García-Page y el dilema del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia

En el discurso de investidura ante las Cortes regionales, el 2 de julio de 2019, afirmó García-Page que “los tres principios elementales que iban a atravesar el proyecto que planteaba” serían “acuerdo, cumplimiento y transparencia”. En su intervención precisó que su programa era como “un contrato con la ciudadanía”, que estaba dispuesto “no solo a cumplir, sino a superar”.

Pues bien, atendiendo esos principios y al compromiso adquirido ante la ciudadanía, vamos a comparar el discurso del presidente con las actuaciones que viene desarrollando el gobierno de Castilla-La Mancha, en materia de transporte por ferrocarril; porque como apuntó García-Page “para comprender... la sensibilidad de un gobierno hay que mirar sus políticas”.

Durante la exposición del programa, se refirió el presidente al ferrocarril como “una de las infraestructuras esenciales”, señalando la necesidad de “electrificación de todas las vías”, porque para avanzar había “que dar ese salto”.

La razonable exigencia que planteaba en su programa, García-Page, no solo era coherente con la postura que había venido manteniendo, siendo consejero de transportes y como líder de la oposición, sino que además anticipaba el contenido de la Decisión de la Unión Europea, que declaró el Año 2021 como Europeo del Ferrocarril.

Con esa declaración, el Parlamento Europeo y el Consejo no planteaban un nostálgico recuerdo del pasado, sino que miraban hacia el futuro. Europa con la Decisión aspiraba “transformar la economía de la Unió... ( que) el 75 % del transporte... que ahora se realiza por carretera (pase)... al ferrocarril”. Su objetivo era promover que los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, lleven a cabo la “modernización y renovación de las líneas regionales infrautilizadas, para lograr un bajo impacto ecológico y favorecer la cohesión social y económica”.

El proyecto europeo tenía coincidencias con lo expuesto en 2019 por García-Page, sobre la sostenibilidad de Castilla-La Mancha, mediante la “electrificación de todas las vías”, porque no quería “que nadie entre en conflicto ni en agravio”. Es decir, el presidente era plenamente consciente de que si en vez de electrificar todas las vías, llevaba a cabo la eliminación de una línea férrea, ocasionaría conflictos por parte de quienes se sintieran agraviados.

Pues bien, esta fatal predicción de García-Page se ha cumplido. ADIF ha provocado el agravio y ocasionado el conflicto, con la complicidad del vicepresidente del gobierno regional. La empresa pública, pretende que el gobierno regional acepte el desmantelamiento del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, víctima del abandono y del ineficaz mantenimiento, por parte de ADIF.

Para llevar adelante su estrategia, los promotores de la destrucción no tienen el menor inconveniente en intoxicar a la opinión pública de forma grotesca, hablando de planes fantásticos (altas velocidades recorriendo toda la región). Su mayor falacia es que afirman que el ferrocarril convencional no es el futuro, justo el año en que ADIF destina al ferrocarril convencional un presupuesto histórico, superior al que destina a la Alta velocidad. Pero es que además, quienes defienden destruir el ferrocarril convencional en una provincia, están invirtiendo en otra, para la modernización de la línea Brazatortas-Guadalemuz (Ciudad Real), con cofinanciación de los Fondos Europeos (54.44 millones€), para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible.

A nadie debe extrañar, por tanto, que las personas de la provincia de Cuenca, que residen en pueblos por los que debería parar el ferrocarril, se sientan agraviadas, se organicen y protesten, como han hecho los firmantes del Manifiesto de la asociación Pueblos con el Tren.

En vista de los hechos, es obvio que el conflicto creado por ADIF coloca al presidente de Castilla-La Mancha ante un dilema. García-Page debe optar entre si cumple, por “decencia y coherencia”, con el compromiso adquirido ante la ciudadanía; lo que implica favorecer el avance de la región mediante la electrificación de todas las vías, repartiendo los fondos estatales y de recuperación europeos recibidos, de acuerdo con el criterio de despoblación, para que haya cohesión y justicia.

O bien, prefiere no cumplir su contrato con la ciudadanía, que no se distribuyan en la región los fondos estatales y europeos, de acuerdo con el criterio de despoblación, y consiente la estrategia de ADIF de destrucción de la línea Madrid-Cuenca-Valencia. Esta opción de incumplir el programa, tiene el incentivo -quizá algo indecente- de que perjudicando a la provincia más atrasada de la región, aumenta su despoblación, con lo que Castilla-La Mancha recibirá más fondos, estatales y europeos, por mejorarán los indicadores de despoblación, tan importantes en el nuevo modelo de financiación.

Por lo tanto, la cuestión que quizá García-Page se deba plantear es ¿conviene ser sensible y cumplir el contrato con la ciudadanía, o es preferible prescindir de los principios y admitir la destrucción de la línea de ferrocarril, porque redundará en que la región recabe más fondos?