No queda margen para más astucia

La anterior legislatura del Parlament de Catalunya se caracterizó por el uso y abuso de la astucia como estrategia política por parte de la mayoría independentista. Hasta el punto de que la astucia se convirtió en engaño –un gran autoengaño colectivo– y la ilusión –legítima– en una gran ficción. 

La astucia sirvió a la mayoría para sostener una gran ilusión, construida durante muchos años de movilización masiva y sostenida, e impedir que ese río de ilusión se convirtiera en frustración. Se generó la ficción de que un referéndum pactado no era factible y en cambio una declaración unilateral de independencia sí. Y que la astucia permitiría eludir las actuaciones del Gobierno español y las resoluciones de los Tribunales. 

Gracias a un buen acompañamiento mediático consiguieron que una buena parte de la ciudadanía compartiera, hiciera suya y diera por buena esta estrategia. Los meses de setiembre y octubre vieron cómo la astucia se convertía en la gran protagonista de las sesiones parlamentarias y en la virtud política más apreciada entre el independentismo. Reforma exprés del Reglamento, aprobaciones de las Leyes del referéndum y de Transitoriedad con una “astuta” vulneración de la legalidad, catalana y española. Negación “astuta” de los derechos de los grupos parlamentarios. 

Así hasta el desenlace final del 27 de octubre, en el que la astucia alcanzó su cenit con una declaración unilateral de independencia que se presentó ante la ciudadanía, que estaba en las puertas del Parlament y en las plazas de ciudades y pueblos, como una decisión jurídica y políticamente vinculante, que daba paso a la creación de la República catalana. Mientras, en ese mismo momento, los miembros independentistas de la Mesa advertían, en el acta de la reunión que la admitió a trámite, que esa resolución no tenía ningún efecto jurídico.

Era tal la adicción de la mayoría parlamentaria a la astucia que alguien pensó que se podía engañar astutamente a todo el mundo al mismo tiempo. 

Ese no era un juego nuevo, el Parlament de Catalunya llevaba años jugando al gato y al ratón con el Tribunal Constitucional, al menos desde el año 2013. La misma resolución 1/XI de 9 de noviembre del 2015 fue defendida por el Parlament ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que solo tenía efectos declarativos, mientras al mismo tiempo los independentistas se paseaban por toda Catalunya presentándola como la resolución que abría las puertas a la independencia y a la república catalana. 

Al final la estrategia de la astucia ha conducido a Catalunya a un callejón sin salida y ha acabado teniendo graves consecuencias políticas y mucho me temo que penales. He expresado desde el principio mi opinión contraria a que se tipifiquen como rebelión los hechos que se imputan a los Consellers y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Entre otras cosas porque ello nos llevaría al absurdo (reductio ad absurdum) de dar la misma tipificación penal a los actos imputados a los dirigentes independentistas que al golpe de estado del 23-F o al golpe fascista de Franco. También he expresado mi opinión jurídica contraria a que en este caso quepa la prisión provisional sin fianza. 

Pero no debería perderse de vista algo que ha destacado el reciente Auto del Tribunal Supremo, en el que se ratifica la prisión de Oriol Junqueras. Durante dos años se han estado aprobando resoluciones y tomando decisiones que no solo son ilegales, sino que tienen relevancia penal. Estos días me he preguntado si es posible que en ese doble juego de la astucia, ni sus propios protagonistas fueran conscientes de las consecuencias que ello podía conllevar. Eso es lo que parece desprenderse de sus declaraciones judiciales. 

Este recordatorio, de hechos muy recientes pero que parece algunos quieren olvidar, viene a cuento porque después de las elecciones del 21D y de la renovación de la mayoría independentista hay quien cree, especialmente Puigdemont y quienes le siguen de manera ciega, que la astucia puede continuar siendo una buena estrategia. 

Actúan como si consideraran que la ciudadanía con su voto ha avalado su “astuta” estrategia y les impulsa a continuar usándola. Solo así se entiende que pretendan repetir miméticamente el comportamiento de la anterior legislatura. Filtrar a los medios afines las “astutas” actuaciones que tiene previstas para evitar las dificultades legales y políticas de sus actuaciones. Y normalizarlas entre sus partidarios, para que parezcan razonables y viables. 

Pensar, a estas alturas, que se puede impedir la constitución del Parlament por la vía de ausentarse el día previsto para la sesión constitutiva o que la sesión de investidura se puede celebrar sin la presencia física del candidato y la presentación personal de su programa supone reincidir peligrosamente en la astucia como gran estrategia. Algunos pueden pensar que están en condiciones de repetir sus “astutas” jugadas, pero solo es una apariencia, porque la realidad hoy es muy distinta. Lo es en el terreno legal, político y penal. 

Es imposible defender legalmente la no constitución del Parlament y su bloqueo por la vía de la ausencia, en base al artículo 89 del Reglamento –el que exige el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para la adopción de acuerdos–. Entre otras cosas porque este artículo se refiere a las sesiones ordinarias y la de Constitución del Parlament tiene una reglas específicas que permiten incluso elegir a los Miembros de la Mesa por mayoría simple. Segundo porque, volviendo a la “reductio ad absurdum”, esa interpretación supondría legitimar que una parte de la cámara pudiera bloquear la constitución del Parlament. 

Sobre la investidura vía plasma, no existe ninguna interpretación del Reglamento que permita al candidato no comparecer y defender personalmente su programa de gobierno. No solo porque las ausencias justificadas están muy tasadas en el Reglamento, incluso para las sesiones ordinarias, mucho más para la investidura. Sino porque el propio Reglamento regula las dos únicas maneras en las que los diputados pueden dirigirse al Pleno, desde la Tribuna o desde su escaño, en ningún caso desde su casa o un hotel. No sé de dónde ha salido el peregrino argumento de que todo lo que no está expresamente prohibido esta permitido. Les sugiero que vuelvan a aplicar el sentido común de la reducción al absurdo a esta interpretación y verán la cantidad de cosas que podrían hacerse por no estar expresamente prohibidas. Es un argumento que no se aguanta ni un segundo, especialmente en el ámbito del Derecho Público. 

Tampoco es idéntica la situación en términos políticos. Parece que ERC esta saturada de astucia en el menú independentista. Así parece desprenderse de su llamada a tomar en consideración la opinión de los Letrados del Parlament sobre lo que puede o no hacerse. Me permitirán que no me sonría ante esta repentina conversión de ERC en relación a los Letrados, pero me limitaré a constatar que la astucia parece tener menos adeptos en esta nueva legislatura. Y eso es políticamente relevante. 

Hay un tercer argumento en el orden penal que espero que quienes impulsan esta estrategia no ignoren, después de lo que esta sucediendo en los Tribunales. Si cuando llueve sobre mojado hay mas riesgos de inundación, cuando la astucia riega los campos astutamente regados se corren riesgos penales importantes. Simplemente me limito a constatar que entre los delitos contra el orden público incluidos en el Titulo XXII del Código Penal se tipifican las actuaciones –no necesariamente violentas– que tengan como objetivo impedir el funcionamiento de las instituciones alzándose fuera de las vías legales. 

Esperemos que alguien le haga ver a Puigdemont que la astucia ya no da para más y que Catalunya no aguanta una nueva sobredosis de su pócima mágica.