De cómo el PP obstruyó la Justicia

Luis Bárcenas en la comisión del Congreso de los diputados sobre la financiación ilegal del PP, en 2017

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“Una vertiente inherente a la psicología de los periodistas es sentir una curiosidad más fuerte por los monstruos que por los enemigos de los monstruos”

J.F. Revel

El riesgo de repetir la historia no está en no recordarla sino en no comprenderla, decía tajante Giglioli. El riesgo también reside, añado yo, en recordarla plagada de falsedad, lo que constituye un componente decisivo para no entenderla. El tiempo, sin embargo, ayuda a desnudar la verdad, sobre todo cuando los interesados en sepultarla han perdido poder o han girado las tornas.

En el impresionante y terrible entramado de corrupción creado por el Partido Popular estamos descubriendo una corrupción institucional generalizada. El Partido Popular y sus líderes no solo delinquieron, nos dice la Fiscalía, sino que pusieron a su servicio todos los recursos, ya no del partido, sino del propio Estado para obstruir a la Justicia cuando esta intentaba esclarecer y perseguir esos delitos. Ahora que nos ponen delante el hecho de que un ministro del Interior, un secretario de Estado, mandados por quien podía, utilizaron a 71 policías y más de 50.000 euros del erario público para neutralizar el peligro que Bárcenas suponía para ellos ¿alguien va a dudar también de cómo utilizaron sus largos tentáculos en la Justicia para boicotear investigaciones, dormir instructores e intentar paralizar los esfuerzos destinados a identificar, juzgar y condenar a los culpables?

Desde el pasado se proyectan los hechos como con una lámpara. Hace unas horas hemos leído cómo el juez De la Mata –titular del Juzgado Central de Instrucción 5– acaba de escribir en un auto que "existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal entre los contratos públicos y las entregas de dinero al Partido Popular" que se encuentran recogidas en los llamados 'Papeles de Bárcenas'. Nadie ha puesto hoy día el grito en el cielo por una afirmación como esta que responde a una pregunta lógica: ¿por qué los empresarios pasaban generosamente por la Caja B de Bárcenas y luego curiosamente recibían jugosos contratos públicos? Es el momento de explicar que si esto lo escribe De la Mata en 2020, prorrogando la instrucción un año más, no deja de ser porque Pablo Ruz archivó en 2015, por falta de indicios, una investigación que podía haber salido adelante en 2013 pero que el Partido Popular se encargó de dinamitar. Voy a hablarles de cómo se puso en marcha la maquinaria previamente engrasada para manejar la Justicia a su antojo. Quizá ahora todo se entienda mucho mejor.

Los 'Papeles de Bárcenas' se publicaron en enero de 2013 y el paso siguiente era judicializar la investigación periodística. Sólo unos días después, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que no admitía ninguna conexidad entre el Caso Gürtel y los papeles publicados con la contabilidad B de Bárcenas y se desentendía de ellos. Fue así como IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que pasó a turno de reparto y recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 –JCI 3–, abriéndose diligencias previas el 1 de marzo. Cuando su titular entonces, Gómez Bermúdez, hizo los primeros movimientos para instruirlo, se abrieron todas las cajas de los truenos. El juez no solo pidió a las empresas constructoras copia de todas los trabajos realizados para administraciones del PP entre 2002 y 2009 sino que citó a los responsables de las constructoras Sando, Azvy, OHL, Sacyr Vallehermoso, Hispánica, Aldesa, Fomento de Construcciones y Contratas y Rubau y escribió en una exposición de motivos que "en España los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal, aunque según el relato de la querella, el PP como beneficiario de las donaciones se ve afectado. La sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos lo situaría como tercero partícipe". Ahora que M. Rajoy ha perdido el poder precisamente tras ser el PP considerado tercero partícipe a título lucrativo, quizá se entienda mejor el escalofrío de terror. El juez pedía ademas a Hacienda copia de las contrataciones públicas de esas empresas, entre otras diligencias, en el plazo de siete días.

No se puede asegurar si bastó con esta perspectiva o si se corrió la voz de que el magistrado pensaba registrar los despachos de los constructores justo tras sus declaraciones o, incluso, que no era improbable que Bárcenas acabara en prisión –algo que entonces les aterraba–, el caso es que la Fiscalía Anticorrupción, en la persona de Antonio Romeral, comenzó una bestial ofensiva para sacar el asunto del juzgado de Gómez Bermúdez. A la opinión pública se le vendió, ya suponemos desde dónde, como una pelea personal entre los dos jueces instructores en la que el juez mediático quería quitarle al pobre Ruz un caso de su competencia. Nada más falso: Ruz había previamente desestimado su competencia a principios de febrero y Bermúdez no era titular del juzgado que ocupaba Ruz interinamente por su propio gusto, puesto que el JCI 3 y el JCI 5 salieron a concurso a la vez y él tenía como ex presidente de Sala prioridad para cualquiera de ellos. No eligió el que contenía ya Gürtel, así que fue un prodigio de manipulación pública pretender que luchaba como gato panza arriba por meter mano a un caso del PP.

Para llevar el caso al juez que consideraban más propicio –lógico pues Ruz no era titular y debía ser "renovado" cada seis meses por un CGPJ conservador–, Anticorrupción llegó a decir que las diligencias pedidas eran "innecesarias y desproporcionadas" y que el juez Bermúdez se dedicaba con sus diligencias "al ámbito de la picaresca procesal para distraer al Ministerio Fiscal". Tanta fue la distracción que fue el fiscal el que pidió a la Sala que impidiera la declaración de Barcenas ante Bermúdez. Un tribunal formado por Ángel Hurtado –¡ay, mírenlo presidir el interrogatorio en juicio de Rajoy!– y por Enrique López y Julio de Diego, en poco más de un folio anuló la citación para declarar ya que "puede ser en otro momento". ¿Alguien va a dudar hoy cuando Enrique López es consejero de Justicia de Ayuso y secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, que ya entonces movía los hilos de sus amos? Mal no le iba, había llegado hasta la Sala de la Audiencia Nacional sin haber puesto una sola sentencia por delito en su vida. Por esa decisión, no sólo les presentaron a los tres una querella por prevaricación, que acabó en la papelera como imaginan, sino que se llegó a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente López fue luego recusado de la Gürtel al aceptarse esa relación con el PP.

El juez del JCI 3 luchó lo que pudo por sacar adelante una investigación con todo el brío, pero un auto de folio y medio de la Sección Tercera, presidida por Alfonso Guevara y con un voto particular de Clara Bayarri, le entregó el caso a Ruz. Entre los Papeles de Bárcenas y el caso Gürtel no había ninguna conexidad, como el propio Ruz demostró al instruirlos de forma totalmente separada hasta sobreseerlo todo menos lo que se refería a las obras de la sede de Génova. Ruz tenía como virtud instruir de la mano del fiscal Romeral –que aspiraba a jefe de Anticorrupción– y aún así tampoco dio el juego esperado y acabó fuera de la Audiencia Nacional, para la que no tenía número de escalafón ni de lejos. Fue su sucesor ya con plaza, De la Mata, el que revertió ese archivo y ahora nos anuncia que va a seguir escarbando. El Partido Popular se había quitado así un juez que consideraba incómodo en un más que turbio episodio.

Hubo mas capítulos y este diario se los contó. Así, por ejemplo, cuando Francisco Correa pretendió tirar de la manta para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Para aceptar el trato, las acusaciones populares pidieron que Correa hiciera una exposición pública de lo sucedido en un medio de comunicación. Fue Ignacio Escolar quien recibió esa confesión. Pues bien, cuando ese acuerdo para que Correa hablara e implicara a otros estaba casi gestado, apareció en escena el abogado Javier Iglesias, y todo fue marcha atrás. Interviú llegó a publicar que Correa había recibido "un carro de billetes". De este abogado, bajo el mote de "Javier, el Largo" oirán hablar mucho en el Caso Kitchen. Recuerden también el Caso Ordenadores, en el que el PP se jugaba esta vez sí, tras la reforma de la ley, la condena del propio partido, y cómo misteriosamente el propio Bárcenas se aquietó y retiró su acusación para dejar solas a las acusaciones populares. Esa absolución providencial les salvó el pellejo. Veremos qué pasa ahora con Francisco Martínez y si, de pronto, calla.

Lo nauseabundo de toda esta historia va a ser conocer cómo el Partido Popular consiguió poner a su servicio los mecanismos más delicados del Estado y cómo, ellos que tanto hablan de Constitución y de separación de poderes, no dudaron en obstruir el avance de la Justicia de todos los modos a su alcance. Eso es lo más grave. Más grave que cualquier otro chanchullo o mangui del que nos hablen o hayamos oído hablar. Usaron a los defensores de la ley para burlar la ley.

Sería deseable que la Comisión de Investigación en el Congreso tuviera la altura de miras necesaria para no ser un mero proveedor de titulares y que consiguiera desentrañar hasta qué punto se llegaron a agusanar y prostituir los pilares básicos del Estado de Derecho.

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Publicado el
12 de septiembre de 2020 - 22:23 h

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