Las pensiones, una razón más para echar a Rajoy
Dos noticias de las últimas horas. Una dice que el gobierno ha anunciado que prestará 15.000 millones a la Seguridad Social a fin de que ésta pueda pagar las pensiones en 2018. La otra la ha proporcionado pocas horas después el secretario general del PSOE proponiendo crear un impuesto a la banca que recaudaría 1.000 millones que se destinarían a sostener el sistema de pensiones. Y así, aunque las primeras siguen copadas con las especulaciones -y nada más que eso- que se hacen sobre el futuro de la crisis catalana, en el escenario público español se vuelve a hablar del problema de las jubilaciones. Seguramente con pocos resultados. Porque los intereses que han llevado a posponer el debate político sobre el asunto van a seguir ahí. Cuando menos hasta que haya elecciones.
Bastaría esa dejadez injustificable para exigir que Mariano Rajoy y los suyos dejaran el gobierno. Porque prácticamente desde que llegó al poder, mes tras mes, sin pausa, surgen indicios, cada vez más claros, de que el sistema español de pensiones está en crisis y de que su futuro, cuando menos a medio plazo, está seriamente comprometido, a menos de que tomen medidas que frenen la deriva que ha emprendido. Y el gobierno no ha hecho nada en todo ese tiempo, salvo incumplir reiteradamente su compromiso público de que convocaría la mesa del Pacto de Toledo para acordar con los partidos políticos y los sindicatos y organizaciones empresariales las decisiones a tomar.
Dado que el gobierno no quiere tratar la cuestión, los medios de comunicación adictos no dicen una palabra al respecto. Pero, a pesar de ello, la gente sigue hablando, y mucho, de pensiones. Sobre todo, los pensionistas y quienes están cerca de serlo. Y cada vez más. La inquietud es creciente. Las noticias sobre la reducción sistemática, hasta su reciente desaparición, del fondo de pensiones han generado angustia en millones de personas. Basta escuchar un poco lo que se dice en los sitios donde se junta la gente mayor para comprender la intensidad de esas inquietudes.
Se habla del riesgo de que un día dejen de pagar las pensiones. O de que las recorten drásticamente. En un país en el que no hace tanto tiempo que las prestaciones por jubilación llegaban solo a una minoría, lo cual ocurría antes de los gobiernos de Felipe González, ese fantasma parece mucho más real que, por ejemplo, en una Alemania que creó el sistema en torno a 1880. Y el silencio del gobierno agrava los temores.
Rajoy debió de quedarse contento cuando en 2013, con la mayoría absoluta del parlamento, hizo la reforma del sistema cuya medida estelar fue la de fijar en un 0,25 anual la revalorización de las prestaciones. Y nadie dijo nada. El PSOE calló porque Zapatero había congelado poco antes las pensiones. Podemos todavía no había hecho acto de presencia. Y el 0,25 se ha quedado ahí. Seguramente para siempre.
En su corto tiempo de vigencia ese tope ha provocado la reducción entre un 7 y un 8% de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Para quienes perciben de 1.300 euros mensuales para arriba ese recorte puede ser asumible. Pero, ¿y para los que cobran por debajo de esa cantidad? ¿Y, sobre todo, para aquellos, y aquellas, que muchas son viudas, que reciben de 600 para abajo, hasta 400 y poco más?
Ese es tal vez el drama más oculto de nuestra realidad social. No es tan difícil conocer cómo se sobrevive con cantidades como las citadas. Basta con acercarse a las agrupaciones de pensionistas de los barrios para escuchar relatos estremecedores de la escasez que padecen muchos de nuestros mayores. Pero a los mayores periódicos y cadenas de televisión nada de eso les interesa. Y no sale. No sea que rompa la estúpida cantilena de que todo va bien en España.
El PP es el primer interesado en que de las pensiones se hable lo menos posible. Porque una parte importante de los votos que aún obtiene en las elecciones procede de los jubilados. Y reconocer abiertamente que el sistema tiene problemas puede llevar a más de uno a pensarse su voto. El PSOE no deja de estar aquejado, puede que en medida algo menor, de esa dificultad. Y más si uno u otro tienen que proponer medidas que inevitablemente van a ser, como se dice, “impopulares”.
Porque, más allá de la mucha ideología interesada que hay en el debate entre los especialistas, parece indiscutible que el sistema está gravemente tocado y que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir a medio plazo si no es sometido a importantes modificaciones. Porque el aumento drástico de la esperanza de vida que se ha registrado en las últimas dos o tres décadas ha disparado el número de perceptores por encima del de los cotizantes. Porque se gasta más de lo que se ingresa y la brecha crece imparable, ampliada también por los bajos salarios y cotizaciones de los nuevos contratados.
Frente a esas realidades insoslayables no valen utopías ni buenas intenciones, ni mucho menos añoranzas de un pasado que fue mejor. Hay que asumir que vienen tiempos duros para las pensiones. Que todas las soluciones que proponen los expertos -reducción de las percepciones, aumento de las cotizaciones, una nueva elevación de la edad de jubilación- son dolorosas. Más para unos que para otros.
Y si este país volviera a la cordura y la gente votara por lo que de verdad le interesa, las próximas elecciones deberían servir para escoger a quienes pueden afrontar el reto de esa reforma imprescindible teniendo en cuenta las necesidades de los pensionistas, sobre todo de los que menos dinero perciben. Y pensando también que la garantía del futuro del sistema no sólo depende de las reformas que se puedan hacer dentro del mismo, sino de otras iniciativas.
Del tipo de la que este viernes ha propuesto Pedro Sánchez. Es decir, gravando a quienes más se benefician de la laxitud fiscal y de todo tipo que domina el panorama de la economía española. La más desigual de Europa, la que tiene el doble de multimillonarios que antes de la crisis. Pero, ¿por qué sólo a la banca y no a todo el IBEX, y a las eléctricas, a los gigantes de Internet y a todos los intermediarios que se están forrando en la bolsa y en los demás mercados y a los que el gobierno y los medios protegen si no es que dependen de ellos?
