El Supremo ve “insuficientes” las pruebas de la mujer belga para la paternidad del Rey

El Tribunal Supremo considera “insuficientes” los medios de prueba presentados por la ciudadana belga Ingrid Sartieau para aceptar su demanda de paternidad contra el Rey Juan Carlos, pero si suficientes para haberla admitido a trámite.

Así se recoge en el auto hecho público esta tarde por el alto tribunal sobre esta decisión, anunciada el pasado 14 de enero tras la reunión de los doce magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo en la que estimaron la admisión a trámite de esta demanda y rechazaron la presentada por el ciudadano español Albert Solá.

El auto explica que Ingrid Sartieau presentó como prueba de su demanda un acta notarial que refleja las declaraciones de su madre “sobre algunas circunstancias de lugar y tiempo de la afirmada relación sexual esporádica que produjo la concepción”, así como “la afirmación de algunos contactos con personas de las que se dice son parientes” de Don Juan Carlos.

“No hay duda de que tales medios de prueba serían hoy insuficientes para la estimación de la demanda”, explica el Supremo, y de hecho “así lo admite la propia demandante”.

Sin embargo, añade el auto, de acuerdo con la jurisprudencia “constituyen un principio de prueba bastante para la admisión a trámite de la demanda”.

La Sala de lo Civil del Supremo se basa en su propia doctrina sobre el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer “un requisito de procedibilidad” destinado a preservar la seriedad de este tipo de procesos que contribuya a “conferir el sustento fáctico de la petición, credibilidad y verosimilitud, aunque luego no prospere la demanda”.

El alto tribunal consideró también que en este momento procesal, en el que no se había dado audiencia al Rey, su inviolabilidad no debe impedir la admisión a trámite de la demanda.

El Tribunal Supremo rechazó la demanda de paternidad que el ciudadano español Albert Solá también presentó contra el rey Juan Carlos porque no aportaba una prueba de ADN, ocultaba datos voluntariamente y contenía alegaciones que carecen de soporte documental seguro.