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Opositores arremeten contra la Ley de Seguridad durante una protesta en Managua

EFE

Managua —

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Diputados liberales de Nicaragua rechazaron hoy durante una protesta la recientemente aprobada Ley de Seguridad Soberana, que según la oposición vulnera las garantías individuales.

“Esa ley es a todas luces represiva, que lo que intenta es sofocar la manifestación ciudadana, incluyendo las manifestaciones del Partido Liberal Independiente (PLI) por elecciones libres y transparentes”, dijo a Efe el diputado Luis Callejas.

Mientras la oposición se manifestaba hoy frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), para exigir elecciones limpias en 2016, en la Asamblea Nacional se discutía y avalaba cada uno de los artículos de la Ley, que fue aprobada en definitiva.

Dicha Ley, propuesta a finales de octubre por el Ejecutivo, ya había sido aprobada el martes en primera instancia con el apoyo de los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados.

Callejas justificó su ausencia en el Parlamento hoy, cuando se discutía la Ley, por considerar que su aprobación “es un mandato” que viene de la casa presidencial.

“No hubiésemos podido hacer nada para evitar que fuese aprobada, desde el proceso de consulta evitaron que nosotros invitáramos a otras personas no allegadas al oficialismo para que dieran su opinión con respecto a esta Ley y no quisieron escucharnos”, sostuvo.

El opositor dijo que “esta es una Ley que viene empacada y preparada para reprimir al pueblo nicaragüense”.

El también diputado del PLI Pedro Joaquín Chamorro consideró “una barbaridad” la aprobación de la Ley, debido a que “le da una discrecionalidad enorme al poder Ejecutivo para aplicar un régimen de excepción en Nicaragua”.

Chamorro calificó la ley como “de inseguridad ciudadana”.

La ley de Seguridad Soberana establece como “amenazas a la seguridad soberana cualquier actividad ilícita que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, y sustituye a la Ley de Seguridad Democrática.

Igualmente, los diputados condenaron el proceso judicial que enfrenta el concejal liberal Omar Lola, acusado de homicidio en grado de frustración y amenazas durante las marchas de los “miércoles de protesta”, en las que cada semana la oposición pide transparencia electoral para 2016.

Lola, junto con otros tres acusados, permaneció en prisión preventiva desde el pasado 17 de noviembre, y ayer se le determinó libertad condicional mientras se da la primera audiencia, reprogramada para el 31 de marzo de 2016.

“Desde el inicio fue una detención ilegal, lo desaparecieron por 72 horas, el Ministerio Público interpuso una queja ante el juez por homicidio en grado de frustración solo por sostener una faja para defenderse”, sostuvo el diputado opositor Javier Vallejo.

Con los mismos cargos es acusado el miembro de la Juventud de la opositora Coalición Nacional por la Democracia, Pedro Ortiz.

Asimismo, son acusados de los delitos de robo agravado en perjuicio de periodistas el representante de la Resistencia Juvenil por la Democracia Nacional (Rejudin) Jairo Contreras y el líder de la Fundación Forjando el Futuro de Nicaragua (Forfunic) David Campos.

En la manifestación se ondearon banderas de Nicaragua y del PLI, y se escucharon consignas como “Ortega y Somoza son la misma cosa” y “Democracia si, dictadura no”.

El CSE es acusado por la oposición de alterar los resultados de las elecciones municipales de 2008 y las presidenciales de 2011 a favor del FSLN.

En noviembre de 2016, Nicaragua elegirá a su presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

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