El Gobierno alargará los plazos para denunciar los abusos a menores y sopesa que el delito no prescriba
El Gobierno está decidido a ampliar el margen temporal para que los culpables de delitos de pederastia puedan ser castigados. El Ejecutivo socialista trabaja en una reforma legislativa con la que pretende alargar los plazos de prescripción para los delitos relacionados con los abusos sexuales a menores. El objetivo es que las víctimas tengan más tiempo para denunciar los hechos, dada la dificultad y el tiempo que supone asumirlos, según explican fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Justicia trabaja en ese cambio normativo con tres posibilidades sobre la mesa para ampliar los márgenes de persecución de la pederastia. Una es que los plazos para la prescripción del delito echen a andar cuando la víctima cumple los 30 años frente a los 18 en los que fija ahora el Código Penal.
Ese es el mandato que salió del Congreso el pasado 26 de septiembre, cuando una proposición no de ley en ese sentido fue aprobada por unanimidad. La propuesta de ERC instaba al Gobierno también a impulsar acciones para prevenir los casos de abuso y agresión sexual así como la incorporación en los presupuestos para atender a esas víctimas.
El Gobierno estudia ir un paso más allá. Las otras dos opciones son modificar la ley para que los plazos de prescripción se computen desde el día en el que la víctima haya cumplido los 50 años o incluir la pederastia en el reducido paquete de tipos delictivos que no caducan nunca, como los de lesa humanidad, el genocidio, los delitos contra las personas y bienes en conflictos armados y los actos terroristas cuando causen la muerte.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, comunicó al Vaticano su intención de reformar el Código Penal para impedir que la pederastia prescriba en la reunión que mantuvo esta misma semana. La alusión de la vicepresidenta se produjo en la conversación a propósito de los casos que se han conocido en la Iglesia y fue el primer anuncio oficial del Gobierno en esa materia más allá del compromiso de Pedro Sánchez con el pianista James Rhodes, que es una víctima de abusos en su infancia.
Una de las reclamaciones de las víctimas es que se amplíe la edad a partir de la que empiezan a correr los plazos de prescripción ya que, en muchos casos, el delito caduca cuando quien lo han sufrido decide dar el paso de denunciar. El Gobierno es consciente de que los abusos en la infancia conllevan un tiempo para ser asumidos y quiere ampliar el margen más allá de los 18 años actuales.
Actualmente, ese tipo de conductas delictivas caducan para su investigación judicial entre cinco y quince años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Es decir, que el tope que tiene para denunciar se sitúa en los 33 años si se trata de una agresión sexual con penetración, mientras que los abusos más habituales –como los tocamientos– caducan cuando la persona que los ha sufrido cumple 28. “Yo no hablé hasta que tenía 31 años. Si lo hubiese hecho en España, no habría pasado nada”, expresó Rhodes en un acto organizado por Save The Children en 2016.
La ONG lanzó una campaña que recogía testimonios de víctimas de abusos e incluía los que demuestran que el miedo o la vergüenza que dilatan las denuncias pueden hacer que los agresores salgan impunes. Es el caso de Emiliano, de quien abusó sexualmente un sacerdote en el colegio en el que estaba interno. Eso sucedió cuando tenía 10 años y no lo “verbalizó” hasta que cumplió 50.
Otro de los casos que recopila la campaña 'Rompiendo el silencio' es el de Gloria, que fue competidora olímpica de gimnasia en Moscú con 15 años, cuando llevaba sufriendo abusos por parte de su entrenador. “Durante 30 años no habló de lo que le había sucedido con nadie. Cuando encontró la fuerza de contarlo los delitos ya habían prescrito, ya que habían pasado 20 años. Decidió denunciarle igualmente para proteger a todos los niños y niñas que siguen entrenando con su abusador y evitar que la historia se repita”, relata a Save The Children.
El Gobierno pretende que el cambio normativo impida situaciones como las de Emiliano y Gloria, aunque el primer caso quedaría también fuera de la actuación de la Justicia si el Ejecutivo cumple estrictamente el pronunciamiento del Congreso. Además, en ningún caso la modificación del Código Penal, que aún está en fase de estudio, porque no tendrá efectos retroactivos, es decir, que solo afectarían a los agresores que cometan el delito una vez que la nueva norma esté en vigor, según confirman fuentes de Justicia.
