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La Fiscalía cruza el punto de no retorno en el ‘caso Urdangarin’ con su petición de fianza millonaria

Anticorrupción formaliza hoy su solicitud para que el duque y su exsocio devuelvan todo el dinero público cobrado y afronten el pago solidario de 8,18 millones de euros o el embargo de sus bienes

El paso dado por el ministerio público aleja la posibilidad de pacto y acerca el juicio por graves delitos de corrupción

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La solicitud que la Fiscalía Anticorrupción formalizará hoy para que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres depositen una fianza civil de 8,18 millones de euros -todo el dinero público cobrado por Instituto Nóos, más un tercio de penalización- marca un punto de no retorno. De haber accedido a resarcir a la Administración devolviendo por iniciativa propia los 6,1 millones que fluyeron desde las arcas públicas hacia la trama de Urdangarin y Torres, su futuro procesal aparecería hoy menos negro.

Sin colaboración con la justicia –ni dinero reintegrado ni pistas sobre el los fondos enviados presuntamente a Suiza y Luxemburgo-, se perfila mucho más lejana la hipótesis sobre la que más se ha especulado en el último año: la de un pacto que, aun a costa de Diego Torres, dulcificara la situación del duque de Palma y le librase del banquillo o, cuando menos, del riesgo de una severa condena de cárcel por corrupción. Los delitos que hasta la fecha imputa el juez a Urdangarin y su exsocio son blanqueo, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación y malversación como cooperador necesario.

La Fiscalía sostiene que Instituto Nóos, la asociación que con Urdangarin al timón navegó viento en popa gracias a carísimas y cortísimas jornadas institucionales sobre turismo y deporte, jamás fue una ONG sino la cabeza de puente de una trama societaria nutrida con fondos públicos. Una tapadera -o "cobertura"- que captó millones de la Generalitat valenciana y el Govern balear mediante convenios de colaboración vedados a las sociedades mercantiles.

En resumen, el ministerio público mantiene que, al aparecer como capitanes de una asociación altruista sin aparente ánimo de lucro, el marido de Cristina de Borbón y su antiguo profesor de Esade buscaban única y exclusivamente lucrarse mediante contratos a dedo. La acusación popular, ejercida por el colectivo Manos Limpias, secundará a la Fiscalía con otro escrito de solicitud de fianza casi idéntico.

El impacto económico de la fianza solicitada resulta por sí mismo formidable: cada uno de los dos imputados se arriesga al embargo de sus respectivos bienes y los de sus empresas, entre ellos el palacete de Pedralbes. El embargo se aplicará si no reúnen dinero o avales bancarios por 8.189.448 euros, que es el importe exacto de la caución solicitada. La aportación de cada uno de los dos imputados no tiene por qué ser paritaria. Por ejemplo, si uno de ellos solo pudiese afrontar con dinero, avales o bienes embargables el 20% o el 30% del total, el otro se vería obligado a hacerse cargo del 70% o 80% restante. Si se produce el embargo, cualquier hipotética venta del palacete de Pedralbes, residencia familiar de los duques de Palma, quedará bloqueada, porque el embargo afectará a la mitad que posee Urdangarin.

Pero la petición de la Fiscalía posee un segundo efecto aún más demoledor. Porque el juez del caso, José Castro, deberá pronunciarse sobre esa petición de fianza y, si la acepta, lo hará en un auto que necesariamente ha de incluir un relato de hechos, y los hechos no dejan en buen lugar al duque de Palma. Aunque no de manera formal, con ese auto comenzará la verdadera cuenta atrás hacia un juicio que hace un año parecía inverosímil, dada la posición familiar de Iñaki Urdangarin.

Es seguro que las defensas de Urdangarin y Torres recurrirán el auto del juez Castro si este accede, como ha hecho desde que estalló el escándalo, a la petición de la Fiscalía. Anoche, el abogado del duque de Palma calificó de "exagerada" la cifra planteada por Anticorrupción, que en su escrito se cura en salud por si la Audiencia de Palma tumbase su solicitud original: en previsión de un más que seguro recurso de las defensas, la Fiscalía enumera las facturas falsas endosadas por Instituto Nóos a la Generalitat valenciana y el Govern balear. Y lo hace para que, subsidiariamente, su importe –alrededor de tres millones- sirva para cuantificar la fianza. En ese caso, la caución no llegaría a cinco millones.

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