¿Puede el auto del juez Ruz hacer tambalear las relaciones entre España y Marruecos?

Said Jedidi es periodista y antiguo jefe de redacción del telediario en español de la televisión marroquí.

Hamid Bellahcene es politólogo marroquí afincado en Madrid

Justo cuando los medios de comunicación españoles daban la noticia del auto del juez Pablo Ruz en la cual se procesa a 11 altos cargos políticos y militares marroquíes, el primer ministro francés, Manuel Valls, mantenía una rueda de prensa en Rabat con su homólogo marroquí, Abdelilah Benkirane. En las declaraciones del ministro francés se notaba un acento conciliador, un tono empleado por los franceses para recuperar la confianza de Rabat que estuvo a punto de perder meses atrás: “Nuestros malentendidos son cosa del pasado”.

Marroquíes y franceses expresaron su deseo de cerrar el capítulo de la crisis que tuvo alejados a los dos países desde que la justicia francesa quiso interrogar a Abdellatif Hammouchi, nada menos que el jefe de la Inteligencia marroquí. Rabat fue muy lejos en sus represalias y decidió diversificar sus socios y aliados alejándose del paraguas de París o por lo menos jugó esa carta que a la larga está dando sus frutos. De las declaraciones de Manuel Valls casi se puede leer un “lo siento, no volverá a pasar”.

Eso sí, tuvieron que pasar muchos meses, hasta los atentados terroristas que tuvieron lugar en la capital francesa el 7 de enero, para que en ese momento los responsables franceses volvieran a replantarse la cooperación con Marruecos. Ese país es un socio indispensable en la lucha antiterrorista, aunque no solo.

Cuando las relaciones entre franceses y marroquíes parecían pasar por su peor momento en mucho tiempo, con España las cosas eran totalmente distintas. La relación entre Rabat y Madrid nunca había sido tan buena. El ministro español de Exteriores lo dejó claro en la primera visita del rey Felipe VI a Rabat. José Manuel García Margallo afirmó que las relaciones entre ambos países son “las mejores de la historia” y los periódicos marroquíes se atrevían con titulares tales como “¿Puede ser España un socio alternativo a Francia para Marruecos?”, algo que a nivel económico parecía ir en esa dirección.

Los intercambios económicos reflejaban una realidad que se iba consolidando año tras año. En 2012 España era ya el primer proveedor de Marruecos, por delante de Francia que históricamente siempre fue el primer socio económico de Rabat.

Los intereses económicos lograron lo que la diplomacia fue incapaz de hacer, acercar posturas y neutralizar y apartar los temas conflictivos. En esto ayudó el hecho de que la relación con Marruecos fuese política de Estado. No influyó la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, porque no rompió con las políticas de Zapatero. El embajador Alberto Navarro siguió desempeñando su función en Rabat casi dos años después la victoria del Partido Popular en las eleciones generales de 2011.

Al auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no parece afectar en nada la reforma que el Gobierno español introdujo en el sistema jurídico en marzo del año pasado, la cual parecía poner fin o por lo menos dificultar la puesta en marcha de procesos judiciales que persigan los delitos cometidos fuera del territorio nacional. Tanto activistas de derechos humanos como medios de comunicación españoles alertaban del peligro que suponía dicha reforma para la llamada justicia universal. Muchos afirmaban que las presiones chinas estaban detrás la decisión del Gobierno, que quiere evitar conflictos diplomáticos, especialmente aquellos que pueden perjudicar los intereses económicos de España en una coyuntura como la que atraviesa el país actualmente.

La diplomacia marroquí ha aprovechado la visita del primer ministro francés para conseguir apoyos para su eterna causa nacional, el Sahara. El Consejo de Seguridad de la ONU del que España es miembro no permanente debate la próxima semana la posibilidad de prorrogar el mandato de la Minurso, algo que Rabat quiere que pase en condiciones óptimas y lejos de polémicas que puedan hacer daño a los esfuerzos de su diplomacia estos días en Nueva York.  

En el telediario de la televisión pública de Marruecos lo que sucedía en Madrid no fue noticia. Lo fue sin embargo la rehabilitación de las relaciones con París que ocuparon los titulares y también lo fue la tercera ronda del diálogo estratégico que Marruecos y Estados Unidos mantuvieron el jueves en Washington, presidida por el ministro de Exteriores marroquí,  Salahedine Mezouar, y el secretario de Estado, John Kerry. Los temas tratados fueron varios, pero sobre todo el Sahara, la lucha antiterrorista y la economía, en este orden.

A nivel oficial Marruecos calculará detalladamente los pasos a dar y la respuesta adecuada al auto del juez Pablo Ruz. No conviene convertirlo en una crisis diplomática que lleve a una ruptura entre Madrid y Rabat. Los intereses que se juegan ambas naciones son enormes y no solo los económicos: la seguridad de las fronteras españolas depende mucho de la colaboración marroquí y el esfuerzo realizado por los vecinos norteafricanos para contener la inmigración ilegal. A su vez, en la lucha antiterrorista Marruecos ha demostrado ser un socio útil no solo por su capacidad operativa sobre el terreno (a nivel de inteligencia y prevención del radicalismo), sino también porque la cooperación hispano-marroquí en dicho tema está en su mejor momento, está dando frutos y hay que profundizarla para hacer frente al cada vez más inminente peligro del llamado Estado Islámico.

Ahora cabría preguntarse, ¿es casualidad que la causa abierta por el juez español sea justo ahora? Una causa que pretende juzgar la guerra que mantuvo Marruecos con el Frente Polisario entre los años 1975-1992 y en la cual murieron, como en todas las guerras, víctimas en ambos lados. La justicia española no es la más indicada para juzgar conflictos armados de una complejidad política enorme, porque primero habría que saldar la deuda que se tiene en casa, de la Guerra Civil y los crímenes cometidos por el régimen del general Francisco Franco. No se puede pretender hacer justicia en el Sahara mientras las víctimas de Franco siguen protestando todos los años para se reconozca su derecho a que los verdugos de sus abuelos sean juzgados en tribunales españoles.

Por último, cabría preguntarse también por las reacciones en Madrid. Esta mañana el BOE avanzaba la marcha del juez Pablo Ruz del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ocupa el puesto en comisión de servicios después de denegarle la solicitud de prórroga de seis meses para seguir con los polémicos casos de la trama Gürtel y el caso Neymar entre otros. Todo hace pensar que el anuncio de la marcha del juez tiene mucho que ver con el proceso abierto contra los responsables marroquíes, también con el pulso que mantiene un sector de la justicia con el poder político pero éste es otro tema.

Las autoridades marroquíes tienen toda su atención puesta sobre lo que haga o no el ministro García Margallo porque será clava para entender las futuras reacciones y las posibles medidas que adoptará Rabat.