La toma del Pazo de Meirás
Se acaban el tiempo y las excusas. Después de explicarnos a nosotros, humildes ciudadanos legos en derecho, que no había nada que hacer, que el Pazo de Meirás era de los Franco porque tenían título legítimo y que si empezábamos a cuestionar algo tan básico poníamos en peligro los fundamentos mismos de nuestra democracia, el Estado de Derecho y la clave de bóveda de la verdadera libertad, el derecho a la propiedad privada, ahora va y resulta que sí, sí se puede intentar tomar el Pazo de Meirás.
La Diputación de A Coruña tiene un informe de sus jurídicos demostrando que existe una vía jurídica sólida para que vuelva a manos públicas y que constata lo obvio; aun dando por buena la donación, ésta se realizó a la Jefatura del Estado y por tanto al patrimonio del Estado, no al patrimonio personal del dictador y su familia de saqueadores del erario público. La comisión de expertos creada por el Parlamento de Galicia se muestra “optimista” sobre las posibilidades de recuperar su titularidad pública y el portavoz del Partido Popular de Galicia, Pedro Puy, considera que no se puede tolerar que la familia del dictador haga negocio con una “donación” que tenía como objetivo que Franco pasase sus vacaciones en Galicia.
Qué habrá cambiado, se preguntarán ustedes para que lo que hasta ayer era imposible y reclamarlo era pura demagogia ahora, de repente, sea “sólido” y “posible”. La respuesta es nada, todo sigue igual: el estado de derecho sigue funcionando como siempre, el código civil es el mismo y los supuestos títulos legítimos de los Franco siguen exactamente igual de válidos.
La única novedad reside en que los Franco han puesto a la venta el pazo por ocho millones de Euros y hasta Núñez Feijóo y su gobierno se han dado cuenta que no pueden seguir de palanganeros de la familia del dictador, dándonos lecciones de libertad, derecho civil e historia, mientras los Franco se ríen en su cara y aumentan un poco más su ya cuantioso patrimonio: más de quinientos millones de euros en propiedades y bienes expropiados al Estado y a particulares durante la dictadura por los que nadie les ha pedido nunca explicaciones.
Si se vendiera el Pazo como pretende la familia, que hasta ayer mismo alegaba en su defensa el valor sentimental de Meirás, el robo perpetrado por los Franco sería doble: primero se atracó a los coruñeses forzándoles a pagar a escote la compra y ahora se les saquea poniendo a la venta un bien cultural robado, y eso es más de lo que cualquier democracia puede y debe soportar. Por eso las administraciones van a hacer ahora lo que era su deber haber ejecutado hace años: actuar para defender y reclamar el patrimonio público por todos los medios legales y administrativos a su alcance, en vez de partir de la asunción de que no había nada que hacer y los Franco tenían razón al proclamar la validez de sus títulos de propiedad.
Lo que parece que se disponen a hacer ahora con el Pazo de Meirás es exactamente lo mismo que deberían implementar las administraciones de todo el Estado con todos y cada uno de los euros del patrimonio de la familia Franco, reclamar el ingente patrimonio público que aún queda ilegítimamente en sus manos hasta que un juez diga lo contrario; eso sí que sería “guardar y hacer guardar” la Constitución.
