodista de RNE Iñigo Alfonso cuando le preguntó sobre su promesa de traer a Puigdemont de vuelta a España. Lo cierto es que no ha habido gobierno en democracia que se haya resistido a influir en las decisiones del Ministerio Público, lo sorprendente es que aquellas palabras del presidente llegaron días después de haberse resistido a admitir ante el independentismo que el Ejecutivo tuviese capacidad alguna para influir en el criterio de Fiscalía en relación al juicio del procés, tal y como se le exigió como condición para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Decir una cosa y la contraria no es nuevo en Pedro Sánchez. De hecho, su mayor debilidad política radica en ello. En sus palabras, unos días la Fiscalía depende del Gobierno y otros es independiente. En realidad, no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno, pero la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del Fiscal General y el Consejo de Ministros puede pedirle que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés público. Y es un hecho inapelable que entre los socialistas existía malestar con Segarra porque consideraban que no había logrado que se respetara su criterio entre los fiscales. Y la elección de Delgado supone, ahora sí, un golpe en la mesa de Sánchez en un momento cuanto menos delicado por la crisis del procés y en el que los independentistas llevan tiempo pidiendo “gestos” desde la Fiscalía para la desjudicialización de la política.

¿Qué de quién depende la Fiscalía? Pues ya está… De una exministra de Sánchez de incuestionable vinculación partidista con la que Sánchez se garantiza ahora hilo directo. Conclusión: el presidente acaba de darle hecho su nuevo relato a la derecha. Y la pregunta que queda es si de verdad ¿era necesario? o ¿no había más candidata que Delgado para el puesto? Quizá Sánchez debió pensar antes de hacer pública su propuesta en aquello de que la mujer del César, además de honesta, debe parecerlo.

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