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La Alianza Cívica pide al Gobierno de Nicaragua un diálogo “genuino” ante la crisis
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó hoy al Gobierno de Nicaragua que “se comprometa a reanudar el diálogo de manera genuina”, para superar la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos desde el 18 de abril pasado.
La Alianza, compuesta por el sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos, pidió al Gobierno que “se comprometa a reanudar el diálogo de manera genuina sobre la agenda de democratización del país”, en un comunicado.
El diálogo nacional fue suspendido la semana pasada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que sirve como mediadora, debido a que el Gobierno se negó a tocar el tema de la “democratización”.
La “democratización” contempla la salida del presidente Daniel Ortega por la vía legal, ante el descontento generalizado en la población nicaragüense, a causa del resultado fatídico de la represión gubernamental.
En un comunicado emitido tras la suspensión del diálogo, el Gobierno sostuvo que no dialogará mientras sus exigencias no sean cumplidas, como son el levantamiento de los bloqueos en las carreteras o “tranques”, por parte de los manifestantes.
“Hasta ahora el Gobierno no ha cumplido con dos condiciones básicas para dialogar, como son el cese de la represión y el desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales”, respondió la Alianza al respecto.
En el documento emitido este domingo, la Alianza acusó al Gobierno de “bloquear el diálogo mediante una estrategia dilatoria, criminalizando las protestas, e ignorando las causas profundas que las provocan”, y mostró su disposición a abogar por la flexibilización de los bloqueos si abordan de una vez la “democratización” de Nicaragua.
La CEN garantizó la reanudación del diálogo una vez que las partes se pongan de acuerdo en la agenda a discutir.
La crisis que atraviesa Nicaragua inició el 18 de abril pasado con protestas ante medidas de seguridad social firmadas por Ortega, y que continuaron a pesar de ser derogadas, debido a las muertes causadas por la represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos” y urgió “el cese de inmediato la represión de la protesta social”.
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