Justicia plantea mediadores para proteger a menores con padres en conflicto

El Ministerio de Justicia ha propuesto hoy a las comunidades autónomas la puesta en marcha de un programa piloto de “coordinadores de parentalidad”, mediadores que protegen a los menores en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación de sus progenitores.

La iniciativa se ha planteado en la primera conferencia sectorial de Justicia que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, con los responsables de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.

No han participado representantes de Cataluña y los responsables de comunidades gobernadas por el PP han criticado antes de la cita la “parálisis” que atraviesa el departamento que dirige Delgado.

Según explica el Ministerio en un comunicado, la figura del “coordinador de parentalidad” se concibe como un “mediador amigable” para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño.

Proyectos similares ya están funcionando en Aragón y Cataluña y en otros países y la propuesta es extender el programa a todo el territorio nacional.

Al margen de esta cuestión, en la reunión, que se ha prolongado durante cuatro horas, se ha analizado la situación de los juzgados especializados en tramitar las demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas y varias comunidades han mostrado su preocupación por la falta de medios para gestionar el alto volumen de casos que se plantean.

Han alertado además de que la saturación puede trasladarse a las salas de apelación de las audiencias provinciales, explica el Ministerio, que señala que trabajará junto al Consejo General del Poder Judicial y las comunidades para buscar “nuevas fórmulas que tengan en cuenta el esfuerzo presupuestario” que se está realizando para reforzar los medios humanos y materiales.

Por otro lado, el Ministerio ha explicado a las comunidades las medidas que están sobre la mesa para que los trabajadores de la administración de justicia recuperen licencias y permisos perdidos con los recortes de 2012, al igual que el resto de funcionarios, y ha anunciado la puesta en marcha de un plan de calidad de las oficinas judiciales y fiscales.

Según Justicia, la oficina judicial -sistema organizativo diseñado para mejorar el trabajo de los juzgados- entrará en funcionamiento antes de final de año en otros 35 partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio es competente y que cuentan con un único juzgado.

La oficina fiscal se pondrá en marcha en las 31 fiscalías dependientes de Justicia en las que todavía no funciona este nuevo modelo de organización.

Antes de la reunión, el PP ha denunciado el “caos que sufre la Justicia” con una ministra a la que ve en “situación crítica”, envuelta en la polémica tras la difusión de conversaciones grabadas en una comida que compartió en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo.

Los responsables de Justicia de las comunidades gobernadas por el PP mantuvieron una reunión previa a la sectorial en la sede nacional del partido y en un comunicado, el secretario de Política Autonómica de los populares, Juan José Matarí, ha criticado la convocatoria de una conferencia “con temas de segundo nivel, poca repercusión en la gestión y nula financiación para las comunidades”.

La consejera de Justicia de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha hecho públicas estas críticas a su llegada a la sede del Ministerio, al sentirse, ha dicho, como “una figurante” de un departamento que quiere dar “una sensación de normalidad que no existe”.