Instrumentalizar el Senado

Pretendían escribir un nuevo y trascendental capítulo sobre la ofensiva popular contra Pedro Sánchez y el independentismo y resultó ser un debate fútil. Sin mayor interés. Salvo para Pere Aragonés, claro está. El PP le brindó al president de la Generalitat un altavoz para su campaña electoral: que si la amnistía es sólo el principio; que si después vendrá el referéndum, que si más tarde la fiscalidad singular; que si bla, bla, bla… Dijo que el olvido penal dejó de ser inconstitucional de un día para otro y que lo mismo pasará con el referéndum, sí. Pero, lo hizo en el marco de una campaña electoral y sin el menor rastro de la unilateralidad. ERC es ya el pragmatismo y la institucionalidad.

Lo demás resultó una burda instrumentalización del PP de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que irá seguida de una nueva entrega en la comisión de investigación sobre el “caso Koldo” con la que la derecha pretende contraprogramar la constituida en el Congreso sobre la venta de mascarillas durante la pandemia en todas las admnistraciones públicas. Sin embargo, esta vez la llamada a rebato entre los líderes autonómicos no surtió el efecto deseado. Faltaron cinco. Quizá los ausentes no vean colisión alguna con las competencias autonómicas. Quizá no quieran formar parte del choque de legitimidades que el PP ha abierto entre el Senado y el Congreso. O quizá sencillamente es que, como el andaluz Juanma Moreno, piensen que “hay vida más allá de la amnistía” y que los españoles de los distintos territorios tienen preocupaciones diferentes al olvido penal.  

El caso es que el presidente de Andalucía no acudió a la cita y prefirió compartir agenda con Pedro Sánchez en Sevilla. Y tampoco estuvo el gallego Alfonso Rueda, ni la balear Marga Prohens, ni la cántabra María José Sáenz de Buruaga, ni el riojano Gonzalo Capellán. Todos se dieron mus y delegaron su representación en sus consejeros. Así que la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que está en horas bajas por el escándalo de los delitos fiscales por los que se investiga a su pareja, se autoerigió con escaso éxito como jefa de la expedición popular que usa la Cámara Alta como un instrumento partidista al servicio de los intereses de sus siglas. Y, además, de tirar del argumentario habitual para alertar de la destrucción de la nación, de un golpe contra la democracia y contra el estado de derecho, acusó a Sanchez de blanquear “el plan criminal ensoñado por ETA”. No hay nada peor que la exageración para dinamitar un debate serio.

Sin el terrorismo, la reina de Sol no es nada. No hay declaración en la que no hable de la banda que dejó de existir hace ya más de diez años. Su tono, además de sus formas, son tan dolientes, tan apocalípticas y tan exageradas que cada vez que interpreta esa partitura acaba de protagonista de una ópera bufa. Cuanto mayor es la sobreactuación, más visible es su trivialidad y más notoria su incapacidad oratoria. Y eso que, aunque el Reglamento del Senado es explícito y en su artículo 84 establece que los discursos de los intervinientes no podrán en ningún caso ser leídos, ella reprodujo hasta las comas que llevaba por escrito. 

Podrá pasar a la historia por su aplastante superioridad electoral, por defender la libertad de los madrileños para beber cañas, por su descaro y chabacanería, por usar los medios humanos y materiales de la administración regional para la defensa de su pareja –defraudador fiscal confeso y acreditado comisionista–, pero no por su inspiradora oratoria. 

La inequívoca estrategia del PP de intentar prolongar el desgaste que el PSOE acusa ya en las encuestas hasta junio que se celebren las elecciones europeas este lunes resultó baldía. Por las sonadas ausencias de sus barones, porque el Gobierno no se prestó a la opereta y porque hay algo mucho peor que resultar insustancial, y es serlo en tiempos dramáticos como los que vive hoy la política. Y lo de Feijóo que ya es un émulo de Ayuso, no es anecdótico ni ocasional, sino que más bien empieza a ser su habitual manera de hacer política. Lo de que negar al Congreso la legitimidad que sí confiere al Senado para hablar y aprobar según qué asuntos es de primero de Constitución y democracia.