De Waterloo a Estrasburgo, ¿es justa una amnistía?

No desviemos el debate. La cuestión que nos ocupa en estos días no es tanto técnica –es constitucional, no lo es; se puede o no se puede– cuanto de justicia material. ¿Es justo amnistiar a los catalanes implicados en el procés? Si uno se ha sumergido en el relato instalado por la práctica totalidad de los partidos políticos durante los últimos siete años contestaría que no, que no lo es. Este es el problema que tiene el PSOE, que asumió el relato de que se trataba de delincuentes y de la defensa de la Razón de Estado casi desde el principio y ahora tiene que virar con una inercia demasiado grande. En el pecado llevan la penitencia, porque si hubieran sido coherentes, si hubieran mantenido al menos un prudente escepticismo respecto a la respuesta penal a un problema que ya había sido resuelto con la aplicación del 155, ahora no se verían como se ven. 

No voy a entrar en la posición de los partidos de derecha y de extrema derecha. España se rompe. Fue Rajoy, con su Fiscalía, quien derivó a la represión penal su ineficacia. Voy al papelón de los socialistas. Todavía en noviembre de 2018, más de 300 juristas, encabezados por los catedráticos de Derecho Penal de 35 universidades españolas, expusieron el grave “error” que suponía el intento de aplicar los delitos de rebelión y sedición a los acontecimientos vividos en Catalunya en 2017. Entre esas firmas las había de expertos próximos al socialismo. Si el PSOE en aquel momento no se hubiera posicionado totalmente a favor del relato que triunfaba en la opinión pública –las banderas, los balcones, los votos– los juristas no se hubieran retirado a sus grutas, los jueces que veían el desastre no se hubieran callado para no enfrentarse al Supremo ni perjudicar su carrera, el debate público hubiera tenido constancia de los problemas jurídicos que existían y ahora no parecería tan descabellado dar marcha atrás. Permítanme recordar que cabemos en un taxi los que a contracorriente seguimos contando cada paso anómalo del procedimiento. Por todas aporto las siguientes columnas de 2017: 'Es un escándalo', 'El Supremo se hace bola', 'Un auto que sonroja', 'No hace maldita falta', 'Puigdemont sorpassa a Maza'... y eso sólo de principio. Se puede hacer un librito con mis textos en este medio denunciando la espuria utilización del derecho penal.

La cuestión es que la impostura, llevada a cabo con aplausos durante siete años, topa ahora con la realidad tanto en Waterloo como en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de admitir ni más ni menos que nueve recursos contra la sentencia del procés. Europa va a revisar la actuación del Tribunal Supremo del Reino de España. Ya les adelanto que hay cuestiones en las que la justicia española lo tiene mal, como las referidas al juez predeterminado por la ley, la falta de certeza de la norma, la vulneración del derecho de defensa entre otras decisiones jurisdiccionales. No es que sea adivina, es que ya lo denunciamos y lo hubieran hecho también en voz más alta muchos juristas si no hubieran sido devorados por la espiral del silencio impuesta por los políticos. 

El nudo gordiano de la eventual ley de amnistía, que ya se negocia pero que no se conoce ni se reconoce, es que, frente al indulto, la amnistía supone admitir que el sistema obró mal, es decir, que la actuación de la justicia española con los catalanes fue represiva e injusta. Yo creo que fue así, pero insisto que esa no ha sido la apariencia de verdad que el relato político ha instalado. Bien mirado, si la amnistía no reconoce esa injusticia lo acabará haciendo el TEDH. Perdonen, pero llegados a este momento hay togas con nombres y apellidos que acabarán puestas en evidencia. No queda otra. O bien se da la amnistía –que es una enmienda total a su actuación– o bien Estrasburgo se lo frota por la cara. Pensándolo bien, la amnistía podría incluso evitar que fuera Europa la que nos aireara las vergüenzas. 

Hacer virar a un barco muy cargado demasiado rápido es una maniobra peligrosa. Eso exactamente es lo que tienen que hacer desde el PSOE. De hecho, las prisas se acumulan. El próximo día 6 de octubre expira el plazo para que el Reino de España informe al TEDH a través de la Abogacía del Estado sobre el recurso de Jordi Turull, que fue enviado a prisión preventiva entre la primera votación de su investidura como presidente de la Generalitat y la segunda, en la que había probabilidad de que saliera. Aquí se olvidan muy pronto las cosas, pero ese acto fue de una gravedad terrible. ¿Qué va a encargar el gobierno a la Abogacía del Estado que diga antes de que se haya llevado a efecto al investidura de Sánchez? ¿Van a respaldar la postura coherente con la amnistía que negocian o van a insistir en que estaba bien enviado a prisión cuando planean amnistiarlo?

Ahora sabemos bien que Azaña fue detenido y procesado espuriamente. Fue también un octubre de 1934 cuando el fiscal general de la República, a las órdenes de Lerroux, presentó querella contra él en el Tribunal Supremo por un inexistente delito de rebelión en Cataluña. Pareciera que en este país no han pasado ciertas cosas. Los tiempos no son los mismos. Ahora las trampas salen a la luz antes. Ahora estamos en los organismos internacionales y en el club de democracias occidentales. La respuesta constitucional al intento catalán de soslayar la ley era y fue la aplicación del artículo 155 que suponía la grave decisión en democracia de anular la voluntad popular disolviendo sus instituciones. Pareció poco. La cárcel en términos punitivistas y populistas mola más pero, amigos, tiene consecuencias a la larga. Así andamos.

Otra pregunta pertinente, llegados a este punto, consiste en analizar si una amnistía que es justa debe producirse a cambio de unos votos o debe regalarse para restablecer el orden. Cabe preguntarse también si una amnistía justa no debiera ser asumida también por el gran partido conservador, cuyos líderes fueron en realidad los causantes del entuerto. ¡Ay, los relatos! Un relato es una forma corta de ficción. De hecho uno de los escollos de la negociación de ese proyecto de ley de amnistía reside en la exposición de motivos. En una exposición de motivos no caben dos relatos contrapuestos y eso es lo que sucede exactamente con los negociadores. Otro problema de no haber sido fríos, coherentes y serios desde el principio. Ir siempre con la lengua fuera detrás de las encuestas y la opinión pública es lo que tiene. Ahora se encuentran con una parte de su propio partido que no entiende el viraje, porque nunca les han explicado que lo que se obró en los tribunales fue injusto. 

En un lugar o en otro, negociando en Waterloo o sentenciando en Estrasburgo, la verdad aflorará. Ya verán entonces cuánta gente se apunta a ella, cuando sea mainstream. Esos que no saben que ser valiente no es cuestión de suerte.