Las mujeres frente a 'El Proceso'. La aplicación kafkiana de la Ley contra la Violencia de Género

Uno de los grandes aciertos de la Ley contra la Violencia de Género fue el de vincular esta forma de violencia con el patriarcado, la misoginia y el sexismo que las mujeres sufren a diario, ofreciendo a las víctimas no sólo una protección penal reforzada, sino una batería de derechos específicos que hasta ese momento no se había contemplado. Y sin embargo, lamentablemente, lo que muestran los datos lacerantes que manejamos hoy, es que la aplicación práctica de esta ley no ha cambiado la realidad diaria de cientos de mujeres en España. Sólo en lo que va de año, han sido 21 las mujeres asesinadas (han dejado 12 huérfanos), y lo más sorprendente es que las denuncias por violencia de género se han venido moviendo continuamente a la baja. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no denuncian las mujeres?

Ya en su momento, la Macroencuesta sobre violencia de género de 2011 mostró que la violencia oculta, es decir, la violencia no denunciada, pero detectada a través de estudios estadísticos, representaba el 73% del total de los abusos. Y de hecho, de las 54 mujeres asesinadas en 2013, solo 11 habían presentado denuncia. Es más, según el Consejo General del Poder Judicial, en este mismo año, 12.74% de las denuncias presentadas fueron finalmente retiradas. ¿Qué está fallando?

Por supuesto, siempre es difícil delimitar con claridad las causas de cualquier fenómeno de este tipo, pero me parece que algunas ya se pueden apuntar sin miedo a equivocarse.

- Recortes evidentes en programas de concienciación y prevención social (30% menos en tres años), así como en ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente, solo recibe apoyo un 17% de las mujeres que lo solicita, a pesar de que muchas de ellas dependen económicamente de sus parejas o exparejas, y están sometidas, por lo tanto, a diferentes formas de violencia económica.

- Trabas en la asistencia letrada. Turnos infradotados y desiguales debido a los recortes presupuestarios y a la ausencia de un acuerdo interinstitucional (entre la Administración central, autonómica y local) acerca de estándares mínimos de protección, lo que significa que los derechos de las mujeres no están igualmente garantizados en todo el territorio español. Mientras algunas CCAA han cerrado, por ejemplo, los Puntos de Encuentro Familiar, que son esenciales, otras los han mantenido. Y las diferencias, por supuesto, no acaban aquí.

- Falta de especialización y de formación de los operadores jurídicos. De hecho, aunque hay muchos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hay muy pocos Juzgados de lo Penal especializados, que son los que dictan el 90% de las sentencias por violencia de género.

- Trato inadecuado y discriminatorio hacia las denunciantes. Las mujeres suelen ser compelidas a ceñir su relato a la última agresión, lo que disminuye la calidad de su defensa, reduce la calificación de los hechos, y dificulta la consideración de lo sufrido como “violencia habitual”. ¿No resulta sospechoso que este tipo de delitos represente sólo el 11% de los instruidos en los juzgados especializados?

- Contradenuncias por parte del agresor. Se trata de una estrategia de impunidad muy utilizada, que a veces le sirve, incluso, para “negociar” con la víctima y evitar su comparecencia en juicio. En el año 2011, 509 mujeres fueron condenadas a penas muy similares a las de sus agresores. Según el Informe del Consejo General del Poder Judicial de ese mismo año, tres de las mujeres asesinadas en 2010 habían sido denunciadas por sus homicidas. Huelga todo comentario.

- Denegación de órdenes de protección para mujeres en riesgo (en 2011 el 36.8% de las peticiones fueron rechazadas). El miedo atroz a la reacción violenta del agresor denunciado (también contra sus hijos/as) anima a muchas mujeres a permanecer en silencio o, incluso, a retirar la denuncia una vez interpuesta.

- Abultado número de sobreseimientos judiciales (crecieron en un 64% entre 2006 y 2011). El sobreseimiento o la absolución estimula a los agresores a volver a abusar de sus víctimas. Las sentencias absolutorias en el año 2013 representaron en España prácticamente la mitad (49.35%) de las dictadas en el ámbito penal.

Por supuesto, oficialmente, la mayor parte de estas sentencias se dictan por falta de pruebas, pero el problema es, más bien, la falta de diligencia que muestran los juzgados en la investigación de oficio. Al final son las mujeres las que han de aportar evidencias y promover actuaciones a fin de que las investigaciones avancen, especialmente, si no estamos frente a un caso de violencia física reciente y con parte de lesiones.

Resulta increíble que en España, tanto el Tribunal Supremo, como algunos jueces, hayan llegado a exigir que la mujer acredite que la conducta agresora presenta rasgos distintivos de discriminación por razón de sexo. O sea, que existe una relación de dominación machista reiterada. Pero, ¿cómo se demuestra eso? ¿Por qué no es suficiente que existan antecedentes acreditados de agresión? ¿Y si hablamos de violencia psicológica o sexual? Es completamente siniestro. Sobre todo cuando esta prueba ni siquiera está contemplada en la ley, y nuestro Código Penal no la ha exigido nunca en el ámbito de la violencia física habitual en el espacio doméstico.

En fin, lo que no se puede obviar es que los casos de violencia de género suelen ser el fruto de una violencia habitual, generalmente, psicológica y sexual, que surge en un contexto de miedo, control y poder, y no es de recibo que, sabiendo esto, el proceso probatorio acabe dejando la responsabilidad de la condena en manos de las víctimas. Machacadas como están, sin apenas autoestima, ni refuerzo, el calvario judicial forma parte de esa estructura asfixiante y patriarcal de la que tanto les ha costado salir. Cuando logran superar el aislamiento y el bloqueo en el que han vivido enterradas, el proceso viene a revictimizarlas una y otra vez, como en aquella novela perfectamente inacabada de Franz Kafka. Lo cierto es que con este panorama tan dantesco, no resulta extraño que para muchas sea más fácil recular o, simplemente, desnaturalizar la violencia de la que son objeto, aunque las sigamos señalando por ser cómplices, encubridoras, cobardes o enfermas.