Vacunas para todas las personas, ¿o no reconocemos el derecho humano a la salud?

“No estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo”, dijo, según recogen diversos medios, el presidente Sánchez hace pocas horas en la reunión de líderes del G20, reclamando de esta manera un acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra la COVID-19. Y tiene razón: nadie puede estar a salvo si hay personas que pueden seguir contagiándose y contagiando al resto. Es, sin duda, un argumento, muy egoísta, sin duda, pero un argumento.

Hay, como veremos, argumentos mejores y sobre todo más coherentes y respetuosos de los derechos humanos de todas las personas, particularmente del derecho a la salud, esencial para la realización de otros muchos derechos.

En este sentido, quiero recordar que la OMS ha impulsado una iniciativa denominada COVAX, nutrida de fondos públicos, privados y de la filantropía, mediante la que, entre otros objetivos, trata de garantizar el acceso justo y equitativo a vacunas y tratamientos contra este virus en todos los países del planeta. Iniciativa que, sin embargo, aún no tiene garantía alguna de materialización efectiva, pues, tal como en la dicha reunión del G20 subrayaron Macron y Merkel, los fondos recaudados hasta este momento no son suficientes para alcanzar su objetivo y, en consecuencia, hacen falta más contribuciones al mecanismo COVAX, lo que no está aún asegurado.

Al mismo tiempo, llevamos varios días recibiendo noticias de laboratorios que habrían logrado vacunas eficaces y seguras, lo que ha tenido unas consecuencias inmediatas, con subida de las Bolsas, euforia económica, optimismo institucional y ciudadano –legítimos– de vencer al virus y las consiguientes carreras de los Estados por hacerse con un número de dosis suficientes para inmunizar a la mayor parte posible de “su” ciudadanía.

Carrera en la que, naturalmente, la UE y, por ende, España, están bien posicionadas, como también más países desarrollados, pues ya tienen contratados muchos millones de dosis de vacunas de los distintos laboratorios. Tanto que, para hacernos una idea de la situación real, según información de Oxfam, ya en el pasado mes de septiembre el 51% de las dosis de vacunas necesarias en el mundo estaban reservadas para países que reúnen solamente el 13% de la población mundial, entre ellos España, desde luego, para “tranquilidad” de “nuestra” ciudadanía y para encarar la necesaria recuperación de “nuestra” economía. 

Pero ¿qué va a pasar en el resto del mundo, en el mundo pobre?

En realidad, está pasando ya. En efecto, ha habido iniciativas diversas solicitando a la Organización Mundial del Comercio –OMC– y, concretamente, a su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –APDIC–, que se suspendan las patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual en relación con las vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías sobre la COVID-19 durante la pandemia hasta generalizar la cobertura de esta vacunación a nivel mundial y lograr la inmunidad de la mayoría de la población. 

Hay una expresa solicitud en tal sentido de India y Sudáfrica ante el APDIC. Petición que recibió en sus reuniones de los pasados 15 y 16 de octubre y de 20 de noviembre una respuesta negativa de los países ricos, entre ellos EEUU y otros y, ¡oh, sorpresa!, también la UE, habiéndose España posicionado en el mismo sentido, si bien es cierto que aún cabe la esperanza, pues en diciembre se tiene que celebrar una reunión formal y tomar una decisión definitiva. 

Esta iniciativa de suprimir temporalmente estas patentes ha sido ya apoyada por 100 países y ahora corresponde que lo sea por los restantes –entre ellos, los de la UE– y tiene un precedente importante en la epidemia del VIH/Sida, cuando, tras haberse dejado morir a millones de personas en los países pobres, hace 20 años, en la llamada 'Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública', se permitió eliminar estos obstáculos priorizando la salud pública y el derecho a la salud de todas las personas frente a los intereses comerciales y económicos, resultando así que los medicamentos genéricos para tratar esta enfermedad pudieron ser asequibles al ser fabricados sin que las patentes impidieran o limitaran su producción.

Asimismo, varios cientos de organizaciones de la sociedad civil –de ellas una veintena españolas, entre las que, permítanme la cita, la Fundación Anesvad cuyo Patronato tengo el honor y la responsabilidad de presidir– han dirigido una “carta abierta” en la que se pide al Parlamento Europeo que apoye dicha propuesta.

La salud es un derecho humano básico y las vacunas, medicamentos y tecnologías son elementos esenciales para hacerlo efectivo. Ninguna persona, ningún Estado ni ningún interés debieran poder impedirlo. Les cuento una historia real bien hermosa: Jonas SALK, fallecido en 1995, fue un virólogo investigador estadounidense que logró la primera vacuna eficaz contra la poliomelitis, considerada hasta 1955 el principal y más peligroso problema de salud pública en los EEUU de la época. Cuando se supo del éxito de sus investigaciones, fue entrevistado en una televisión y preguntado sobre la patente, a lo que SALK  respondió: “No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?”. Reflexionemos: ¿se puede patentar la salud de todas las personas?.

Es claro que no, como también lo es que estas investigaciones científicas debieran ser siempre impulsadas, patrocinadas, financiadas, gestionadas y explotadas por los Estados y la comunidad internacional, sirviendo a fines de interés general, sin perjuicio de la colaboración privada, así como que las patentes debieran ser públicas –justo lo contrario de lo que ahora ocurre–, en defensa de este universal derecho, máxime cuando, como en el caso de la COVID-19, ha habido importante colaboración pública para la investigación y desarrollo de las vacunas, incluida su financiación.

Ahora bien, si realmente en diciembre no se logra el objetivo de suspender las patentes de estas vacunas, ello nos mostrará una vez más, negro sobre blanco, la vergüenza de un primer mundo, de un mundo rico que, se quiera reconocer así o no, no está realmente a favor de la accesibilidad universal de las vacunas ni, por tanto, de la salud como derecho de todas las personas, y que nos hallamos en un auténtico “sálvese quien pueda” –y ya sabemos quién podrá y quién no– en el que, de nuevo, se antepondrá la economía y el beneficio empresarial a este derecho humano.

Y todo esto sin olvidar las dificultades para la vacunación contra otras enfermedades y su retroceso en muchos países este tiempo de pandemia, así como para lograr otras vacunas –por ejemplo, contra la malaria o paludismo, de la que enferman cada año más de 200 millones de personas y mueren más de 600.000, con mayor incidencia en el África subsahariana y en los grupos de población más vulnerables, como la primera infancia y las mujeres embarazadas–.

¿Hay alguien que dude todavía que si la COVID-19 afectara mayormente al mundo en desarrollo y no principalmente, según parece, al mundo rico, no estaríamos hoy hablando de vacunas en ciernes?

Corresponde, pues, a la ciudadanía de cada Estado de la UE –a la de España también, desde luego– reclamar, como lo hacen las iniciativas mencionadas, de sus Gobiernos, de sus Parlamentos y de sus representantes en el Parlamento Europeo una posición cabal, coherente y alineada con la efectividad del derecho a la salud de todas las personas en todos los lugares de nuestro planeta.