Acusan de corrupción a Justicia mexicana por condena millonaria a periodista

El periodista mexicano Sergio Aguayo y distintas ONGs han acusado hoy, jueves, de corrupción al Poder Judicial de México por la condena a pagar 10 millones de pesos, unos 535.000 dólares, dictada contra este informador por “daño moral” causado a un ex gobernador provincial a quien tachó de corrupto en un artículo de opinión.

Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el recurso de amparo presentado por Aguayo contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, por considerar que la condena a la reparación del daño moral al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, puede constituir una violación de la libertad de expresión.

“El anuncio de la SCJN es una liberación de la mazmorra en que se ha convertido el Poder Judicial en la Ciudad de México”, dijo este jueves vía telefónica Aguayo, desde Madrid, donde se encuentra en viaje académico.

El periodista agregó que, hasta el momento, de nada han servido sus acciones “porque el Poder Judicial de la capital mexicana seguía fallando en mi contra y acosándome, mostrando la existencia de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados con el demandante (Humberto Moreira)”.

“Estamos ante un acoso judicial pocas veces visto en más de 25 años de trayectoria de litigio”, dijo el abogado Héctor Beristain, defensor de Aguayo, quien destacó que la multa impuesta es mucho mayor a la que se establece en caso de abuso del derecho de libertad de expresión.

Por su parte, la representante de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que este tipo de demandas es recurrente y cada vez más frecuente por parte de autoridades públicas.

“El único fin que busca es inhibir la actividad periodística”, apuntó y dijo que la sentencia contra Aguayo “es un claro ejemplo de cómo opera la corrupción en el Poder Judicial”.

En su turno, el representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Jan Albert Hootsein, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocer el escenario de violencia, censura y acoso que sufren los periodistas en México y que empeora cada año.

El caso de Aguayo ha trascendido más allá de México y, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando ya hubo una primera sentencia millonaria -que fue apelada- contra el periodista, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró “exorbitante y desproporcionada” la cifra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó también su preocupación e instó a aprobar con “urgencia” el marco normativo de protección al derecho al honor y la reputación.

Reporteros Sin Fronteras también condenó en octubre la sentencia, en un documento firmado por CPJ y Propuesta Cívica.

“Lo que vemos es el uso pernicioso del aparato Estado mexicano, del sistema judicial, para acallar periodistas”, explicó este miércoles en entrevista con Efe, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.

EL CASO SE REMONTA A 2016

El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma, que fue reproducido en otros diarios del país, donde hablaba de la actuación el ex gobernador de Coahuila (2005-2011) Humberto Moreira.

“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió Aguayo en enero de 2016, cuando Moreira estaba encarcelado en España.

Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 2011, estaba en la cárcel acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato.

Cinco meses después, en junio de 2016, Moreira demandó a Aguayo por aquel artículo de opinión.

Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias” lo que atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.

Esta miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Humberto Moreira había sido acusado ya antes en México de enriquecimiento ilícito pero fue exonerado antes de que acabara el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012), un hecho que ya había denunciado antes presentando documentos oficiales.

En 2013, se supo que Moreira residía en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo en octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del cartel de Los Zetas.

Moreira fue detenido en España, en enero de 2016, por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la investigación el mismo 2016 al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, el mismo juez reabrió la investigación contra Moreira en 2018.